Redacción El Litoral
Para escuelas y edificios públicos de la ciudad
Amenazas de bombas: piden crear un protocolo de acción
El Concejo sancionó una resolución donde dispuso que el Municipio instrumente “de forma urgente” un protocolo de actuación para casos de amenazas (como de bombas, una modalidad muy frecuente en la ciudad en los últimos meses) tanto en escuelas como en establecimientos públicos (edificios de dependencias oficiales).
La norma sancionada establece que el Ejecutivo deberá convocar “a la mayor brevedad posible” a una mesa de trabajo con autoridades de las carteras de Educación provincial, de Seguridad, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las Asociaciones de Bomberos Voluntarios y Zapadores, asociaciones de padres y centros de estudiantes.
También deberá invitar a referentes del Colegio de Psicopedagogos (y otros entes colegiados relacionados con la temática); sindicatos docentes; ediles y autoridades del Ejecutivo de sus secretarías de Gobierno, Educación y Control.
Los objetivos que tendrá el protocolo serán, según el texto sancionado, “establecer pautas de actuación; disponer un plan de evacuación de los edificios, generar instancias de concientización familiar sobre las implicancias sociales y económicas de las amenazas; informar a los padres de alumnos sobre las consecuencias legales y responsabilidades; evaluar sanciones disciplinarias (como trabajo comunitario) desde cada establecimiento que se vea afectado por una amenaza, y coordinar campañas de concientización”, entre otros.
La resolución votada fue impulsada por los ediles Leandro González y Marcelo Ponce (FPCyS-UCR). “Este tema es materia de preocupación en el Concejo, porque las amenazas de bombas se han multiplicado en la ciudad. Creemos que el Estado municipal debe tener un rol activo sobre esta cuestión”, dijo González a la prensa.
Par el edil frentista, la problemática debe enfrentarse desde dos enfoques: “Uno, desde lo sancionatorio. Si se trata de un menor, ver que el entorno familiar tenga algún tipo de advertencia; y por otro lado, un abordaje desde lo psicológico, que permita interpretar por qué ocurren estos fenómenos, donde el Estado termina dilapidando muchos recursos afectando a policías, bomberos e inspectores de tránsito”, cerró.
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