Paritarias “insuficientes”
Otorgaron un 5% de aumento a los docentes universitarios
El Ministerio de Educación nacional estableció el incremento a cuenta para el mes de enero, no remunerativo y no bonificable. Desde los gremios reclaman una suba del 16,6% y alertan sobre el inicio de las actividades académicas.
Redacción El Litoral
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación llevó a cabo una nueva reunión con los sindicatos de docentes universitarios donde estableció un incremento salarial del 5%, no remunerativo y no bonificable, como parte de la paritaria 2018.
Por medio de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) se convocó a la primera instancia de revisión concertada en la negociación a finales del año pasado, luego de las casi cinco semanas de paro que incluyeron movilizaciones y tomas de facultades.
De la reunión participó el ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro, el secretario de la SPU, Pablo Domenichini, autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional y las agrupaciones gremiales que firmaron el año pasado el acuerdo salarial. En esa oportunidad se había acordado una recomposición salarial cercana al 26% y dos cláusulas de revisión, con los gremios Conadu, Fedun, Ctera, UDA y Fagdut; mientras que la Conadu Histórica -uno de los gremios de mayor representación- no había aceptado los términos, por lo que fue excluida de la continuidad de la discusión.
Desde la Fedun comunicaron que aunque el porcentaje otorgado “representa un avance, sigue siendo insuficiente respecto a la inflación del 47 % del año pasado y los incesantes aumentos en las tarifas de los servicios públicos”.
Ahora, más allá del aumento, se pasó a un nuevo cuarto intermedio para la semana próxima. Por otro lado, se informó que la segunda cuota del bono de fin de año será abonado junto con el sueldo del mes de enero.
El inicio en duda
Luego de conocerse los números definitivos de la inflación del año anterior, se concretó el llamado a los sindicatos de docentes del nivel superior con el propósito de evitar la pérdida de poder adquisitivo. Si bien aún se encuentra abierta la instancia de diálogo, los representantes gremiales demandan que les corresponde un aumento salarial del 16,6% para alcanzar el 47% que informó el Indec.
Desde la Conadu Histórica -nucleados en Adul en Santa Fe- reclamaron que no se haya planteado una cláusula gatillo que ate los salarios a los índices inflacionarios.
“El compromiso que firmaron las restantes federaciones con el gobierno era que el 16 de enero, se discutía la actualización salarial de acuerdo con la inflación de noviembre y diciembre para mantener el poder adquisitivo de nuestros sueldos. Hoy la pérdida salarial es mayor al 20%, y el gobierno impone unilateralmente un 5%, retrocediendo aún más al ser sumas no remunerativas ni bonificables, afectando no sólo el salario hoy sino también las obras sociales y las jubilaciones”, sintetizaron en un comunicado desde la entidad.
A su vez, agregaron que “de mantenerse el grave deterioro salarial, se verá afectado el inicio de las actividades académicas del presente año”.
“Ratificamos la convocatoria a toda la docencia universitaria y preuniversitaria a construir y coordinar el plan de lucha nacional en defensa de nuestros derechos y de la universidad pública”, concluyeron.
Conflicto por auditorías
El gobierno nacional pretende auditar las cuentas de las universidades públicas por medio de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Desde varias instituciones han rechazado la iniciativa con el argumento de que sería una “intervención” que viola la autonomía universitaria que rige desde la reforma de la Constitución en 1994.
Según publicó el último fin de semana el diario La Nación, la iniciativa del Ejecutivo “se apoya en un decreto de la gestión de Mauricio Macri, el 72/2018, que le otorgó poder a la Sigen para designar y remover a los auditores internos de todas las dependencias públicas, quitándole esa facultad al resto de los funcionarios para evitar influencias indebidas. Desde que se publicó esa normativa, a principios de 2018, el síndico general, Alberto Gowland, removió a varios auditores, rotó a otros y nombró a nuevos síndicos. Pero se topó con la resistencia de los rectores de las universidades, que consideraron que no deben ser alcanzados por el decreto”.
Además del conflicto con las casas de estudio, la decisión del gobierno implicaría debates internos sobre este tema ya que no a todos los integrantes de la cartera educativa les parece acertada la idea, teniendo en cuenta la conflictiva negociación paritaria en este sector.
De acuerdo con lo consignado en el Presupuesto 2019, los montos disponibles para las 57 universidades públicas se elevan a unos $123.000 millones. De la repartición de créditos, la Universidad Nacional del Litoral percibirá unos $3.120.000 (ubicándose en el décimo lugar de instituciones que más presupuesto recibirán), mientras que la Universidad Nacional de Rosario será adjudicataria de unos $6.078.240 (quedando quinta en el ordenamiento).
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