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Miércoles 02.05.2018 - Última actualización - 7:25
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Javier Vigo Leguizamón y Victoria Villarruel

"Las víctimas del terrorismo fueron eliminadas de la memoria colectiva"

La causa Larrabure podría ser un punto de inflexión en la jurisprudencia argentina, en caso de que acepte considerar a los crímenes del terrorismo como delitos de lesa humanidad. Quienes la impulsan sostienen que no se puede seguir ignorando una parte fundamental de la historia reciente.

Charla en el Club del Orden.  El Litoral

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Charla en el Club del Orden.




Javier Vigo Leguizamón y Victoria Villarruel "Las víctimas del terrorismo fueron eliminadas de la memoria colectiva" La causa Larrabure podría ser un punto de inflexión en la jurisprudencia argentina, en caso de que acepte considerar a los crímenes del terrorismo como delitos de lesa humanidad. Quienes la impulsan sostienen que no se puede seguir ignorando una parte fundamental de la historia reciente. La causa Larrabure podría ser un punto de inflexión en la jurisprudencia argentina, en caso de que acepte considerar a los crímenes del terrorismo como delitos de lesa humanidad. Quienes la impulsan sostienen que no se puede seguir ignorando una parte fundamental de la historia reciente.

Emerio Agretti
politica@ellitoral.com

 

Argentino del Valle Larrabure fue secuestrado por un comando de la organización terrorista ERP el el 11 de agosto de 1974, durante la presidencia de Isabel Martínez de Perón. Ocurrió durante una recepción en el comedor de oficiales de la Fábrica Militar de Villa María, de la que el mayor Larrabure -ascendido a coronel durante su cautiverio- era subdirector. Luego de 372 días de prisión y tortura, fue ejecutado. Hoy, su caso, uno de tantos otros secuestros seguidos de muerte perpetrados por organizaciones armadas, podría suponer un quiebre en la jurisprudencia, si se acepta considerarlo delito de lesa humanidad. La causa se ventila en la Cámara Federal de Rosario y, en tal caso, convertiría en imprescriptibles los hechos asociados a la violencia política de los ‘70 y permitiría llevar ante la Justicia a los miembros de los grupos terroristas.

 

Esto fue así después de que, en 2008, el fiscal federal de Rosario Claudio Marcelo Palacín dictaminara en tal sentido. Diez años después, el tribunal definirá si esa calificación es aplicable y, en tal caso, el principal acusado, Arnold Kremer, podría ser enjuiciado como autor mediato del crimen.

 

“Las Convenciones de Ginebra de 1949 dicen que en ninguna circunstancia se puede atentar, asesinar o torturar a los rehenes. Cuando las FARC en 2011 asesinaron a cuatro rehenes, la OEA sostuvo que era un crimen de lesa humanidad”, argumenta Javier Vigo Leguizamón, abogado de la familia Larrabure, acompañado por Victoria Villarruel, titular del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv)

 

Y argumenta: “Para eso no es necesario que exista ningún componente estatal. Y la mejor prueba de ésto es el informe 55/97 que emite la Comisión Interamericana en el caso Abella, que es sobre el ataque a La Tablada en 1989 del Movimiento Todos por la Patria. Dice que es aplicable tanto a los miembros de las FFAA, como a los del Movimiento. Y que no se requiere para su aplicación ni una guerra civil, ni un conflicto generalizado, ni mucho menos un control del territorio; que es lo que, contrario sensu, ha sostenido el juez Marcelo Bailaque, para negar -en primera instancia- que el caso Larrabure sea delito de lesa humanidad”.

 

-¿Se pueden comparar los crímenes del terrorismo de Estado con los de la guerrilla?

 

Vigo Leguizamón -El problema es que el terrorismo guerrillero fue de Estado. Porque tuvo el apoyo del Estado cubano -que instruyó y financió las acciones guerrilleras-, del Estado chileno -que en épocas de Salvador Allende facilitaba el paso de guerrilleros para irse a instruir a Cuba- y fundamentalmente del Estado argentino, que en 1973 liberó a los guerrilleros detenidos, que habían sido juzgados en el marco de la ley, sin desarmar a las organizaciones a las que pertenecían. Y siendo gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain, creó una guerrilla que salía a matar en su nombre, y entregaba armas.

 

Victoria Villarruel - Las Convenciones de Ginebra eran derecho vigente al momento de los hechos. Para nosotros rigen desde 1957, o sea que no los miembros del ERP no pueden alegar que desconocían que ésto era derecho interno. En el fallo Abela se consideró lo ocurrido en La Tablada como conflicto armado interno. ¿Cómo vamos a negar que lo fue lo ocurrido en los ‘70, cuando tuvimos 17.380 víctimas, de las cuales 1094 fueron asesinadas?. Es decir, cada 3 días, durante 10 años, moría una persona asesinada por terroristas. En España, la ETA -que justo acaba de pedir perdón- ocasionó 843 víctimas mortales en 45 años de accionar. Entre Montoneros y el ERP, en sólo 10, causaron 1094. 

 

Pero en España las víctimas del terrorismo están protegidas y reconocidas, mientras que acá no tienen ninguno de sus derechos humanos reconocidos: ni a la justicia, ni a la verdad, ni a la reparación.

 

-Ustedes llevaron este planteo ante el gobierno nacional, que mantiene la tesitura de no considerar delitos de lesa humanidad a los cometidos por la guerrilla.

 

VV -Nosotros nos reunimos con el secretario de Derechos Humanos, le planteamos la situación de las víctimas del terrorismo, que ya llevan más de 4 décadas esperando el reconocimiento de sus derechos. Lamentablemente no hemos podido avanzar en la relación con el gobierno nacional y actualmente estamos en la misma situación que durante el kirchnerismo.

 

-¿Hay otras causas como ésta en otras instancias?

 

-En este momento, judicialmente, el caso que está abierto es Larrabure. La causa Rucci está sin mayor movimiento judicial. Y luego tenemos otras causas que se reabrieron, en la Ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente la acción judicial ha dejado paralizadas. Ni siquiera alegando el Derecho a la Verdad -que implica que no hay una pena para el acusado, sino un proceso de conocimiento de lo que ocurrió- se ha logrado que las víctimas del terrorismo puedan saber por lo menos quiénes y por qué las agredieron, quienes fueron los responsables. Por eso hoy por hoy la causa Larrabure es fundamental. No solamente por los derechos de las víctimas, sino para la historia de este país. Es fundamental que Argentina debata este tema, pero además que no quede impune. No podemos dejar impune a quien puso una bomba en un centro urbano, usó un coche bomba, secuestró extorsivamente, atacó unidades militares. Quien cometió un crimen debe responder por él.

 

JVL - Pero además está la responsabilidad internacional del Estado argentino. Hay otra causa emblemática que ya está en instancia internacional, que es la causa Viola. En diciembre del ‘74, por la espalda, un batallón del ERP asesinó a una niña de 3 años, hirió gravemente a su hermana de 5 y mató al capitán Humberto Viola, ante los gritos desesperados de su esposa, embarazada de cinco meses. 

 

En Tucumán, ni ante la Corte argentina, pudimos lograr que fueran juzgados debidamente los autores mediatos del crimen; se juzgó a sólo una parte. Y tenemos tramitando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado argentino, por haber denegado la justicia.
Pero tanto desde el gobierno como desde la Justicia se sigue posibilitando la apología del crimen. El 24 de marzo de 2017, en la Plaza de Mayo se leyó un comunicado donde se elogió la sangrienta militancia de FARC, del ERP y de Montoneros. En España sería impensable que alguien lea en la Plaza Mayor un elogio a los terroristas que pusieron la bomba en Atocha. Pero eso está ocurriendo en Argentina y  nadie dice nada. Entonces, la pregunta es ¿qué hemos hecho con tanto dolor? ¿qué hemos aprendido de ese pasado? Lo que la sociedad argentina no ha meditado, porque le han inculcado durante todo este tiempo una estrategia gramsciana de falso relato de la memoria, es qué hubiera ocurrido si la guerrilla hubiera triunfado. Cuántas miles de muertes más estaríamos llorando.

 

VV- Cuando hay impunidad, eso habilita a seguir enrrostrándole a la sociedad el crimen por el que uno no pagó. El Estado sólo ha reconocido a una porción de la sociedad, a los que sufrieron abusos por parte del Estado. Pero no a todas las víctimas, mayoritariamente miembros de la sociedad civil.

 

Incluso los uniformados asesinados no lo fueron en combate. Fueron agresiones contra toda la sociedad, de cualquier ideología o religión, argentinos y extranjeros, adultos y niños, con recursos económicos o sumamente humildes. Y todos estos crímenes han quedado impunes exclusivamente por razones ideológicas. Porque este relato que se ha construido sobre la década del ‘70, además de omitir la responsabilidad de los terroristas, omite la existencia de las víctimas, están desaparecidos de la memoria colectiva. Después de cuarenta años hablando solamente de una parte del problema, es hora de que reconozcamos a estos inocentes y les demos el lugar que merecen, y podamos cerrar esta etapa de la vida argentina, que es dolorosa para todos y no solamente para una porción.  


“No podemos dejar impune a quien puso una bomba en un centro urbano, usó un coche bomba, secuestró extorsivamente, atacó unidades militares. Quien cometió un crimen debe responder por él”.


En España sería impensable que alguien lea en la Plaza Mayor un elogio a los terroristas que pusieron la bomba en Atocha. Pero eso está ocurriendo en Argentina y nadie dice nada”. 




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