La Casa Gris no aplaudió pero tampoco recriminó la decisión que adoptó ayer el Senado provincial de ingresar el proyecto de Ley de Necesidad Pública -otrora, Ley de Emergencia- y otorgarle estado parlamentario a la iniciativa, pero a la vez de postergar su tratamiento para dentro de quince días. En rigor, el Ejecutivo consideró que fue “atinada” la determinación.
En diálogo con El Litoral, el ministro de Gestión, Rubén Michlig, consideró que fue “correcto” el accionar. “Por lo que conversé con los senadores justicialistas, la intención es en las próximas dos semanas, dar una discusión a fondo con ambas cámaras sobre el texto. En este sentido es acertado lo que expresaba el senador Armando Traferri, cuando planteaba que el bloque del PJ podría haber avanzado ayer con una media sanción porque se contaba con los doce votos necesarios. Pero es correcto diferir, a partir de la idea de tener el aval de los 19 senadores y logrado eso, también el consentimiento con los diputados”.
Michlig dijo que el gobierno de Omar Perotti no interpreta la decisión de los legisladores como una maniobra de dilación, sino como una acción “de prudencia, atinada y razonable. Sacar la ley a lo pirro puede implicar más perjuicios que beneficios”, aseguró. Y confirmó en que “en estas dos semanas, la oposición podrá expresarse sobre el tema”.
Michlig, en tanto, volvió a rechazar las objeciones que viene planteando la oposición sobre el proyecto, y que dan cuenta de “superpoderes” o facultades extraordinarias para el Ejecutivo, a la par de pedidos de endeudamientos que el Frente Progresista considera extralimitados.
“No nos parecen razonables esas críticas; son falsedades. No es cierto que tenemos dinero guardado en caja. Hay tres elementos que hay que tener en cuenta: el saldo de las cuentas bancarizadas, el saldo del FUCO que es una deuda, y el saldo de la deuda flotante. Yo puedo no pagarle a nadie y, obviamente, tendré dinero en caja; pero voy a tener también una deuda flotante de 60 mil millones de pesos y el estado paralizado. Es una chicana técnica e inadecuada”, aseveró.
“Tampoco hay superpoderes -sostuvo-. Y es necesario plantear que es el gobierno nacional quien establece una emergencia sobre varias temáticas, y esa ley fue votada por todos los sectores políticos, incluso, por el socialismo. Entonces, la misma fuerza partidaria no puede tener una opinión acá y otra allá. Se trata de una cuestión de coherencia. Por lo tanto, si se reconoce que hay una emergencia en otros ámbitos, éstos son los encuadres jurídicos con los que debemos contar; de ello deviene un régimen específico”, insistió.
El funcionario volvió a decir que el proyecto de ley planteado “no es a favor de unos u otros; es garantizar el derecho de ambas partes”. “No es que yo voy a negociar en contra de los contratistas -reiteró-, sino que se está proponiendo un régimen para que ese contratista pueda cobrar. Porque de lo contrario, no tengo posibilidades de contar con los recursos”.
A propósito, y consultado sobre la reunión que las empresas mantuvieron ayer con los diputados provinciales en la que plantearon una situación casi de quebranto por certificados de obra no cancelados desde agosto por entre 3 y 4 mil millones de pesos, Michlig admitió el monto, pero con salvedades. “Es cierto el monto; es el monto reconocido por nosotros mismos. Pero no es una deuda genera por nosotros. De hecho -advirtió-, sorprende o extraña que los mismos que generaron una deuda (en alusión a los diputados del socialismo, cuya Cámara preside el ex gobernador Miguel Lifschitz), reciban a los actores perjudicados por ese incumplimiento”, concluyó.