Valoración política y riesgo climático

Dardo Chiesa (Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas)

Otra vez, como en la sequía del 2018, las economías regionales y provinciales se resienten por que su motor ha tenido problemas. Dada la dependencia de las actividades de los pueblos con el productor agropecuario, la cadena de pagos está en riesgo. Esta situación de emergencia está dentro de las probabilidades de ocurrencia.

No es un hecho aislado, sino todo lo contrario. Es previsible, recurrente y su intensidad y daño es cada vez mayor. En los últimos cuatro años, la Argentina ha tenido tres inundaciones y una seca y, por su impacto, las cuentas nacionales se han resentido en cerca de 1,5% del PBI, según estimaciones oficiales. ¿Cuánto ha invertido la Argentina en un sistema de mitigación de riesgo climático? Poco, casi nada. La ley de Emergencia Agropecuaria tiene un exiguo fondo de 500 millones de pesos, cifra que fue otorgada en 2012 pero que jamás se actualizó. Hoy debería estar cerca de los 6.000 millones de pesos para tener el mismo poder adquisitivo.

La gobernanza de agua significa conducir excedentes de este recurso y guardarlo para épocas de sequía. Un concepto de Florentino Ameghino, a quien siempre se nombra, pero del que jamás se respetó una letra de lo que proponía. De esta forma, el campo argentino está surcado de canales y obras que se han realizado sin un plan integral de manejo de aguas, trasvasando cuencas y cargando de caudal a arroyos y ríos que no pueden transportar el volumen que se les carga. Se realizan obras dentro de las jurisdicciones provinciales, sin entender que el agua desconoce los límites políticos y que inevitablemente fluye por pendiente, afectando a las provincias vecinas.

El Estado no ha resuelto estos problemas y los particulares tratan de salvarse como pueden. Así aparecen canales clandestinos y semiclandestinos hechos con autorizaciones precarias que solo buscan paliar una situación de emergencia. En forma reciente se comenzaron a realizar obras de envergadura, pero es imposible concretar en pocos años lo que no se hizo en toda la historia.

La mitigación del riesgo incluye también la previsión en forma de seguros: agrícola, ganadero, para economías regionales y para cascos urbanos. El mundo está preparado con estas herramientas para esta clase de eventos. Todos los años asistimos al espectáculo de los huracanes en las costas de EE.UU. que en pocas horas arrasan ciudades enteras. Por obra de la inteligencia y de la decisión política, tienen un sistema de seguros del que participa el Estado, lo que inicia un proceso de reconstrucción en poco tiempo y la ayuda llega a todos los damnificados. Acá estamos muy lejos de esa situación, por lo que todos quedan desprotegidos, hasta el Estado nacional, que perdió con la sequía 8.000 millones de dólares.

Con el argumento de que el Estado no está dispuesto o no puede contribuir con las primas, no se ha avanzado en el modelo de seguros que la Argentina necesita. ¿Es posible que no sólo se deje librado a su suerte a un sector que es reconocido como el motor de la economía, sino que tampoco se entienda que con él caen los pueblos, las ciudades, el comercio, las industrias, la recaudación y finalmente la Nación?

Desde CRA creemos firmemente en el equilibrio de las cuentas fiscales, pero sabemos de priorización de gastos, y cuando uno prioriza, elige y lo que sufrimos es que nunca se prioriza al sector. Nuestro productor está para poner, tiene presunción de evasor, de ahí las retenciones a cuenta de impuestos, paga doble y hasta triple imposición, pero no se le da la valoración política y estratégica que realmente tiene.

Desde CRA reclamamos una correcta valoración política del sector. Es importante el déficit fiscal, el Fondo Monetario, las tasas, el dólar, el Riesgo País, pero mucho más importante son las miles de comunidades del interior que dependen de la producción agropecuaria, y que unidas todas conforman nuestra bendita Nación.