El Litoral
Se fue Dilma Rousseff, pero la promesa de que Brasil dejaría atrás la inestabilidad parece más lejana que nunca exactamente un año tras la destitución de la ex presidente, el 31 de agosto de 2016.
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DPA
Se fue Dilma Rousseff, pero la promesa de que Brasil dejaría atrás la inestabilidad parece más lejana que nunca exactamente un año tras la destitución de la ex presidente, el 31 de agosto de 2016.
Su sucesor, Michel Temer, está denunciado por corrupción, el país no termina de salir de su peor crisis económica y los interminables escándalos de corrupción empiezan a mellar la confianza en la propia democracia.
Tampoco el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva se salva de la tormenta. Lula fue condenado recientemente a nueve años y medio de cárcel por corrupción y, mientras espera a la revisión de la sentencia, debe enfrentar aún cinco procesos más.
La denuncia contra Temer amenaza también la ligera recuperación de la economía tras la recesión acumulada del 7,4 por ciento en 2015 y 2016, y la falta de fondos causan estragos en el país y amenazan con devolver a decenas de miles de brasileños a la pobreza.
La crisis empieza a disparar los índices de violencia en las principales ciudades del país, entre ellas la metrópoli Río de Janeiro.
La caída del país que parecía predestinado hace unos años a convertirse en la primera nación latinomericana en codearse con las potencias mundiales tiene varias causas, pero una de las más notorias es la batalla política que condujo hace 12 meses al juicio de "impeachment" de Rousseff, sucesora de Lula y compañera suya en el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
Temer se volvió en 2016 contra Rousseff, a la que servía entonces como vicepresidente, para apoyar un cuestionado juicio político que condujo a la destitución de la mandataria el 31 de agosto, tras haber sido suspendida en mayo.
El presidente asumió el cargo prometiendo un "Gobierno de salvación", pero la corrupción y la falta de legimitidad se convirtieron desde el comienzo en un lastre.
El líder conservador fue denunciado en junio por haberse beneficiado presuntamente durante años del pago de sobornos para favorecer al gigante de la carne JBS en un caso vinculado con el escándalo de la petrolera estatal Petrobras conocido como "Lava Jato" ("Lavado de autos").
Y pese a que el Congreso, controlado por sus aliados, se negó a quitarle la inmunidad, se espera que la fiscalía presente en breve una nueva denuncia contra Temer.
El presidente se aferra al cargo como respuesta. Hay "gente que quiere parar Brasil y ese deseo no tiene límites", atacó Temer esta semana a los fiscales que lo quieren juzgar. "Pero tengo la fuerza necesaria para resistir".
Una gran mayoría de sus propios compatriotas, sin embargo, lo ven de otra manera. Las últimas encuestas colocan el apoyo a su gestión en un ínfimo cinco por ciento. A la inversa, el 94 por ciento de los brasileños dicen no sentirse representados por los políticos que están en el poder.