Proyecto clave para el control directo

Gramajo estudia cómo calificar las faltas de defensores y fiscales

Se despeja el camino para que la Legislatura pueda ejercer su facultad de revisar las conductas en Acusación y Defensa. La iniciativa que se presentará en el Senado habla de tres niveles.

Luis Rodrigo

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El presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, Joaquín Gramajo, dijo a El Litoral que redacta un proyecto de ley “para perfeccionar” las reformas a las leyes 13.013 y 13.014, que rigen el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

Además de necesitar de un reglamento para resolver los procesos contra fiscales y defensores, el legislador entiende que la Legislatura debería contar con unas pautas más precisas para meritar “el tipo de faltas” cometidas por ambos actores del sistema penal.

Para el senador justicialista por 9 de Julio la solución es crear tres categorías de faltas: “las leves, las graves, y las gravísimas”. Las primeras no deberían ser consideradas por los legisladores sino giradas a las propias autoridades de ambos órganos del proceso penal. Se ubicarían allí, los fiscales y defensores acusados de no cumplir en ocasiones con su horario de trabajo, de no ser todo lo eficientes que se espera de ellos o de cometer errores menores en su labor.

Son las situaciones en las que bastaría una reprimenda de un superior para que las cosas retomen su cauce normal, y por eso se opta por el control interno.

Un adjetivo superlativo

En cambio, las faltas graves sí deberían ser consideradas por los legisladores y por su carácter podrían terminar en una medida dura sobre los integrantes de la Acusación y la Defensa pero no serían suficientes como para su destitución. La sanción para una falta grave podría terminar, por ejemplo, en una suspensión por hasta un año.

Por último, las “faltas gravísimas” de ser probadas en el proceso que seguirán los legisladores deberían ser resueltas con la expulsión del cargo de fiscal o defensor. Tipificar cuáles son esas inconductas es la principal preocupación del senador respecto de su proyecto de ley. Pone como ejemplo el caso del fiscal al que se le aceptó la renuncia por haber intervenido ilegalmente el teléfono de su ex pareja, o imagina situaciones con abusos del poder que no dejen lugar a dudas. Se trata de identificar los casos en los que no se puede admitir ninguna discusión sobre la gravedad de la falta. Y cuyo remedio es apartar a esa persona del cargo antes otorgado -también- por la Legislatura.

Gramajo recordó que en cualquiera de los tres casos, siempre los procesos garantizarán, como marcan la ley y la Constitución, la garantía del derecho a la legítima defensa de los involucrados (tal como ocurrió con el ex defensor general Gabriel Ganón, y el ex fiscal regional de Reconquista Eladio García) que contaron con el debido proceso, explicó.

Expedientes

Hoy más de 60 expedientes respecto del desempeño de los fiscales -y de algunos defensores- se acumulan en la Comisión Bicameral de la Asamblea Legislativa.

La idea de Gramajo es que antes de que la Bicameral estudie cada caso, los asesores legales dividan según esas tres escalas los expedientes. Esa primera calificación podría aliviar la labor de los integrantes de la comisión que -además de su presidente- integran los senadores Rodrigo Borla (UCR-San justo), Alcides Calvo (PJ-Castellanos) y Rubén Pirola (PJ-Las Colonias); y los diputados Alicia Gutiérrez (SI- Frente Progresista), Patricia Tepp (UCR), Gabriel Real (PDP), Julián Galdeano (UCR), María Vucasovich (Cambiemos), Julio Eggimann (PJ) y Leandro Busatto (PJ).