La Resolución 4/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación fundamentó el congelamiento de las tarifas del transporte público de pasajeros en las “necesidades” de “personas pertenecientes a grupos vulnerables”.
Desde hace años, los subsidios son privilegio de los que viven en el entorno inmediato de la Casa de Gobierno. Conviven allí ricos, clase media y pobres, pero el beneficio los distingue sin razón de vulnerabilidad, sino por mero determinismo geográfico.
La Resolución 4/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación fundamentó el congelamiento de las tarifas del transporte público de pasajeros en las “necesidades” de “personas pertenecientes a grupos vulnerables”.
“Fue un pedido del presidente”, explicó el ministro Mario Meoni al sustentar la medida. Alberto Fernández apeló una vez más al discurso solidario para justificar sus actos. Pero esa solidaridad financiada con los impuestos de los argentinos residentes en todo el país, sólo aplica a 15 millones de usuarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires, beneficiarios del sistema multimodal (colectivos, metrobus, trenes y subtes), cuyo boleto básico es de $ 18,90 menos descuentos progresivos por uso intensivo.
En los hechos, un santafesino -como todo argentino no habitante del Amba- solo accede a “colectivos urbanos” a $ 28,90 el boleto. Carece de trenes, subtes o metrobus, y paga mucho más porque desde hace años macrismo y kirchnerato incluidos- los subsidios son privilegio de los que viven en el entorno inmediato de la Casa Rosada. Conviven allí ricos, clase media y pobres, pero el beneficio los distingue sin razón de vulnerabilidad, sino por mero determinismo geográfico.
El ministro Meoni espera el martes a los representantes de provincias con una promesa incierta y lejana de tarifa plana para todo el país, y una certeza prestablecida: los subsidios para el transporte público a las provincias seguirán siendo este año de $ 5 mil millones, es decir la misma cifra que el año pasado. No importan la inflación de costos ni la mayor presión fiscal nacional para asistir a los que viven lejos de la sede del gobierno central.
Por justo que parezca el argumento social, la discriminación geográfica es un hecho que oculta un ajuste que pagan más los habitantes de provincias. En 2019 los subsidios al transporte finalizaron en el orden de los $ 120.000 millones, es decir, 0,55% del PBI, según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Mantener el boleto en el Amba significa más subsidios nacionales pagados con impuestos de todo el país, cosa que no sucederá con los destinados a provincias según la advertencia del ministro.
Dice el dicho popular que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Es hora de ir aclarando los tantos: no es Dios el que atiende en la Casa Rosada.
José Corral defendió lo que sucedió con el boleto santafesino durante su gestión. “Cuando asumió Macri el boleto en el Amba estaba a $ 3 y en Santa Fe salía $ 7,20, es decir casi dos veces y media; cuando terminé el mandato el boleto de Santa Fe Ciudad quedó en $ 28,50 y en 18,90 para Amba”.
Es cierto que la discriminación se diluyó, pero no se eliminó. Y en la nueva dinámica política -en lugar de la tarifa plana que promete Meoni a nombre de la igualdad de derechos de los ciudadanos- la relación amenaza con volver a alargarse. Y eso que Santa Fe, que es acreedora de la Nación por los recortes ilegales de Cristina a la coparticipación, ahora va por “adelantos financieros” de la Casa Rosada. El deudor presta y exige, mientras reparte a sola firma omitiendo a sus acreedores, con equidad social a discreción.