Santa Fe no es una provincia de "ricos"

Resulta tragicómico asistir a las pulseadas de poder entre Ejecutivos y Legislativos, entre Nación y Provincias -todavía faltan los municipios- disputándose potestades fiscales a nombre de la solidaridad o de la emergencia, contemplando prioritariamente las necesidades de las cuentas del Estado escondidas bajo la ropa de la justicia social a sola firma. Todo como si el contribuyente tuviera un bolsillo para atender obligaciones federales, otro para las subnacionales y alguno más para pagar servicios urbanos, cuyos aumentos ya han de venir.

La emergencia es la negación de la política, una manifestación de disfunción republicana, un excusa para el fracaso repetido de gravámenes “provisorios para siempre”, como el impuesto al cheque de Domingo Cavallo en los albores de la Convertibilidad, durante la versión neoliberal del peronismo.


¿No se les ocurre una idea nueva a los especialistas del poder? Alegar el Estado de Bienestar desde Puerto Madero no es lo mismo que sembrar esperanzas sin dádivas y con el trabajo desde el basural -literalmente- al estilo del Padre Opeka. Cobrar más impuestos es poner el carro delante del caballo, sacar plata a los agobiados actores de la economía real. El economista Fausto Spotorno acaba de calcular que la presión fiscal en términos de PBI (descontando la economía informal) representa el 55 %. Un vergonzoso récord mundial.

La versión neoprogresista para la restauración de la década ganada, propone agravar el cuadro tributario heredado desde el menemato, renegando de aquel modelo. A la provincia se le exige más porque se la cataloga como “rica”, pero no lo es. Los santafesinos trabajan e invierten para generar riquezas desde que el país del general Roca le asignó el rol agrícola (a diferencia de las oligarquías ganaderas de Buenos Aires) y la inmigración le hizo honor al esfuerzo agregándole “los fierros”. Y eso que Buenos Aires se quedó con la Aduana y la Nación le arrojó salud y educación... y se llevó los trenes.


Santa Fe no cobra regalías; petróleo y minería (actividades meramente extractivas) tienen privilegio a la hora de las retenciones. Los contratistas pagan insumos dolarizados para devolverle productividad al suelo, cobran en pesos (menos la parte que se queda la Nación) y explican el polo agroindustrial más importante del mundo junto a los puertos del sur. Generan divisas genuinas al país, demandan a las fábricas de sembradoras, cosechadoras y 4x4, compran las semilleras, financian edificios y dan trabajo a la Uocra y a las constructoras. Dan sentido a los desarrollos científicos aplicados, a la actividad de profesionales, a los consumos en cada pueblo... la lista es larga. Hablar de primarización es a esta altura una soberana estupidez ideologizada.


No se despierta al gigante cobrando más impuestos. El urbano y el rural son -de hecho- doble imposición con Bienes Personales; lo mismo pasa con patentes. La Casa Gris concede un “pacto” a la Rosada para dejar de bajar Ingresos Brutos y Sellos, que son distorsivos. El aumento a las retenciones significa más recaudación para la Nación y menos coparticipación a las provincias por vía de Ganancias. Los números que se ocultan en los proyectos de ley se van a sentir rápido en bolsillos, que quedarán al borde de la imposibilidad contributiva, o incluso de la peligrosa revuelta fiscal basada en un creciente sentimiento de confiscación.