Macri convocaría a los gobernadores por el presupuesto 2019
El PJ va por un “ajuste federal”
Con impuestos nacionales se pagan servicios de justicia y agua o subsidios al transporte y la energía que benefician en exclusivo el Area Metropolitana Buenos Aires. El peronismo plantea “transferir” esos costos a Rodríguez Larreta y Vidal.
Redacción de El Litoral
Los gobernadores del peronismo le plantearán al gobierno nacional su propia versión del ajuste. Saben que serán citados en los próximos días por la Casa Rosada y hasta allí llevarán una iniciativa para transferir Edenor, Edesur, la Justicia Ordinaria de la ciudad de Buenos Aires y los costos del transporte del conurbano a los distritos administrados por Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.
En los números que vienen manejando los ministros de las provincias por iniciativa cordobesa, hay allí en juego unos $ 80 mil millones que se pagan entre todos los argentinos y benefician a un sector concentrado del país.
El “ahorro” nacional por la transferencia de Aysa al área metropolitana que comparten Larreta y Vidal sería de $ 15.268 millones; el traspaso de la justicia ordinaria a la ciudad de Buenos Aires unos $ 5.506 millones y los subsidios al transporte de ambos distritos $ 49.210 millones (0,39 % del PBI). Además las prestaciones de gendarmería en capital y conurbano tienen un costo de unos $ 10.024 millones más.
María Eugenia Vidal ha reaccionado sumando a su resistencia a los intendentes peronistas de Buenos Aires. Menos argumentos tendrá Horacio Rodríguez Larreta, beneficiario privilegiado de los decretos de Macri para obras públicas, que constituyen otro de las capítulos centrales del “recorte” que viene.
El martes pasado, en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, Gustavo Bordet recibió a sus pares Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y a los jefes de los bloques peronistas en Diputados y el Senado, Pablo Kosiner y Miguel Pichetto. Buscarán una estrategia en común del peronismo federal y el massismo de cara a la discusión del presupuesto 2019.
La Casa Rosada tiene a favor del acuerdo legislativo un argumento por defecto. Si no hay nueva ley, el presidente quedará en condiciones de sumar discrecionalidad a las partidas que maneje con el presupuesto del año anterior, tal como es legal y de uso.
Macri plantea que recortará las transferencias no automáticas a las provincias por el equivalente a 0,6 % del PBI (74 % de la partida anual) lo que supone “transferir” costos a gobernadores en gastos de educación, salud, asistencia social, vivienda, agua potable y transporte. Eso y un indeterminado recorte en obras públicas que afectará aún el clima socioeconómico en cada distrito, por lo que los gobernadores -obligados a negociar para no padecer aún más- llevarán su propia versión del ajuste a la mesa de negociaciones.
Alta presión
Los gobernadores quieren revisar el pacto fiscal que los obliga a reducir ingresos brutos. En realidad hubo 14 distritos que los subieron, según se encargó de recordar Angel Rozas durante el informe de Peña al Senado. Además
el gobierno nacional jugó una carta de presión a los mandatarios: adelantará por 2 años el mínimo no imponible en contribuciones patronales, que aliviará a las Pymes comerciales en el costo de cargas sociales.
Pero lo hará sólo en aquellas provincias cuyas alícuotas de Ingresos Brutos para comercio minorista no supere el 3 % en 2018, con lo que sólo habría beneficios para empleadores en Corrientes (2,9 %), Catamarca (3 %) y San Juan (3 %).
Dujovne informa
El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, informará el miércoles próximo a la comisión bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda sobre las condiciones del stand by por U$S 50 mil millones del FMI. Marcos Peña ratificó ayer ante el Senado que “no hay ningún condicionante; lo que hay es la presentación de un programa económico con una meta fiscal para este año y el siguiente”. Dijo que los 354 despidos no están vinculados “en ningún modo” con el crédito.
