AL MENOS DOS CASOS EN SANTA FE

La suba del dólar complica la compra de vehículos para personas con discapacidad

La reciente creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, la falta de responsables para firmar autorizaciones, las demoras en los trámites y la devaluación son algunas de las dificultades con las que se encuentra una persona con discapacidad o falta de movilidad. Frente a esta situación, comprar un auto se vuelve una ilusión tan alta como la cotización.

Rut Marega

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Le dijeron que el trámite para comprar un auto nuevo “ya salía”, le advirtieron que vender un vehículo usado se volvía cada vez más difícil, pero nadie le adelantó que el dólar subiría más de siete pesos en pocos meses. Con ese panorama, una santafesina “se apuró” a vender su vehículo, su medio de transporte, su modo de independencia. Sin embargo, el trámite no salió y la cotización de la moneda norteamericana creció más de lo estipulado.

Otra santafesina pudo pedir su auto nuevo a la concesionaria, el vehículo llegó a la aduana y allí está, a la espera de una firma. La autorización no se da por la falta de designación de un cargo político en un organismo nacional. Las dos mujeres son de la ciudad de Santa Fe y por algún tipo de discapacidad, necesitan de un vehículo para movilizarse.

En Argentina, las personas con discapacidad o dificultades de movilidad tienen la posibilidad, gracias a la ley 19.279 del año 1969 de contar con ciertos beneficios al adquirir un vehículo. Específicamente, la normativa habilita a la compra de un automóvil nacional sin pagar el impuesto al valor agregado (IVA) o en el caso de importado, exceptúa del pago del derecho de importación, de las tasas de estadística por servicio portuario, impuestos internos y del valor agregado. Aunque la ley contempla ciertos beneficios, la compra del auto debe hacerse en un único pago. No se contemplan cuotas ni plan de financiamiento.

El trámite se realizaba ante el Servicio Nacional de Rehabilitación. Sin embargo, hace menos de un año, el gobierno nacional disolvió este organismo descentralizado y creó la Agencia Nacional de Discapacidad. El área a cargo de las autorizaciones quedó sin nombramientos y con ello, varias personas con necesidad de contar con un vehículo están a la espera.

La santafesina que tiene su auto en la Aduana dialogó con El Litoral y contó que desde 1986 intenta hacer la compra con este beneficio. Sin embargo, en la década del ‘90, la polémica por la venta de vehículos con este descuento que involucró a famosos como Susana Giménez y Ricardo Darín, hizo que desistiera del trámite. “Comencé en el 2016 nuevamente con los papeles. Parece sencillo pero hay que, primero, demostrarle a la Afip que se tiene la solvencia para comprar el auto al contado y mantenerlo, hay que hacer exámenes médicos, actualización de estudios radiográficos, entrevista con asistente social, etc. En mi caso, pude pedir la unidad importada el 27 de marzo del año pasado y lo pagué en noviembre. Todos los que intervinieron en la llegada del vehículo al país y todo el papeleo que implica, cumplieron. Pero el auto está en la Aduana en Zárate a la espera de la firma de un funcionario nacional, cargo que no se designa desde diciembre de 2017”, cuenta la santafesina.

“Por si faltaba algo más, en este período venció el año de validez del trámite y hubo que solicitar prórroga si no, hay que reiniciar todo el papeleo. También, se venció la fotocopia legalizada de mi Licencia de conducir y tuve que enviar fotocopia legalizada del carné actualizado. Al día de hoy, sigo sin mi vehículo y a la espera, desesperada”, relata esta vecina de Santa Fe.

En los dos casos, la falta de un auto propio les complica el traslado, obliga a estas personas a depender de la buena voluntad de su entorno (familiares, amigos, vecinos). Además, se les duplican los costos ya que muchas veces se deben mover en taxi o remís. Inclusive, es frecuente que no consigan móviles con espacio suficiente en el baúl para la silla de ruedas por tener tubo de GNC. Entonces, lo que parece una ley beneficiosa para el sector, termina costando más en todos los sentidos.

El Litoral dialogó con Andrés Grenón, contador santafesino y especialista en trámites para la adquisición de automóviles para personas con discapacidad. Actualmente, lleva adelante estas dos gestiones que tienen demoras importantes por las complicaciones burocráticas.

— ¿Toda persona con discapacidad puede tener el beneficio con la ley nacional?

— El certificado de discapacidad no siempre habilita a la compra. El espíritu de esta ley es que aquella persona que no se pueda mover libremente en colectivo, acceda al beneficio. No hace falta tener certificado de discapacidad. Te doy dos ejemplos. Puede ser una persona con obesidad mórbida con 250 kilos, no tiene certificado de discapacidad y se lo otorgan igual al beneficio. O puede ser un chico con Síndrome de Down que tiene certificado de discapacidad pero ellos (Agencia Nacional) consideran que puede ir y venir en colectivo sin dificultad y ahí no se lo dan. Ése es el primer error. La gente cree que al tener el certificado ya está y le tienen que dar el beneficio porque tiene certificado.

— ¿Cómo es el trámite para la compra de un vehículo bajo este beneficio?

— Se habla antes con la concesionaria para iniciar el trámite y saber si es viable la compra y se elige el modelo. Ese nombre es el que irá en los papeles. El comercio da una factura proforma, pero no significa que te reservan un vehículo. La parte comercial se inicia una vez se tenga la autorización de la Agencia Nacional en mano. Por ejemplo, los autos importados se traen especialmente para este tipo de compras e ingresan al país ya con la autorización y no pagan impuestos. A veces, se da que hay vehículos en zona franca y eso acorta los plazos. Si no, hay que esperar que la automotriz extranjera fabrique el vehículo pedido.

El camino burocrático

“Hay que hacer un trámite en Afip y en la Agencia Nacional de Discapacidad. En la Afip, van a ver dos cosas: que la persona tenga la plata para comprarlo y que tenga el ingreso para mantenerlo. ¿Esto qué significa? Que el Estado no quiere perder tiempo en una persona que cuenta con los recursos. Además, no quiere que se abuse de una persona con discapacidad o problemas de movilidad. Antes evaluaban al grupo conviviente. Ahora, se analiza a padres, hijos y convivientes para determinar el poder adquisitivo del grupo familiar. Si la familia tiene dinero, no amerita que el Estado haga el esfuerzo de pagar un auto. Y después, observan que la persona que pidió el beneficio, tenga un ingreso equivalente al 5% del valor del auto. Hay un tope hacia arriba también. La persona no puede ganar más de 250 mil pesos por mes ni tener un patrimonio de 2.850.000 de pesos”, detalla el contador.

“La Afip no evalúa si la persona tiene discapacidad o necesita el beneficio, eso pasa por un segundo trámite. La Agencia Federal de Ingresos Públicos verifica los datos antes de dar el OK. Todas estas gestiones hoy se hacen de manera online. Luego, esos documentos se llevan de manera física a la sede regional de Afip para que ellos también corroboren la información con API (Administración Provincial de Impuestos). Nación valida cuentas bancarias, inscripciones, todo lo que tiene que ver con lo federal. Pero también, se analizan propiedades y bienes. Es un chequeo general en las cuentas de esa persona. Si debes monotributo, por ejemplo, tenés que ponerte al día. La ley dice que todo este trámite debe durar 15 días corridos pero no siempre se cumplen esos plazos”, admite Grenón.

Los trámites, una vez concluidos en Afip, continúan camino hacia Buenos Aires a la Agencia Nacional de Discapacidad. Esa autoridad determinará una junta médica que evaluará a la persona en un centro de salud público de su localidad. De esa manera, se verifica la discapacidad o dificultad para movilizarse. “De allí, sale el papel final que es la disposición para la compra del vehículo”, cuenta Andrés Grenón.

El modelo del vehículo (nacional o importado)

Según explica el especialista en este tipo de gestiones, la elección del automóvil varía según la marca. “A nivel importados, hay dos empresas a las que le conviene mucho este tipo de ventas: Audi y Hyundai. Al ser extra Mercosur, los autos pagan 35% de derecho de importación. Si tiene el beneficio de la ley, la persona no paga el 21% de IVA, el 35% de exportación, más impuestos internos. Entonces, es más ventajoso comprar el importado y esas dos empresas están más preparadas que otras para este tipo de ventas. En el nacional, cada automotriz tiene su manejo. Por ahí, depende el momento comercial. A veces, hay determinados modelos que por un mes están afectados al régimen y se ahorran el 21% de IVA. Pero por ahí, la disposición de la Agencia Nacional de Discapacidad sale y esos modelos ya no están disponibles o tienen que esperar varios meses porque no tienen stock y lo traen de Brasil. O lo que es peor, le cambiaron el nombre y complica todo. En el inicio de este trámite, uno tiene que poner el auto y modelo que quiere comprar. Si al final del proceso, la automotriz cambia el nombre, es muy difícil seguir con los papeles”, aclara el contador.

Además, admite que se venden más los modelos económicos ya que en general, es el primer auto que adquiere la persona con discapacidad. Reconoce que no siempre se llega a los valores de un vehículo importado. Entre los productos más vendidos, se encuentra Renault Kangoo.

Por otra parte, la normativa para obtener el beneficio detalla que se puede adquirir cualquier vehículo pero siempre el modelo básico. Además, especifica que los autos ensamblados en Argentina o dentro del Mercosur aunque la mayoría de los insumos sean importados, son catalogados como de industria nacional.

Contradicciones y complicaciones

La ley no siempre significa un beneficio y depende del contexto económico del país. Grenón explica que en el pedido para adquirir un auto importado se cotiza en dólares y para uno nacional, en pesos. Sin embargo, la autorización no se emite con un monto sino con el modelo por las constantes variables del dólar. Es decir, el valor del auto cuando se inicia el trámite, no es el mismo que cuando se obtiene el beneficio.

“Durante la gestión de Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio, la oferta no tenía tiempo de validez. Es decir, la concesionaria te tenía que mantener el precio durante meses. Ahí, surgieron ciertas complicaciones, porque ninguna empresa quería hacer la proforma y vender estos autos. La norma cambió y la persona tiene un año para hacer la adquisición del vehículo. Sin embargo, la complicación hoy surge por la falta de autoridades que firmen los papeles”, detalla el contador.

Frente al panorama económico nacional, cuenta que es difícil la situación para las personas con discapacidad y problemas de movilidad. “A los interesados en adquirir un vehículo, no sé qué decirles. Por ahí, compran un dólar a 25 y lo terminan vendiendo a 24. O hacen un plazo fijo y resulta que las tasas de interés no son tan interesantes y también, terminan perdiendo. Es muy difícil aconsejar en estos tiempos. Por lo general, conviene tener dólares sobre todo si se va a comprar un auto importado”, reconoce Grenón.

Además, admite que lleva adelante otro caso en el que la persona vendió su auto, no pudo comprar dólares y hoy, no tiene para adquirir otro vehículo o se le dificulta la situación. “Esa persona se queda sin movilidad por las demoras que significa no tener quién firme los papeles y autorice”, admite el profesional.

En el mismo sentido, reconoce que es la primera vez que se produce tanta demora en los trámites y que se origina con la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad y la falta de designación de cargos.