Tan sólo 72 horas después de que la Cámara Penal de Vera confirmara la prisión preventiva para el excura Néstor Fabián Monzón, condenado el año pasado por un caso de pedofilia en Reconquista, sus abogados presentaron un escrito para darle nuevo tratamiento a un pedido de libertad. Como principal argumento, invocaron la emergencia sanitaria mundial por el avance del coronavirus y el consecuente agravamiento de las condiciones de detención en la cárcel de Santa Felicia, que es donde se encuentra alojado desde el 18 de diciembre del año pasado.
En respuesta al planteo y “en atención a las circunstancias sanitarias” la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Reconquista fijó audiencia de revisión de la prisión preventiva (artículo 225 del CPP), la cual se llevará a cabo el próximo jueves 26 de marzo, a las 11 de la mañana. No obstante, la abogada querellante Luciana González adelantó que pedirá la suspensión del acto por considerarlo “una falta de consideración y de respeto por la salud” y un “capricho” de sus colegas.
“Voy a presentar un escrito en referencia a la cuarentena obligatoria y haciendo pasibles a quienes piden y provean la audiencia de una propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, declaró la representante de uno de los niños víctima de abuso por parte de Monzón. La abogada consideró “un capricho” y “una bajeza” el escrito introducido este jueves por los abogados Ricardo Degoumois y Daniel Baralle, quienes llevan adelante la defensa del párroco. Para la Dra. González, la realización de la audiencia “implicaría exponernos a todos” y enfatizó en que “querer aprovecharse de una pandemia para ver si logran la libertad de un pederasta condenado es bajísimo”
Por su parte, este jueves los Dres. Degoumois y Baralle ingresaron un escrito de cinco carillas reclamando la revisión de la cautelar dictada el año pasado, basando su pedido “en cuanto a la emergencia sanitaria por la trascendencia del Covid-19” y aprovecharon para recordar que “no existe sentencia condenatoria firme” por el momento para su pupilo.
Los abogados destacaron que se trata de “una situación diferente” y que “las instalaciones donde se alojan los detenidos se vuelven insuficientes y se encuentran en una situación sanitaria vulnerable”. También sostuvieron que su pupilo “se encuentra en el escenario de personas consideradas de riesgo” frente al virus; y que a propósito de las recomendaciones de “autoaislamiento” recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, las mismas “se vuelven impensadas en las instalaciones del penal” donde se encuentra alojado, que es la Unidad Penitenciaria N° 10 de Santa Felicia.
El escrito hace referencia a un posible peligro de fuga, sobre el cual la defensa sostiene que se encuentra extinguido ya que “Argentina ha cerrado las fronteras para todos sus ciudadanos”. En síntesis, indicaron que “el peligro de fuga se encuentra esfumado por las situaciones que atraviesa el mundo entero”.
Como alternativa a la cárcel común que Monzón atraviesa desde el 20 de diciembre del año pasado, por orden de la jueza penal de Reconquista, Norma Senn, los defensores adelantaron que propondrán que continúe su encierro bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en caso de no ser concedida la libertad. Además, ofrecieron garantías para el cumplimiento, entre las que destacan la de un guardador, el retiro de DNI y pasaporte y la colocación de una tobillera electrónica, además del pago de una caución y medida de incomunicación “on-line”, para que no pueda interactuar a través de ninguna red social.
Aunque todavía no se conoce quién será el juez designado para el acto, la OGJ notificó en las últimas horas al fiscal Alejandro Rodríguez y a los querellantes Andrés Ramseyer y Luciana González, éstos últimos en representación de las familias de los dos niños víctimas.
El juez de la Cámara de Apelación Penal de Vera, Carlos Renna, rechazó este lunes el planteo de la defensa que pretendía la libertad para Monzón bajo alternativas a la prisión preventiva o ingresar al régimen de prisión domiciliaria, luego de que el 20 de diciembre de 2019, la jueza penal de Reconquista, Norma Senn, le impusiera la cautelar de máxima. Dos días antes -el 18 de diciembre- un tribunal pluripersonal integrado por Claudia Bressán (presidenta), Santiago Banegas y Martín Gauna Chapero, lo condenó a 16 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización calificado por ser el imputado ministro de un culto reconocido, en perjuicio de dos menores. La denuncia data de diciembre de 2015 y tiene como víctimas a una nena de 3 años y su primito de 5, que solían ir a visitar a su abuela, que vivía en una casa contigua a la parroquia donde se desempeñaba el cura.