Son 16 “huéspedes” según el Canciller
En la embajada de Panamá hay militares venezolanos sublevados
- Participaron de la sublevación contra Nicolás Maduro y están desde el 30 de abril en la representación diplomática panameña con sede en Caracas.
Redacción de El Litoral
redacció[email protected]
Télam/EFE
El canciller panameño, Alejandro Ferrer, reveló que 16 militares venezolanos que participaron el 30 de abril en el frustrado alzamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro permanecen desde ese día en la Embajada de Panamá en Caracas, en calidad de huéspedes.
“Desde el 30 de abril se mantienen en la embajada de Panamá en Caracas 16 militares venezolanos que participaron en el intento de golpe de esa fecha”, declaró a la cadena local TVN el ministro de Relaciones Exteriores del nuevo Gobierno panameño, que encabeza el presidente Laurentino Cortizo, según la agencia EFE.
Se trata de una “situación delicada que requiere un manejo responsable”, dijo Ferrer, tras explicar que su gobierno recibió “hace unos días” una nota de la Cancillería venezolana en la que denuncia que los militares “continuaron en junio”, ya hospedados en la legación diplomática, “en planificación y en actividades” contra Maduro.
En esa nota del gobierno chavista “inclusive preguntan cuál fue el papel de funcionarios del gobierno de la República de Panamá en esos hechos”, precisó el canciller panameño.
“Estamos confiados en que ambas partes vamos a manejar (la situación) respetando las normas del derecho internacional que, por un lado, implican un respeto a la integridad de nuestra sede diplomática, al personal panameño y de las de las personas que se encuentran allí”, afirmó Ferrer.
Esas normas del derecho internacional también implican que “la embajada no sea utilizada para otro fin que no sea” el de una sede diplomática, añadió el canciller de Panamá.
Panamá es uno de los más de 50 países que reconocen como presidente interino de Venezuela al líder del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, autoproclamado el 23 de enero de este año, después de que Nicolás Maduro asumiera un segundo mandato presidencial consecutivo obtenido en elecciones en las que no participó la oposición por falta de garantías.
“Desaparición forzada”
Una legisladora antichavista exigió hoy al gobierno de Nicolás Maduro que demuestre que estén vivas cuatro personas que fueron detenidas por los servicios de inteligencia venezolanos y que están bajo presunción de “desaparición forzada” desde hace semanas, sin contacto con sus familias.
“Lo último que se supo de estos ciudadanos es que estaban siendo sometidos a torturas en un cuarto de castigo, y estas torturas bien sabemos que cuando las aplica la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), pueden producir terribles resultados”, dijo la diputada Delsa Solórzano.
La legisladora, presidenta de la comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), dominada por el antichavismo, recordó que este pedido de paradero es emitido 20 días después de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien, según la oposición, fallecíó tras haber recibido torturas cuando estaba bajo custodia del gobierno.
“Tenemos conocimiento que todos los presos políticos en la Dgcim los están torturando. Son torturas físicas y psicológicas. Hasta este momento no se permite el acceso a la mayoría de los abogados”, dijo Solórzano, citado por el portal Efecto Cocuyo.
Las cuatro personas que según la diputada corren riesgo de muerte son el capitán de navío Luis Humberto de la Sotta, el teniente coronel Ruperto Molina, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro y el civil Carlos Marrón.
Marín Chaparro fue detenido en marzo de 2018 bajo acusaciones de liderar un complot contra el Gobierno de Maduro; Ruperto Molina fue apresado en mayo de 2018 por presunta rebelión y traición a la patria; De la Sotta fue aprehendido por supuesta conspiración en 2017 y Carlos Marrón fue detenido en abril de 2018, acusado de legitimar capitales, reseñó la agencia EFE.
Sanciones de EE.UU
Estados Unidos impuso sanciones económicas a cuatro jefes de la inteligencia militar venezolana. Uno de ellos es el general Rafael Blanco Marrero, actual subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En un comunicado reproducido por la agencia EFE, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó de que los otros tres militares castigados son los coroneles Rafael Antonio Franco, ex director de Investigaciones del Dgcim; y Hannover Guerrero, actual director de ese departamento; y el mayor Alexander Granko, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del mismo cuerpo.
“La DGCIM, incluidos estos funcionarios, ha sido acusada de abusos sistemáticos de los derechos humanos y de reprimir a los disidentes”, señaló el Gobierno estadounidense. Los bienes de los cuatro militares pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense quedarán congelados, a la vez que se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos y entidades estadounidenses.
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