Presos federales: fiscales disienten con dichos de la Defensora General

El fiscal general Martín Suárez Faisal y el titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe, Jorge Onel, disintieron con los dichos de la Defensora General de la provincia, Jaqueline Balangione. En diálogo con El Litoral, la funcionaria había sostenido que buena parte de los presos federales de la provincia debían estar en libertad ya que el delito que se les imputaba era la tenencia de estupefacientes para consumo personal, hecho que no puede ser penado. El planteo había sido en el marco de un diagnóstico trazado sobre la población carcelaria de la provincia que presenta un excedente de casi un 10%. El número es, precisamente, equivalente a la cantidad de presos federales que están alojados en la provincia.

En diálogo con este diario, tanto Suárez Faisal como Onel coincidieron en la advertencia sobre la superpoblación penitenciaria, y compartieron la necesidad de contar en territorio santafesino con una cárcel federal. Pero respecto de las causas que generaron dichas detenciones, aportaron sus propios datos.

“En los 25 años de funcionamiento del tribunal -dijo Suárez Faisal-, nunca hubo una persona detenida en ninguna cárcel por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal; tales afirmaciones no son ciertas, ya que nunca hubo un solo preso por esa causa. Todos los detenidos a disposición de la Justicia federal por estupefacientes están sospechados o han sido condenados por hechos vinculados al narcotráfico, a mayor o menor escala”, planteó.

Procesados y condenados

En cuanto a la proporción de condenados y procesados, siempre en jurisdicción federal, el fiscal general sostuvo que en el caso de la cárcel de Coronda, existen actualmente a disposición del Tribunal 277 personas detenidas. “De ellos -precisó- 196, o sea más del 70%, ya tienen condena y el resto espera el juicio dentro de los plazos legales, la gran mayoría con tiempos de detención inferiores a un año. Por lo tanto, no es cierto que la mayoría de presos esté en prisión preventiva”, consideró. Y acotó que “todos los presos federales son asistidos por magistrados y funcionarios de la Defensoría General de la Nación o representados por abogados particulares; ellos son los encargados de su asistencia jurídica por imperativo legal y constitucional, y de velar porque se garanticen sus derechos, especialmente el de no ser detenidos cuando deberían estar libres”.

Sobre el excedente en la población carcelaria, dijo “compartir la preocupación” al igual que por “las deficientes condiciones de detención, cuestión que debe ser abordada decididamente por el Poder Ejecutivo. Teniendo en cuenta que no hay establecimientos de detención nacionales en la provincia, el reclamo constante de los defensores públicos federales y los abogados privados es que se cumpla con la regla número 59 de las llamadas ‘Reglas de Mandela’, que prescribe que ‘en la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social’, en particular cuando se trata de ciudadanos santafesinos detenidos por narcotráfico”.

Estadística

Jorge Onel, por su parte, coincidió en alertar sobre el hacinamiento carcelario: “En eso estamos todos de acuerdo y no hay mayor duda; necesitamos una cárcel federal”, planteó-; y en el mismo sentido que el fiscal general, aseguró que en la actualidad, “prácticamente no tenemos aquí en el ámbito de nuestra fiscalía, ni una sola persona detenida por el delito de tenencia de sustancias para consumo personal. Esas personas -aseveró- recuperan la libertad desde la sede policial, desde la consulta. Son casos que no llegan a judicializarse ni a formar causa”.

Onel afirmó que no hay presos por ese delito, pero aportó la estadística que confirma que las detenciones por esa causa han ido increscendo en los últimos dos años. “En la Fiscalía Federal Nº 1 en 2018, evacuamos 386 vistas por tenencia de estupefacientes para consumo personal y en todas ellas pedimos el archivo por entender que esa conducta no afecta la salud pública, que es el bien público protegido por la ley. De lo contrario, se avanzaría sobre una zona constitucionalmente protegida, como lo estableció la Corte en el fallo Arriola. En 2019 -completó-, ese número (de detenciones por tenencia para consumo) se elevó a 549”. De todos modos, insistió en aseverar que también en ese caso “todas las causas” fueron desestimadas.

Delito preponderante

Consultado por El Litoral acerca del delito que motiva la mayor cantidad de causas y detenciones en jurisdicción federal, Onel apuntó “la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en muchos casos, agravada por la participación de tres o más personas, por la utilización de menores o por el transporte de sustancias”. El fiscal aportó que “el mínimo de la pena en estos casos es de cuatro años; se trata de una circunstancia que los jueces tienen en cuenta para decidir después las eventuales excarcelaciones”.

Onel precisó que en 2018, de los 54 casos remitidos a juicio, 44 fueron por ese delito; en tanto que en lo que va de 2019, ese número asciende a 36. “Ése es el delito más común”, sentenció.

386 detenciones por tenencia de droga para consumo se registraron en 2018. Todos recuperaron la libertad.

549 detenciones por tenencia de droga para consumo se registraron en 2019. Según la Fiscalía, todos fueron liberados.