Mayor coparticipación no se tradujo en mejor educación

Alto ausentismo docente, preocupante deserción escolar y escaso apoyo familiar. Con estos datos en mano, se vuelve frecuente la deducción de que cualquier proyecto tiene como destino su fracaso ante la falta de compromiso de sus actores. Sin embargo, la tutela de la educación argentina depende en gran medida de los gobiernos y sus niveles de inversión educativa.

Desde hace más de diez años, las leyes de Educación Nacional y Financiamiento Educativo fijaron como meta destinar el 6% del PBI a educación. Ese objetivo alcanzó su cumplimiento en el 2015. A partir de entonces, se desplomó. En el último año, se ubicó en 5,1%.

A pesar de una realidad de achicamiento del PBI durante la última gestión de gobierno nacional, los Ejecutivos provinciales engrosaron sus arcas con mayores recursos por el retorno de la coparticipación. Por eso, las autoridades de la administración central sostenían que era en el marco de paritarias jurisdiccionales donde debían subsanarse los reclamos. Aún así, no pudieron afrontar las inversiones correspondientes para el área.

Esta descripción se sostiene en el informe “¿La inversión en educación evolucionó a la par de los recursos disponibles?”, elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación. En este trabajo, el organismo estudia la evolución de los recursos disponibles y la distribución de los esfuerzos financieros entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2005 y 2018.

Al observar este período, se advirtió que en gran parte de las provincias los recursos para el sector crecieron muy por debajo de la evolución de los recursos coparticipables. En concreto, se encontró que se redujo un 15,6%, pese a que recibieron 10 puntos más de recursos coparticipables, como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que en noviembre del 2015 resolvió “la reasignación progresiva de 15 puntos porcentuales de la Coparticipación Federal de Impuestos”, según precisa el documento.

Por el momento, el desafío sigue siendo el mismo: garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los alumnos del país.

Salvavidas de plomo

A partir de las políticas educativas de mediados de los noventa, las provincias son las principales administradoras de las escuelas. Ello implica que son las responsables de afrontar el grueso del financiamiento, que se reparte entre salarios docentes e infraestructura.

El trabajo comprobó que, entre 2015 y 2018, las provincias ajustaron —en promedio— un 15,6% del gasto educativo pese al retorno de la coparticipación. No todas lo hicieron por igual, ya que se consideró la cantidad de matrícula por jurisdicción y su relación con el gasto público destinado.

Tomando en cuenta el total del período, las jurisdicciones donde la inversión en educación creció por debajo de la evolución de los recursos coparticipables son la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe y Santiago del Estero. En el otro extremo, en Santa Cruz, Misiones, Salta, San Juan, La Pampa y San Luis la inversión educativa “tuvo un incremento significativamente mayor al de los recursos provenientes de la coparticipación federal”.

Según el gasto por alumno, las que se ubican por abajo en el ranking son Santiago del Estero, Córdoba y Misiones. A la inversa, el mayor gasto por alumno aparece en Tierra del Fuego, seguida de Neuquén y Ciudad de Buenos Aires.

Tensiones irresueltas

Según la visión expresada en el estudio —elaborado en base a datos del Ministerio de Educación de la Nación— se evidencia que “durante los últimos años ha caído la inversión educativa en el país”. Así lo sostuvo el especialista Líder en Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, Alejandro Morduchowicz, que participó de la investigación, y agregó: “Lo novedoso, esta vez, fue que los recursos de coparticipación principal fuente de financiamiento sectorial disminuyeron para el Estado nacional, pero crecieron para las provincias. Por lo tanto, estas habrían estado en condiciones de incrementar la asignación de recursos para educación”.

Al analizar el gasto educativo durante los últimos años en estudios previos, Agustín Claus, especialista en Economía de la Educación de Flacso, marcó también la caída de la inversión educativa: “En el federalismo fiscal-educativo argentino persiste una tensión irresuelta entre la nación y las provincias respecto a qué nivel de gobierno y qué tipo de recursos debe destinar cada uno para financiar la educación”.

Claus, colaborador en el informe, agregó que “la tensión entre la centralización de los recursos por la Nación y la descentralización de los gastos (Educación, Salud, etc.) en las provincias, requiere convocar a un debate respecto de la estructura del financiamiento educativo”.

Alineados

La nueva gestión del ministro de Educación Nacional, a cargo Nicolás Trotta, confirmó el retorno de paritaria nacional docente para el próximo 20 de enero.

Este ámbito cobra relevancia en distintos niveles ya que tiene por finalidad la discusión de base sobre el salario docente, que luego llevará cada sector a su provincia; pero también el consenso sobre determinadas políticas educativas que, en conjunto con el Consejo Federal de Educación, pretenden achicar las asimetrías y particularidades de cada territorio.

Sólo trece provincias cuentan por ley con este instrumento: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Mientras que en otras once existen mesas de discusión: Catamarca, Caba, Córdoba, Corrientes, Misiones, Formosa, Neuquén, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Tal como se dijo, el Estado nacional no paga salarios, pero la herramienta de paritaria nacional permite alinear la arquitectura financiera compleja con la que cuenta el país. Más allá de su retorno, se vuelve urgente retomar el camino que busque garantizar el 6% del PBI destinado al sector. La disponibilidad de recursos, además de la lógica negociación sobre salarios, permite que —a través del diálogo entre las partes— se institucionalicen condiciones laborales, capacitación, evaluación, y calidad educativa.

Primeras reuniones

En el marco de la necesidad de avanzar en acciones conjuntas, la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, se reunió este miércoles con intendentes y presidentes comunales de Pérez, Roldán, Funes, Cayastacito y Cañada de Gómez.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del gobierno en la ciudad de Rosario.

La ministra afirmó: “Tenemos que asegurar que todos los chicos y chicas estén en la escuela para brindar el derecho a la educación, ya que así se encadena el acceso a otros derechos”.

Y recordó que “lo primero que hicimos fue reunir a los docentes de la provincia, mantuvimos un diálogo abierto con ellos, donde cada uno pudo explayarse acerca de la situación de las escuelas de su circuito y qué necesidades urgentes tenían para el inicio del ciclo lectivo y comenzar un trabajo coordinado”.