Una veintena de entidades ligadas cátedras de Derecho de la UNL y de la UNR, ONgs y organizaciones de Derechos Humanos emitieron una declaración donde instan a las autoridades a tomar “decisiones políticas y judiciales para reducir los niveles de superpoblación y hacinamiento en los contextos de encierro de la Provincia de Santa Fe”.
El documento es una respuesta a la situación que se está viviendo en los cárceles de la provincia y termina con una serie de propuestas. En la declaración se advierte que Santa Fe “viene experimentando un altísimo crecimiento de la población privada de su libertad desde 2014 en adelante. En ese año la tasa de encarcelamiento era de 135 presos cada 100.000 habitantes. En 2019 llegó a 198 presos cada 100.000 habitantes. Es decir, un 47% de crecimiento en solo 6 años. A diciembre de 2019 el 48% de las personas privadas de su libertad (3375) son presos sin condena pues están cumpliendo una medida cautelar en el marco del proceso penal. De los 6963 detenidos, en ese momento, 510 se encontraban recluidos en espacios policiales”.
Entre las propuestas está la creación de una mesa de trabajo para generar la información necesaria para la toma de decisiones; relevar la situación de los detenidos en cuanto a grado de cumplimiento de condenas así como delimitar personas con prisión preventiva con delitos no violentos para trabajar en su recuperación.