8 mil millones de pesos

Citan a juicio a Cristóbal López, De Sousa y Echegaray por fraude

Es el mayor caso de presunta defraudación a la administración pública, vinculada al impuesto a la transferencia de combustibles por parte de Oil.

Redacción de El Litoral

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Con la firma de sus tres jueces, el Tribunal Oral Federal 3 inició el proceso para juzgar el supuesto fraude al Estado por parte de la petrolera Oil Combustibles, de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Ese primer paso consiste en la notificación a las defensas de los acusados -empezando por el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray, apuntado como el máximo responsable desde la administración pública por haber facilitado la maniobra- para que examinen el expediente y presenten pruebas, en un plazo de diez días. Luego podrá establecerse una fecha de inicio para las audiencias públicas.

Los miembros del TOF3, Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso, serán quienes escuchen los argumentos de la querella -a través del abogado del organismo recaudador-, del fiscal y de las defensas de todos los acusados, para después decidir si los dueños del Grupo Indalo son o no culpables por el mayor caso de defraudación a la administración pública, por la falta de pago de 8.000 millones de pesos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles por parte de Oil, la firma insignia de López que ahora está quebrada tras la decisión de la Justicia comercial.

Los dueños del Grupo Indalo están presos en el marco de esta causa, por la que deberán enfrentar junto a Echegaray la próxima instancia en la Justicia.

Cristóbal López está acusado de haber defraudado al Estado en 8.000 millones de pesos durante el último gobierno de Cristina Kirchner por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con Oil Combustibles, la petrolera que hoy está quebrada. Así generó una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaba los fondos que no le pagaba a la Afip para financiar y ampliar su conglomerado empresarial.

Con este telón de fondo, la Justicia sostiene que los empresarios K se dedicaron de manera sistemática y constante a “llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”. Hay más. Estos empresarios amigos fueron engranajes en la etapa siguiente: la del “reciclaje de activos”. Así, se “retornó una porción de lo sustraído” al Estado, como es el caso de López a la Afip, mientras era inquilino de Cristina Kirchner y adquiría medios de comunicación “funcionales al gobierno” kirchnerista.

En este contexto se ubica la maniobra de corrupción por la cual desde la Afip, sus funcionarios y sobre todo quien era su principal autoridad, Ricardo Echegaray, “defraudaron al Estado” en beneficio de López y De Sousa.

Por ello, el juez Ercolini explicó que durante la instrucción la participación de los acusados “quedó corroborada”, y en consecuencia existe “la necesidad imperiosa de que se desarrolle el juicio oral y público, en el que se debatirá con más amplitud la prueba colectada, y producirá el cierre definitivo de la pesquisa”.

Según el juez Ercolini que los envió a juicio oral a López, De Sousa y Echegaray, de los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses. Así, la elevación a juicio oral se basa en la confirmación de la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la Afip”, donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la “sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado”.