Allanamientos a “vecinos” de Cristina
Los departamentos vacíos
Bonadio hizo revisar el edificio donde vive la ex presidente, pero no su domicilio. Fue para verificar la veracidad de testimonio de quienes dijeron haber presenciado allí el manejo de “los bolsos”.
Uruguay y Juncal, en Recoleta. El allanamiento era “necesario”, dijo el fiscal Carlos Stornelli, quien tiene “más pruebas de las que hubiera soñado” hace dos semanas.
Foto: Redes sociales
Redacción de El Litoral
Un grupo de alrededor de 10 efectivos de la Policía Federal ingresaron el lunes por la tarde al edificio en donde vive Cristina Kirchner, mientras la ex presidente se encontraba en el Instituto Patria. Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández, llegó al lugar corriendo; dijo que fue avisado por un llamado de Crónica y se apresuró a decir que se trataba de un allanamiento ilegal.
Poco después cambió la calificación a “circo” para “tapar lo que está pasando en el país”. Quedó aclarado para entonces que los allanamientos no eran al departamento del quinto piso, propiedad de la familia Kirchner, sino a las unidades de los piso uno y cuatro.
La fantasía de las bóvedas volvió a recorrer el imaginario argentino. Pero no hubo plata como resultado de los procedimientos, que Bonadio ordenó como constatación para determinar si los testimonios que tiene el expediente de los cuadernos de las coimas K, específicamente de quienes dicen haber estado allí, coinciden con la disposición de las plantas del inmueble.
El propietario de los pisos allanados fue en una primera instancia Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián de Sousa, accionista del Grupo Indalo. Pero en 2014, se lo transfirió a su ex socio Cristóbal López, en un proceso de división.
El allanamiento se produjo horas después de que Cristina se presentara ante Bonadio para dejarle un escrito donde denunció ser “sometida” a una “persecución judicial” desde que asumió el presidente Mauricio Macri. Además, recusó al juez y al fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la causa originada por los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta.
“Venir después de la indagatoria a allanar departamentos que no le pertenecen (a Cristina) es algo que ocurría en otras épocas, no ahora”, se quejó Dalbón en la puerta del edificio del barrio de Recoleta. “Esto es un abuso de autoridad. No podemos dejar que el Poder Judicial se lleve por delante la democracia. Eso no se hace en un Estado de Derecho”.
Por su parte, el jefe del bloque kirchnerista de Diputados, Agustín Rossi, afirmó que a Carlos Wagner “lo presionaron para que se arrepienta” y hable de las coimas en la obra pública kirchnerista. Además, aseguró que los allanamientos fueron una “provocación” para el Senado, que debe debatir si autoriza el pedido de Bonadio para ingresar a las propiedades de la ex mandataria.
Por Odebrecht
Ángelo Calcaterra fue nuevamente a tribunales, esta vez por el soterramiento del Sarmiento; negó el pago de sobornos por U$S 3,3 millones en la obra que inicialmente encaró junto a la brasileña Odebrecht, cuyos arrepentidos así lo admitieron en Brasil. Arrepentido en la causa de los cuadernos, el primo del presidente y ex titular de Iecsa presentó un escrito técnico ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi; el fiscal Franco Picardi, fiscal del caso, pidió a Bonadio que le remita la declaratoria de Carlos Wagner. Odebrecht admitió haber pagado al menos U$S 36 millones a funcionarios argentinos vinculados a Julio de Vido, hasta 2015.
Roggio
Aldo Roggio, imputado como “partícipe necesario” de la asociación ilícita en la causa de los cuadernos, declaraba hoy nuevamente ante el juez Bonadio. El empresario de la construcción se presentó a la Justicia el viernes pasado; según trascendió, pese al secreto de sumario, admitió haber realizado “pagos aislados” a ex funcionarios kirchneristas por unos cien mil dólares. El fiscal Carlos Stornelli y el empresario habrían acordado en esa oportunidad al régimen de “imputado colaborador”; el juez decidirá si lo admite luego del nuevo testimonio.
¿¡Otro más!?
Juan José Chediack, otro ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, también presentó al fiscal Carlos Stornelli su inclusión como “arrepentido”. El empresario, que se sumaría en las próximas horas a la lista de imputado colaborador, había sido mencionado por Carlos Wagner como parte del “club de la obra pública”.
José López
Además de la causa por los bolsos con U$S 9 millones en el convento, el ex secretario de Obras Públicas también está involucrado en la causa de los cuadernos y hoy declaraba ante Bonadio. Germán Nivello fue segundo de López y declaró como “arrepentido” que le entregó dinero al secretario de Baratta en dos oportunidades por U$S 1,2 millones en el subsuelo de las oficinas de YPF.
Repudios a Cristina
Cristina Fernández calificó a los periodistas que destaparon los “cuadernos de las coimas” como un “grupo de tareas”. Y desató rechazos generalizados en el mundo periodístico, tanto de colegas como de personalidades públicas.
“Repudiamos el agravio a Diego Cabot, de La Nación, por parte de Cristina Fernández de Kirchner, quien en su declaración ante el juez Bonadio señaló que el periodista ‘habría armado un pequeño grupo de tareas con dos alumnos de la carrera de periodismo para analizar el supuesto material y volcarlo en un informe’”. Así lo expone un comunicado de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.
Por su parte Fopea -Foro de Periodismo Argentino- repudió los dichos de Cristina “en los que pretendió igualar al equipo de investigación de La Nación que destapó los cuadernos de las coimas con un ‘grupo de tareas’ al estilo dictadura militar”.
En su escrito, Cristina además acusó al periodista Cabot de tener “estrechas relaciones con la alianza gobernante”, sin fundar esas palabras en elemento alguno.
Pichetto con bloque partido
Miguel Pichetto dio “libertad de acción” en el bloque Justicialista para votar si se permite el allanamiento a inmuebles de Cristina Fernández y su familia. El jefe del bloque del PJ refirió a un “debate” interno por el cual se llegó a esa decisión a falta de unidad, tras analizar los fundamentos de Bonadio.
El juez pidió allanar tres domicilios: Uruguay y Juncal, en Capital Federal; Mascarello 441, Río Gallegos; y Padre de Agostini y Los Tehuelches, de El Calafate, y también las oficinas de Cristina en el Senado.
Sobre la posibilidad de que Bonadio pida nuevamente el desafuero de Cristina, Pichetto ratificó que no lo concederá. “Para que nadie se sorprenda ni haga especulaciones, ratifico que, como es sabido, el bloque que presido sostiene el principio de que no se puede desaforar al senador en una etapa en la que no hay sentencia”.
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