Sudán entregará a Omar al Bashir a la Corte Penal Internacional
El tribunal con sede en La Haya será el encargado de juzgar por crímenes de guerra y de lesa humanidad a quien fuera el hombre fuerte de dicha nación africana entre 1989 y 2019, cuando fue derrocado por un golpe militar. Desde entonces se encuentra preso en su país por corrupción.
AFP Será juzgado. Omar al Bashir, ex presidente de Sudán. Fue el líder todopoderoso de dicho país durante treinta años. Lo acusan, entre otras cosas, por la masacre de Darfur en 2003. Allí, según algunas fuentes, hizo matar a cientos de miles de personas.
20:33
Las autoridades de transición de Sudán informaron que entregarán al ex presidente Omar al Bashir a la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal supraestatal con sede en La Haya (Países Bajos), para ser juzgado por genocidio, entre otros crímenes, como ser los de guerra y contra la humanidad. El antiguo mandatario está acusado, por ejemplo, de la muerte, en 2003, de cientos de miles de personas en Darfur, al oeste del territorio sudanés.
“Hemos acordado que todos aquellos sobre los que pese una orden de detención comparecerán ante la CPI, lo digo claramente”, afirmó el vocero del Consejo Soberano de Sudán, Mohamed Hassan al Taishi.
El portavoz habló en una conferencia de prensa en la capital de la vecina Sudán del Sur, Yuba, donde el gobierno y varios grupos rebeldes mantenían conversaciones para poner fin a las diversas guerras civiles del país, incluido el conflicto de Darfur, justamente. “No podemos hacer justicia sin cerrar todas las heridas que tenemos con la propia justicia”, añadió Al Taishi, citado por la CNN. No es la primera vez que las nuevas autoridades de Sudán se refieren a esta posibilidad.
En noviembre último, el primer ministro sudanés Abdallah Hamdok mostró su disposición a enviar a Al Bashir ante la CPI durante una visita a los campos de refugiados de Darfur. El ex presidente, que gobernó desde 1989 a 2019 y fue derrocado en abril pasado por el Ejército sudanés tras meses de intensas movilizaciones populares, en la actualidad se encuentra encarcelado en una prisión de Jartum (capital sudanesa), condenado a dos años de prisión por corrupción y acusado del asesinato de civiles por ordenar la sangrienta represión de las protestas.
Fin de la impunidad
Hasta ahora los generales que integran el Consejo Soberano de Sudán, un órgano creado tras largas y difíciles negociaciones, e integrado por civiles y militares, rechazaban entregar a Al Bashir a la CPI y se habían mostrado proclives a que dicha decisión fuera adoptada por el gobierno que surja de las urnas en 2022, cuando se complete el proceso de transición y se celebren elecciones libres. Al Bashir, de 76 años, encabezó el país tras dar un golpe de estado y gobernó Sudán durante tres décadas con puño de hierro y el clave apoyo de su Ejército.
El conflicto de Darfur entre distintos grupos armados estalló en 2003 y el régimen sudanés apoyó a los yanyauid, a quienes se considera responsables de las peores masacres de una guerra que provocó unos 300.000 muertos. En 2008, el entonces fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, acusó a Al Bashir de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, lo que desembocó en una orden de arresto internacional emitida en 2009. Sin embargo, el ex presidente sudanés, el primer jefe de Estado acusado por La Haya, burló esa orden durante una década y se paseó impunemente por medio mundo, ya que organismos como la Unión Africana o la Liga Árabe, así como países como Rusia y China, se oponían a esa decisión.
Los propios militares que sostuvieron el régimen de Al Bashir lo derrocaron en abril de 2019 tras unas históricas protestas ciudadanas que comenzaron por el alza del precio del pan en diciembre de 2018 y pronto se convirtieron en manifestaciones antigubernamentales que pedían la partida del gobernante. El régimen aguantó apenas cuatro meses hasta que las presiones internacionales por la violenta represión en la calle llevaron a los generales a tomar el poder. El líder de la junta militar, Abdel Fatah al Burhan, es hoy el presidente del Consejo Soberano que lidera la transición.