Tras 16 años de suspensión
Trump restablece la pena de muerte para casos federales
Será a partir del próximo mes de diciembre. Actualmente hay 62 presos condenados a la pena capital.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Foto: Xinhua
Redacción El Litoral
Telam
A contramano de la creciente opinión mundial contra la pena de muerte, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que desde diciembre próximo serán restablecidas las ejecuciones para condenados por casos federales, que estuvieron en suspenso durante los últimos 16 años.
El fiscal general (ministro de Justicia), William Barr, justificó la reimplantación de la pena capital en la necesidad de dar “justicia a las víctimas de los crímenes más horribles”.
Barr transmitió su decisión al buró de prisiones y pidió a su director, Hugh Hurwitz, que programe las ejecuciones de cinco presos que fueron condenados a muerte por asesinato, y también por delitos de tortura y violación contra niños y ancianos.
La última ejecución federal se produjo en 2003 y actualmente hay 62 presos condenados a la pena capital por el gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, en inglés).
“Bajo gobiernos de ambos partidos, el Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte para los peores criminales, incluidos estos cinco asesinos, cada uno de los cuales fue condenado por un jurado tras un proceso completo y justo‘, dijo Barr en una declaración pública.
La próxima ejecución, con el uso de una inyección de pentobarbital, está fijada para el 9 de diciembre en la prisión federal de Terre Haute (Indiana).
La primera voz contra esta medida se levantó en California, cuyo gobernador, Gavin Newson, expresó su rechazo en duros términos.
“El gobierno de Trump ha elegido unirse a Kim Jong-un de Corea del Norte, al rey Salman de Arabia Saudita y al gobierno de (Vladimir) Putin en la ejecución de sus ciudadanos”, denunció Newson en un comunicado. “El asesinato intencional de otra persona está mal y nuestro sistema de pena de muerte ha sido, en todos los aspectos, un fracaso”, apuntó.
Añadió que “la pena de muerte ha discriminado a los acusados que tienen enfermedades mentales y a afroamericanos que no pueden pagar una representación legal costosa”.
La suma de rechazos a la pena capital movió con el tiempo a 21 de los 50 estados del país a ordenar su abolición, en último de ellos New Hampshire.
La agencia EFE reseñó que desde 1973, un total de 166 presos condenados a la pena capital en todo el país, incluidos cinco en California, fueron liberados del castigo después de que se comprobaran errores en los juicios.
Trump fue un ferviente defensor de la pena de muerte, incluso muchos años de su llegada a la Casa Blanca.
En 1989 publicó anuncios de página completa en distintos diarios de Nueva York en los que instó al gobierno a “traer de nuevo la pena de muerte”, por entonces en reacción a una violación en el Central Park.
“Si el castigo es fuerte, los ataques contra personas inocentes se detendrán”, aseguró.
Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información de Penas de Muerte sin fines de lucro, dijo que le preocupaba que el proceso para reanudar las ejecuciones fuera apresurado.
“El gobierno federal no ha llevado a cabo ninguna ejecución en 15 años y eso plantea serias dudas sobre la capacidad para realizar las ejecuciones de manera adecuada”, dijo.
Venezuela tilda de terrorismo las sanciones a hijastros de Maduro
Venezuela consideró como “errorismo económico” las sanciones financieras que anunció Estados Unidos a tres hijastros del presidente Nicolás Maduro y al empresario colombiano Alex Saab.
El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, publicó en Twitter una copia del comunicado que denuncia “la reiterada agresión” de la administración de Donald Trump por el anuncio de “medidas coercitivas unilaterales ilegales”, a las que calificó de “terrorismo económico”.
El gobierno venezolano responde así a las sanciones individuales que el Departamento del Tesoro estadounidense fijó ayer contra Walter, Yosser y Yoswal Flores, conocidos como “Los Chamos” e hijos de Cilia Flores, esposa de Maduro, así como al empresario colombiano Alex Saab y su entorno.
Para la cancillería venezolana, estas medidas “se suman a la perversa campaña de calumnias” en contra de la familia de Nicolás Maduro.
El Departamento del Tesoro ya ha impuesto estas mismas sanciones contra Maduro y su esposa Cilia Flores y en junio se incluyó a su hijo Nicolás Maduro Guerra.
Según el comunicado, estas sanciones tienen el “fin criminal de privar al pueblo venezolano de su derecho a la alimentación”.
La cancillería afirma que “la administración Trump ha bloqueado transacciones bancarias, compras de alimentos y medicamentos buscando desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano y forzar un cambio de gobierno por vías no constitucionales”.
Las sanciones del Departamento del Tesoro afectan en total a diez individuos y trece compañías ubicadas en diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, México, Panamá y Colombia.
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