Ofrecían recompensa de $ 500.000
Detuvieron a un represor con pedido de captura en Santa Fe
Gendarmería apresó en Capital Federal al coronel retirado Alberto José Jaime, de 75 años. El juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, lo indagó este miércoles por el homicidio de una militante montonera, ocurrido en 1976.
Alberto José Jaime (75), su rostro aparece en el Registro Nacional de Reincidencia (RNR) con un ofrecimiento de recompensa de $ 500.000.
Foto: RNR
Redacción de El Litoral
El juez Federal Nº 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, indagó este miércoles al coronel retirado del Ejército, Alberto José Jaime, que se encontraba con pedido de captura nacional e internacional, por el homicidio de una militante montonera ocurrido en 1976, cuando se desempeñaba al mando de una columna del Destacamento de Inteligencia Militar 122.
Formalmente prófugo desde el 7 de octubre de 2014, el “Mono” Jaime, de 75 años, fue hallado por la Unidad de Investigaciones de la Gendarmería Nacional en Capital Federal, y puesto a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 de dicha jurisdicción el martes 9 de abril. Fuentes vinculadas al caso confirmaron que Jaime, quedó detenido e incomunicado a la espera de su traslado a Santa Fe, donde finalmente fue indagado al día siguiente por el delito de “homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas” en perjuicio de la militante montonera Yolanda Rosa Ponti.
Anoticiado de la captura -existía un ofrecimiento de recompensa de medio millón de pesos para quien aportara datos de su paradero-, el Dr. Rodríguez requirió su traslado como juez competente en la investigación por el crimen de Ponti, ocurrido el 1º de diciembre de 1976 en un operativo de calle, donde un grupo de tareas al mando del militar se enfrentó a tiros con la mujer, que iba a bordo de un colectivo de línea por el centro de la ciudad.
Altos mandos
Si bien su pedido de captura era relativamente reciente -2014-, el nombre de Jaime ya había sido invocado en la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal, cuando el abogado Jorge Pedraza, en su carácter de querellante, solicitó las detenciones de los principales mandos militares que actuaron en la región centro de la provincia durante la última dictadura militar.
El planteo había sido formulado durante el verano de 2005 y refería a los militares Juan Orlando Rolón, Domingo Manuel Marcellini, Domingo Morales, Alberto José Jaime, Julio César Domínguez, Héctor Melitón Martínez y Carlos Gustavo Fontana. Lo hizo acorde a que “todos los testimonios y documental incorporados señalan al Ejército Argentino como responsable de la conducción de la represión ilegal y terrorismo de Estado en nuestra región”, según cita la noticia de época.
Se abstuvo
Este miércoles, el juez Reinaldo Rodríguez le atribuyó a Jaime, quien también responde a los apodos de “Amorfo” o “Bestia”, haber dirigido un grupo de tareas el 1º de diciembre de 1976, que tuvo como resultado el crimen de Ponti. La mujer se bajó de un colectivo de la Línea 3 en 25 de Mayo y Lisandro de la Torre, luego de que un auto Renault 6 conducido por Jaime se interpusiera en su camino y fuera rodeada por policía y personal del Ejército. En esas circunstancias, el magistrado señaló a Jaime como el autor de los disparos, que terminaron con la vida de la militante montonera.
Según fuentes del caso, Jaime cobraba hasta hace poco su pensión por retiro, se movía bajo el nombre de Alberto José Jaime Abud y realizaba operaciones con tarjetas de crédito en las inmediaciones del barrio porteño de Belgrano, donde tiene su domicilio real. Durante su indagatoria fue asistido por el defensor público oficial Fernando Sánchez, y se abstuvo de prestar declaración.
Los papeles secretos
El abogado Jorge Pedraza, impulsor y denunciante en causas por delitos de lesa humanidad en Santa Fe, fue el primero en solicitar la detención del coronel Alberto Jaime, ante el Juzgado Federal Nº 1, en una causa en la que era querellante. Tras conocer de su reciente detención en Capital Federal, recordó el episodio principal por el cual era requerido, en referencia al homicidio de Yolanda Ponti; pero además informó que “el entonces capitán Jaime está mencionado en los papeles encontrados en el entretecho de la Seccional 3a. de policía” de barrio Candioti en febrero de 2016, “en relación a la muerte de ‘Navarrito’ el abogado del PCR que encontraron colgado en un calabozo”.
Según explicó, “esta causa fue recientemente elevada por la fiscalía Federal Nº 2, con intervención del juez federal Francisco Miño”. Del análisis de la documentación hallada se hace mención de que “luego de encontrar el cadáver” del abogado Orlando Julio Navarro, “aparece el capitán Jaime en la Seccional 3a. y luego se ordena un allanamiento en San Jerónimo 3079 que era el estudio jurídico del doctor Alberto Ávalos, socio de ‘Navarrito’, quien fue detenido junto a otros militantes del PCR para evitar la denuncia y el escándalo público, ya que Navarro era un conocidísimo dirigente estudiantil de los 70 de la Facultad de Derecho”.
La documentación, hallada en un entretecho de la comisaría mientras realizaban la remodelación del edificio el 17 de febrero de 2016, fue puesta a disposición del Equipo de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de Causas de Lesa Humanidad de la Secretaría de Derechos Humanos para su relevamiento y posterior elevación a la Justicia.
Abuso en Josefina
Un hombre de 40 años cuyas iniciales son DMS quedó en prisión preventiva sin plazo, en el marco de una investigación que encabeza la fiscal Ángela Capitanio por delitos contra la integridad sexual de su propia hija menor de edad, cometidos en la localidad de Josefina (departamento Castellanos). Así lo resolvió la jueza Cristina Fortunato, a raíz del pedido formulado por la fiscal en una audiencia de medidas cautelares realizada el miércoles en los tribunales de Rafaela. “Aprovechando la inmadurez y el vínculo familiar existente con su hija, el imputado cometió actos abusivos contra la integridad sexual de la niña durante aproximadamente 10 años. Los ilícitos comenzaron cuando la víctima comenzaba su escolaridad primaria y se extendieron hasta su adolescencia”, precisó la fiscal Ángela Capitanio.
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