Día de la No Violencia Contra la Mujer

Una lucha que ha transformado la política argentina

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Las más jóvenes, protagonistas excluyentes de los acontecimientos más significativos de este último año, le han otorgado al colectivo de mujeres una fuerza y energía imparables.

Foto: Gentileza

Alicia Gutiérrez (*)

A pocos meses de cerrar el 2018, un año inédito en materia de lucha y movilización a favor de los derechos de las mujeres, parece ineludible este 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, hacer una reflexión en clave de balance de lo que ha sucedido en Argentina en cuanto a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en este último tiempo. En 2015, el femicidio en Rufino de Chiara Páez, la adolescente de 14 años que estaba embarazada, a manos de su novio de 16, constituyó un punto de inflexión en la historia del movimiento feminista. Hartas de conocer casos como este, y decididas a terminar con esta violencia extrema que nos asesina por el sólo hecho de ser mujeres, salimos a la calle portando consignas que se volvieron virales: ¡Ni Una Menos! ¡Vivas Nos Queremos! Una postal que se repite en cada fecha emblemática, en cada encuentro y en cada oportunidad que tenemos de exigir medidas urgentes por parte de los gobiernos y que se fue gestando tras años de lucha. Cientos de miles de mujeres, travestis, trans, lesbianas y gays, acompañados por una sociedad cada vez más receptiva frente a esta problemática, nos juntamos con el fin de denunciar a este sistema patriarcal que nos discrimina y naturaliza la violencia.

Las últimas cifras no oficiales publicadas, que permiten tomar distancia de este drama social que tiene nombres, rostros, cuerpos, ausencias y profundas cicatrices, dan cuenta de que el problema sigue creciendo. En lo que va del año, se cometieron 225 femicidios en el país, es decir, uno cada 32 horas. En esta ocasión, las organizaciones contabilizaron los llamados “femicidios vinculados”, personas que fueron asesinadas con el fin de castigar y destruir psíquicamente a la víctima o porque intentaron detener al femicida o quedaron en medio de la línea de fuego. En casi el 90 por ciento de estos hechos, los victimarios pertenecían al círculo íntimo de la mujer o eran conocidos de ella. Los números, también, confirman algo que se percibe a diario en los medios de comunicación: muchas de las víctimas son niñas y adolescentes (más del 15 por ciento era menor de 18 años), cuyos cuerpos son atacados y violentados con saña y luego descartados como basura. 250 niñas y niños van a crecer sin sus madres. Si bien la violencia machista no discrimina, ya que es un fenómeno transversal, la situación se ve agravada aún más en contextos de vulnerabilidad social, donde el Estado no llega o su presencia es insuficiente. Sheila, Stefanía y Rosalía Jara son algunas de esas vidas truncadas que son narradas fugazmente en las crónicas policiales y desaparecen con la misma velocidad. Incluso, muchas veces, el eje de los medios está puesto en revisar sus historias personales como una forma de justificar el desenlace trágico.

A pesar de las estadísticas alarmantes, y de la enorme movilización social que ha logrado poner el tema en agenda, el presupuesto presentado por el gobierno nacional para llevar adelante políticas destinadas al área se ha reducido. Si ya eran insuficientes los recursos para poder cumplir con los objetivos planteados por la Ley, ahora la caída será del 18 por ciento respecto al crecimiento de la inflación: se asignan solo 11 pesos por cada mujer. Este es uno de los principales reclamos de las organizaciones feministas, el ajuste brutal que golpea a los sectores más castigados, que profundiza la feminización de la pobreza, y la falta de fondos para implementar acciones efectivas.

Entre los logros que sin dudas nos hará brindar por un año que sabe amargo, se encuentra el debate sobre la legalización del aborto, que instaló en primera plana una de las grandes deudas de la democracia. En 2018, se registraron cuatro “femicidios estatales”, mujeres que fallecieron a causa de abortos clandestinos. Las legisladoras y los legisladores nacionales que votaron en contra o se abstuvieron de expedirse en relación a la normativa que permitía la interrupción voluntaria del embarazo son responsables no solo de esas muertes, sino también de las niñas y niños que han perdido a sus madres y de las secuelas físicas, psíquicas y emocionales provocadas. Muchos de los que expusieron en el Congreso nacional sostenían que lo fundamental no era despenalizar, sino impartir educación sexual para prevenir los embarazos no deseados. Sin embargo, son los mismos que hoy, tras el rechazo de la Ley en el Senado, están llevando adelante una feroz campaña contra la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas bajo el lema “Con mis hijos no te metas”, como si estos les pertenecieran y no fueran sujetos de derechos o como si la obligatoriedad de la misma estuviera en discusión.

El cambio cultural por el que trabajamos, como condición indispensable de la transformación social, debe venir precisamente de la mano de la educación, a través de una mirada liberadora, que ponga el acento en las desigualdades y la dominación y que sea respetuosa de la diversidad. Las más jóvenes, protagonistas excluyentes de los acontecimientos más significativos de este último año, le han otorgado al colectivo de mujeres una fuerza y energía imparables. Esas largas columnas movilizadas en las distintas ciudades han enviado un mensaje insoslayable a la clase política: no se puede evitar incorporar en la agenda los temas de género sin pagar el costo. Vamos a continuar por este camino, corriendo los márgenes de lo posible y ganando un lugar cada vez más preponderante en el espacio público para que el futuro sea ahora y podamos convertir a la violencia sexista en un mal recuerdo.

(*) Diputada Provincial - Partido SI (Solidaridad e Igualdad)

Presidenta Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas

Si ya eran insuficientes los recursos para poder cumplir con los objetivos planteados por la Ley, ahora la caída será del 18 por ciento respecto al crecimiento de la inflación: se asignan solo 11 pesos por cada mujer.