Para resolver “falencias alimentarias”
“Impuesto al latifundio” en Santa Fe podría incrementar hasta 40% el inmobiliario rural
Diputados del Frente Social y Popular ingresaron un proyecto en la Legislatura que considera grandes “terratenientes” quienes posean desde 501 hasta más de 10.000 hectáreas, según la zona.
Diferentes criterios. La zonificación del proyecto establece zonas por el valor inmobiliario de la tierra. El de “Superficies Mínimas Por Regiones” (derecha), marca una aproximación a la Unidad Económica Agraria y muestra que dentro de una misma región existen diferentes capacidades agrícolas que no se contemplan en el “Impuesto al Latifundio”.
Juan Manuel Fernández
Una iniciativa que ingresó a la Legislatura provincial el 21 de noviembre pasado propone un “Impuesto al Latifundio”, que consistiría en un incremento de entre 30 y 40% en el Impuesto Inmobiliario según la extensión y la ubicación del campo, así como la naturaleza del propietario, ya que distingue entre personas físicas, jurídicas o extranjeros.
El proyecto, estipula que el producto de lo recaudado “será destinado a la creación de un fondo provincial para resolver falencias alimentarias de las familias santafesinas”. El monto extra lo pagarán quienes sean titulares de superficies consideradas latifundios, que van desde las 501 hectáreas en la Zona Núcleo hasta las 10.001 en adelante en los Bajos Submeridionales y la Cuña Boscosa. La escala está organizada en 9 categorías a partir de una zonificación de valuaciones inmobiliarias de una empresa privada.
En los considerandos, el proyecto plantea otros objetivos ulteriores al de atender el problema nutricional de la ciudadanía. Por ejemplo el de desvalorizar la tierra para facilitar el acceso a la misma. “Estamos convencidas/os que al gravar la gran propiedad territorial aportaremos con la absorción, por parte del Estado, de un porcentaje de la renta de la tierra, a provocar una deflación de los precios de la misma, una mayor oferta y la adjudicación en esta forma a los pequeños y medianos productores rurales”, afirman los autores.
El texto también establece el criterio a partir del cual se consideraría a los sujetos del “impuestazo” actores privilegiados del sector. “Existen grandes extensiones de tierra rural que se van revalorizando sin más inversión que la que a realizado el estado en infraestructura”. También se considera a los propietarios de grandes extensiones “los mayores beneficiarios” de las sucesivas devaluaciones de la moneda.
Las estadísticas mencionadas para argumentar una concentración y extranjerización de la tierra como justificativo del incremento impositivo indican, según datos del IPEC de 2014, que “el 7,3 % de los establecimientos agrarios concentra el 42,2 % lo de las tierras productivas”, en establecimientos que varían entre 1.000 y más de 20.000 hectáreas. “En números concretos hablamos de que 1983 establecimientos concentran 4.601.849 mientras los restantes 6.256.842 hectáreas productivas de nuestra provincia se reparten entre 24.724 establecimientos’. En cuanto a la titularidad de extranjeros, se cita el Registro Nacional de Tierras Rurales donde constan 540.265 hectáreas, equivalente al 4,21 % del total provincial, concentradas en los departamentos Garay, Vera y 9 de Julio. “La extranjerización y concentración en pocas manos no ha sido la salida hacia el progreso en ningún lugar del mundo”, afirman.
El valor de la tierra tiene que ver con la infraestructura que el Estado hizo, además de la naturaleza propia, sostienen los legisladores del Frente Social y Popular . Así, los “terratenientes” nativos que sean personas físicas pagarán 30 % más de impuesto; las personas jurídicas 35 %; y los extranjeros “particularmente en el Departamento Garay” abonarán un 40 % extra. Por ejemplo, en Rufino o en Esperanza tendría esta penalización quien posea más de 800 hectáreas; en Casilda más de 500; en Rafaela más de 1.000; en el corredor de la costa, desde Gaboto hasta el límite con Chaco, más de 3.000; en San Justo, Calchaquí o Reconquista más de 1.500; en San Cristóbal o Tostado más de 3.000; y en los Bajos o la Cuña quien posea más de 10.000 hectáreas.
El proyecto indica que “en caso de que el contribuyente sea propietario de más de un inmueble, deberán sumarse las superficies y valuaciones aplicándose la tasa de acuerdo a los totales resultantes”. Cabe señalar que la zonificación, hecha en base al valor de la tierra, no contempla la aptitud del suelo, que muestra variaciones dentro de cada área demarcada. Esto puede determinarse cotejando el mapa del Anexo I con el de “Superficies Mínimas Por Regiones” (Ley 9.319) que establece una aproximación a la Unidad Económica Agraria (superficie mínima para una explotación económicamente sustentable) en toda la provincia. Así, por ejemplo, en Rufino se podría calificar como ‘terrateniente’ quien tenga el equivalente a dos UEA’s; o en los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio, podría considerarse en esa categoría quien posea apenas 1,2 UEA’s (3.000 hectáreas sobre las 2.500 que se consideran agronómicamente el mínimo para un negocio rentable en las tierras menso aptas). En el corazón de la cuenca lechera, incluso, donde la línea de corte para identificar “latifundistas” oscila entre 1.000 y 800 hectáreas y la UEA promedia las 200, existe una franja considerable donde se requieren 700 hectáreas como mínimo para tener rentabilidad positiva.
Los impulsores del proyecto reconocen que la iniciativa encontrará detractores en el sector, aunque también sostuvieron que “el campo no es todo igual; algunas entidades nos están felicitando por el proyecto. Va a haber resistencia de la Sociedad Rural que expresa esta oligarquía terrateniente que hay aquí y en la Argentina”.
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