Edición del Viernes 26 de julio de 2019

Edición completa del día

El TOF rechazó las probations solicitadas en la causa Bolsafé - Edición Impresa - Sucesos | Policiales Sucesos

Todos a juicio oral

El TOF rechazó las probations solicitadas en la causa Bolsafé

Los jueces no hicieron lugar a la suspensión de juicio a prueba para siete de los nueve imputados, por considerar que no cumplían con los requisitos legales. Los querellantes ya habían expresado su oposición a la medida.

19-A-DSC_0286.jpg

La causa Bolsafé se inició en diciembre de 2012 ante la Justicia provincial, luego pasó a la órbita de la Justicia Federal, que finalmente la elevó a juicio a fines de 2017.

Foto: Archivo El Litoral

 

Redacción de El Litoral

sucesos@ellitoral.com

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe rechazó uno por uno los siete pedidos de suspensión de juicio a prueba efectuados el mes pasado en el marco de la causa Bolsafé Valores, una estafa millonaria que fue descubierta a fines de 2012 y que llevó a la cárcel al principal implicado -hoy en libertad-, el contador Mario José Enrique Rossini.

Los jueces José María Escobar Cello -presidente-, María Ivón Vella y Luciano Lauría, pusieron punto final este jueves a la discusión surgida con los recursos intentados por las defensas de siete de los nueve imputados, que pretendían de este modo evitar el juicio oral para sus pupilos.

Daniela Reatti, Carolina Fany Pavarín, María Lorena Molinas, Patricia Lorena Berrino, Marisa Laura Valdéz, María Mercedes Leiva y Omar Santos Rossini (quienes habían impulsado el pedido), se suman a los contadores Rossini y Miriam Analía Sabella (estos últimos no formularon el pedido de probation).

Si bien en su mayoría se trata de ex empleadas de las firmas Bolsafe Valores SA y BV Emprendimientos SA, éstas fueron procesadas como partícipes principales de la maniobra fraudulenta en perjuicio de 408 ahorristas, cuyas pérdidas fueron tasadas por la Procelac en 2016 en $ 256.031.000. En tanto, Mario Rossini ocupa el lugar de presunto autor de los delitos de “defraudación por administración fraudulenta” en concurso ideal con “captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores”; figura legal que comparte en coautoría con la contadora Leiva; en tanto su hermano lo está como coautor de la administración fraudulenta.

Los fundamentos

En los considerandos de los fallos, el tribunal valoró que los imputados llegaron a la instancia de juicio acusados por delitos cuyas penas en expectativa, van de un mes a seis años de prisión (en el caso de la defraudación), y de dos a cuatro años de prisión (en el caso de la captación), más multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas, e inhabilitación especial hasta seis años.

Los jueces tuvieron en cuenta que los representantes de la querella -Leandro Corti, Carlos Reyna y Enrique Müller- han solicitado en sus respectivos requerimientos de elevación a juicio, que sea juzgada “por 96 casos”; y que si bien el fiscal prestó su conformidad en cinco de los siete pedidos, ello no los exime de realizar otro análisis.

“Corresponde evaluar si en el presente se cumplen los requisitos establecidos en el art. 76 bis del C. Penal para su aplicación”, sostuvieron los magistrados. Y aclararon que “no podemos soslayar que (dicho artículo) establece que si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso está reprimido con pena de multa -en forma conjunta o alternativa con la de prisión- es necesario que el solicitante abone el monto mínimo como requisito del otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, lo que no ha ocurrido en el presente, pues no fue incluida en el ofrecimiento realizado por los imputados”.

Finalmente cerraron su interpretación diciendo que “entendemos que no se dan los requisitos objetivos establecidos por el art. 76 bis del C. Penal para conceder la suspensión del juicio a prueba, por lo que debe rechazarse la solicitud”.

Todos a juicio

De los siete imputados que instaron la suspensión de juicio a prueba, el fiscal General, Martín Suárez Faisal, había concedido el beneficio a cinco de ellos, los cuales realizaron propuestas de reparación acordes a sus bolsillos, pero irrisorias en relación a la magnitud de la estafa investigada. Sólo en dos casos -el abogado Rossini y la contadora Leiva-, el Ministerio Público Fiscal denegó los recursos por considerar que “por la posición jerárquica que revestían dentro de la firma los distingue de otros coimputados, deviniendo imperiosa la realización del juicio oral y público a los fines de lograr una amplia discusión sobre los hechos y el grado de responsabilidad que le cabe a cada uno de los implicados”.

La postura fiscal de conceder el beneficio a los cinco restantes, generó el rechazó de la querella, que hizo reserva de recurrir a una instancia superior en caso de que las probations prosperasen.

“Lo más razonable es que todos los coimputados estén presentes en el juicio oral y público”, dijeron los abogados de los damnificados, al entender que “no es posible la aplicación de una pena de ejecución condicional, debido a la relevancia económica y social de un suceso de la magnitud de esta causa judicial, que ha jaqueado el orden económico y financiero”.

La causa Bolsafé se inició en diciembre de 2012 ante la Justicia provincial, luego pasó a la órbita de la Justicia Federal, que finalmente la elevó a juicio a fines de 2017. En este caso fue el juez Federal Nº 2, Francisco Miño, a instancias del fiscal federal Nº 2 Walter Rodríguez, que cerró la primera de tres etapas de un compleja trama en la que se investigan delitos que afectaron tanto a particulares como al orden económico-financiero.



Compartir:
Imprimir Compartir por e-mail
  
Viernes 26 de julio de 2019
tapa
Necrológicas Anteriores

Descargá gratis la aplicación de EL LITORAL, ¿Desea Instalarla?