Cambiar el modelo

La reacción de los agentes financieros al resultado de las elecciones del pasado 11 de agosto trajo como consecuencia, entre muchas otras, que la profunda crisis económica y social que afecta a la gran mayoría de los argentinos por fin se convierta en el tema más importante de la agenda pública, dejando atrás a la forzada por el gobierno que incluía su visión de los gobiernos kirchneristas o la supuesta importancia que había recuperado nuestro país en el mundo.

Enumerar los datos de caída de la producción industrial, el derrumbe de las ventas y la suba diaria de los precios de los alimentos están produciendo una catástrofe social como lo es que más de la mitad de los chicos de 14 años sean pobres a esta altura es redundante. Lo que está claro es que el gobierno nacional, tarde y sin consultar a nadie, la asumió y tomó una serie de medidas que, en el mejor de los casos, apenas servirán para morigerar algún punto el índice de inflación de agosto.

Esta semana, desde las entidades gremiales que representan a los industriales de la provincia y la región, salieron a pedir a las autoridades que tomen una serie de medidas ante el estado de precariedad de las pymes que las ha puesto al borde del abismo, tras tres años y medio de caída del poder adquisitivo, aumento del financiento, alta inflación y aumento de la presión impositiva.

La descripción de la situación por parte de la UISF es lapidaria: “la elevada inflación, la prolongada contracción económica, la caída del mercado interno, las exorbitantes tasas de interés, la desaparición del crédito productivo, la insoportable presión impositiva y la prolongada pérdida de rentabilidad sufrida en los últimos dos años han llevado a nuestras pymes industriales a un alarmante estado de precariedad económico-financiera”, al tiempo que piden “reaccionar a tiempo para retomar el camino del crecimiento que nos permita generar más empleo y desarrollo para nuestra nación”.

Por su parte, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Víctor Sarmiento, reclamó que al complicado panorama que traían las Pymes, lo que pasó en la semana los golpea aún más. “Estamos sufriendo una debacle, por políticas que hace tiempo nosotros veníamos advirtiendo que se llegaba a esto. Lamentablemente, no nos escucharon antes”, enfatizó.

La situación a la que llegó el país no debería sorprender a ningún argentino que haya vivido los gobiernos desde Alfonsín a la fecha. La financiarización de la economía terminó de la misma manera que en las ocasiones anteriores, con un país endeudado a niveles astronómicos, aparato productivo destruido, altos índices de desocupación y una sociedad africanizada. La novedad en este caso es que se ejecutó con la aquiescencia de buena parte de la sociedad y de la mayoría de las entidades que debieron defender los intereses de sus representados.

Probablemente esta inmovilidad sea una de las actitudes más cuestionables. No fueron muchas las voces que se escucharon señalando las políticas de destrucción del empleo y el aparato productivo, explicadas desde el gobierno nacional con una lógica infantil. Es ingenuo aceptar promesas de paraísos futuros a cambio de sacrificios presentes, porque no es la primera vez que ocurre y fundamentalmente porque eso no ocurrió ni ocurrirá nunca. No hay que olvidar que el argumento oficial para justificar la sanción de la reforma previsional fue que los jubilados iban a ganar menos pero que iban a mejorar su poder adquisitivo.

Para cambiar la situación económica de los argentinos la economía deberá empezar a crecer. Y para que eso ocurra lo primero será invertir la lógica que la rige: producir bienes y servicios debe ser más negocio que la especulación financiera. Ni más ni menos que lo que sucede en los países a los que les va bien, con sociedades integradas e instituciones fuertes, sanas y representativas.