Insólita disputa entre magistrados

Lula quedó preso en la trama judicial brasileña

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El expresidente no recuperó la libertad que viene reclamando a través de varios “habeas corpus”

Foto: Archivo El Litoral

 

Pau Ramírez

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Xinhua

Brasil recuperó su intensa y siempre polémica actividad política con el anuncio conocido ayer por la mañana de un “habeas corpus” concedido al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien cumple una condena de doce años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En pleno domingo, con el Congreso y el Poder Judicial de vacaciones y cuando el país todavía no se recupera de la eliminación de la selección de fútbol en el Mundial de Rusia, tras acaparar toda la atención durante el último mes, el anuncio de la libertad de Lula fue una bomba informativa que sacudió todos los rincones del país y exaltó tanto a sus partidarios como a sus detractores.

Un juez federal de segunda instancia, Rogerio Favreto, quien estaba ayer de guardia, provocó un auténtico terremoto político en Brasil al anunciar que aceptaba el pedido presentado el viernes por tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT) para dejar en libertad a Lula.

“Que se cumpla en régimen de URGENCIA en esta fecha mediante la presentación del documento de libertad o de esta orden a cualquier autoridad policial presente en la sede de la cárcel de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde se encuentra recluso el interno”, aseguró Favreto en su sentencia.

Favreto es uno de los jueces del Tribunal Federal Regional de la 4a Región (TRF-4), que actúa como corte de apelaciones en el caso Lava Jato, la gran red de corruptelas alrededor de la petrolera estatal Petrobras.

Afiliado entre 1991 y 2010 al PT, el partido de Lula, Favreto es uno de los jueces más críticos con el magistrado federal Sergio Moro, responsable en primera instancia del caso Petrobras. Según la prensa brasileña, sólo dejó de ser militante del PT cuando fue nombrado juez del TRF-4 por la entonces presidenta Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la Presidencia y de la misma formación.

Tras conocer la decisión de Favreto, el propio Sergio Moro, pese a estar de vacaciones (todo el Poder Judicial brasileño está de vacaciones el mes de julio), reaccionó rápidamente asegurando en un comunicado que Favreto no tenía “competencia” para decretar la libertad de Lula.

Por su parte, el Ministerio Público Federal pidió que la decisión fuera “reconsiderada” y posteriormente, el juez instructor del caso en segunda instancia, Joao Pedro Gebran Neto, determinó que Lula continuara preso. Cuando parecía que todo acabaría ahí, Favreto volvió a la carga por la tarde con un nuevo “habeas corpus” para dejar Lula en libertad.

Analistas y expertos en leyes de todo Brasil iniciaron un amplio debate sobre la capacidad de Favreto de poder conceder la libertad del exmandatario, y las posibles consecuencias. En las redes sociales, partidarios y detractores del expresidente también comentaron enérgicamente las decisiones que iban conociéndose durante la jornada de ayer.

Ante la incertidumbre de si la orden para soltar Lula llegaría a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba (sur de Brasil), donde está preso el exmandatario, el presidente del TRF-4, el juez Carlos Eduardo Thompson Flores, determinó finalmente que Lula continúe preso, poniendo fin a la incertidumbre.

La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, emitió ayer a la tarde un comunicado en el que no se pronunció sobre el caso, pero reiteró que la Justicia brasileña es “impersonal” y que los ritos del Poder Judicial deben ser “respetados”.

Según Lúcia, la democracia brasileña es “segura” y los órganos judiciales competentes de cada región deben “actuar para garantizar que la respuesta judicial sea ofrecida con rapidez y sin romper la jerarquía”.

Expresión política

Por su parte, el PT se pronunció con un discurso de la presidenta de la formación, la senadora Gleisi Hoffmann, en la que criticó duramente a la Policía Federal por haber tardado en cumplir la resolución de Favreto, al juez Sérgio Moro y al presidente del TRF-4, por no haber acatado la decisión de liberar a Lula.

Lo cierto es que la polémica de hoy podría entenderse como el pistoletazo de salida de cara a las elecciones presidenciales del 7 de octubre, cuya gran incógnita es saber si Lula podrá ser candidato o no.

El exmandatario, precandidato del PT, lidera con mucha ventaja todos los sondeos, aunque según la ley brasileña, una persona condenada en segunda instancia, como es su caso, no puede presentarse a un cargo público.

Lula, de 72 años, fue condenado el año pasado por el juez Moro a nueve años y medio de prisión por haber recibido supuestamente un apartamento en el litoral del estado de Sao Paulo por parte de la constructora OAS a cambio de favorecerla con contratos con Petrobras, algo que el exmandatario niega.

Tras presentar un recurso, el TRF-4 aumentó en enero la condena a doce años y un mes de prisión, que Lula empezó a cumplir el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur del país), donde dispone de una celda especial de 15 metros cuadrados, con cama, mesa y baño personal, tal y como prevé la ley brasileña para los expresidentes.

Desde su detención, la defensa de Lula ha presentado varios recursos para lograr su libertad, todos ellos desestimados por la Corte Suprema y el propio TRF-4.