La situación de la agroexportadora Vicentin sigue indefinida. En tanto, los 800 trabajadores de las plantas que la firma posee en esta provincia, siguen a la deriva y aguardando poder cobrar los salarios adeudados.
Pasa el tiempo y las soluciones no aparecen
Buscan alternativas para superar la crisis en Vicentin
D.R. 20:41
Por ese motivo, el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, inició gestiones en la Casa Rosada para buscar fondos a los efectos de mejorar la situación de las familias que desconocen hasta hoy qué ocurrirá con la tradicional firma, que mantiene desactivadas las plantas del Gran Rosario, Avellaneda y Reconquista.
Según informes a los que tuvo acceso este diario, hasta el momento no prosperaron las negociaciones iniciadas por un grupo de empresa del sector para firmar un fasón por 100 mil toneladas de girasol, operación que al grupo le podía traer algo de oxígeno para pagar salarios y proveedores locales. Medios del sur santafesino indicaron esta mañana que “la operación iba encaminada y por cuestiones técnicas al día de hoy esta caída”.
La otra versión que circuló con fuerza a comienzo de semana fue generada por el propio presidente, Alberto Fernández, quien admitió que la estatización de la aceitera podría ser una opción para que no se perdieran fuentes laborales. Sin embargo, no parece ser éste un trámite sencillo, teniendo en cuenta los intereses privados que se pondrían en juego con una decisión de semejante alcance.
La otra alternativa, quizá la viable por el momento, es la convocatoria de acreedores. Desde los sectores empresarios se especula que esa decisión está “madurando” en el directorio de la firma. La finalización de la feria judicial de verano, el próximo viernes, podría marcar el comienzo de la definición.
Se especula que el primer día hábil de febrero Vicentin tenga que afrontar un pedido de quiebra y haga un pedido de convocatoria de acreedores para intentar superar la delicada instancia generada, supuestamente, por un “strees financiero”.
Debe recordarse que días atrás, el grupo elevó una propuesta a los acreedores, que incluyó un plan de pago en el marco de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) en el que ofrece pagar un 20% de la deuda con un piso de 30.000 dólares, dolarizar la deuda sin quita y prorratear el resto en un máximo de 8 años.
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