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Sábado 28.03.2020 - Última actualización - 15:21
15:18

Un plan nacional se opone al B-100 santafesino

Choca contra los biocombustibles la compra de ómnibus eléctricos

En lugar de promover la industria local del biodiésel (Santa Fe es la primera productora) la Casa Rosada ha anunciado su interés en poder importar unidades fabricadas en China, alimentadas con energía eléctrica. El sector en crisis recibe otra mala noticia mientras sigue sin cumplirse el corte verde en el diesel.

 Crédito: NA
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Un plan nacional se opone al B-100 santafesino Choca contra los biocombustibles la compra de ómnibus eléctricos En lugar de promover la industria local del biodiésel (Santa Fe es la primera productora) la Casa Rosada ha anunciado su interés en poder importar unidades fabricadas en China, alimentadas con energía eléctrica. El sector en crisis recibe otra mala noticia mientras sigue sin cumplirse el corte verde en el diesel. En lugar de promover la industria local del biodiésel (Santa Fe es la primera productora) la Casa Rosada ha anunciado su interés en poder importar unidades fabricadas en China, alimentadas con energía eléctrica. El sector en crisis recibe otra mala noticia mientras sigue sin cumplirse el corte verde en el diesel.

El gobierno nacional anunció que ha decidido poner en marcha “una agenda de electromovilidad” en la que el reemplazo de los colectivos alimentados con diésel por unidades chinas eléctricas es la clave. Es una mala noticia para la producción nacional de biodiésel, en la que Santa Fe tiene la mayoría planta de las plantas y concentra el 80 por ciento de la producción de ese combustible.


El sector que lidera Santa Fe apuesta por ganar el mercado del diésel en el transporte público de pasajeros mediante el B-100, el combustible que no tiene derivados del petróleo (es de origen verde en su totalidad) y desde hace un año alimenta las unidades del transporte público de Rosario.


El gobierno provincial anterior y los productores biodiésel acordaron con esa Municipalidad llevar a cabo el reemplazo del diésel. Y el B-100 logró la certificación de aptitud del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, no hubo mayores dificultades para la sustitución, entre otros logros que demuestran su viabilidad.


Los colectivos verdes de la ciudad del sur son mucho más que un buen argumento comunicacional del último gobierno del Frente Progresista, se trata de una punta de la lanza en la que está en juego quién se queda con el mercado de la energía para mover el transporte público de pasajeros.


En la agenda


El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, indicó a principios de marzo que “próximamente se anunciarán los detalles de una agenda de electromovilidad” y expuso en qué consiste el proyecto: básicamente importar unidades de colectivos eléctricos fabricados en China, con el objetivo de promover la extracción de litio clave para la producción de baterías- en el noroeste argentino. “No emiten gases contaminantes, son menos ruidosos, tienen bajo costo de mantenimiento y una autonomía promedio de unos 200 kilómetros”, se destacó desde la Casa Rosada.


Aunque se sabe que la importación no será posible en el corto plazo, el proyecto fue presentado como una forma de superar a los actuales colectivos alimentados con diesel y un módico corte de biodiésel. (Ver aparte)


El plan está “a la espera de que la economía se tranquilice”, es la definición oficial, y naturalmente sujeto a la evolución de la pandemia de coronavirus.


Otra vez, las petroleras


En la carrera por encontrar una mayor sustentabilidad en el combustible para el transporte de pasajeros urbano no hay una pulseada entre la energía eléctrica y el B100, a la hora de sustituir el diésel.


Debe advertirse que aún el 60 por ciento de la generación de la electricidad proviene de las usinas térmicas, que queman gas natural. Otra vez, la pulseada para el biodiésel en el que Santa Fe tiene mucho que perder es con la poderosa industria del petróleo y el gas.


Es verdad que crece la participación de la energía de otras fuentes renovables, como el sol y el viento, y que hoy cubren un nada despreciable 4 por ciento producto de las inversiones durante la gestión anterior a nivel nacional. Medía menos de un punto, pero todavía está lejos el objetivo planteado de llegar al 8 por ciento de la matriz de generación eléctrica. Mientras, la producción de energía hidráulica y nuclear requiere de unas inversiones tan intensas como de extensos plazos de obras. Obviamente, se piensa en quemar gas.


Menos bio en el diésel, como lo dejó el macrismo


Una resolución del gobierno de Mauricio Macri, que daña seriamente la producción de biodiésel en Santa Fe sigue vigente, luego de los primeros 100 días del gobierno de Alberto Fernández.


Se trata de la autorización que contra la legislación- les permite a las petroleras no cumplir con el porcentaje de biodiésel que debe llevar el diésel, en todas sus variedades en el país.


Esa medida, más las trabas a las exportaciones de biodiésel argentino impuestas desde Europa y Estados Unidos paralizaron el sector en un 50 por ciento. Y la provincia más afectada es Santa Fe.


La Liga de Biocombustibles que integra a las provincias productoras de biodiésel y de bioetanol (el alcohol de caña de azúcar que llevan las naftas) no ha logrado que cambie la resolución 552/19 que pretende obligar al sector a no reclamar por una actualización en los precios de ambos productos que las petroleras no han pagado.

 

En ese contexto, el gobierno nacional y el actual han hecho la vista gorda para que el diésel y las naftas no contengan las cantidades de biodiésel y bioetanol dispuestas por la Ley 26.093.


El secretario de industria de Santa Fe, Claudio Mossuz dijo recientemente que “los biocombustibles enfrentan hace tiempo un problema grande a nivel nacional, por la falta de definición en precio de referencia y como arrastre también del valor del dólar, la situación del petróleo a nivel mundial, entre otros temas”.


“En el segundo semestre de 2019, prácticamente se paralizaron todas las plantas del país. Estamos en permanente contacto y se está trabajando para reactivarlas en Santa Fe. De hecho, junto a las otras provincias productoras, integramos la Liga Bioenergética, espacio en el que interactuamos funcionarios y empresarios del sector, en diálogo también con Nación”, agregó.

 
>> Por ahora, silencio
L.R.

El 2 de marzo, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció el plan del gobierno nacional de llevar adelante “una agenda de electromovilidad”, con el objetivo de renovar la flota del transporte público de pasajeros y comprar unidades que funcionen con energía eléctrica.
El anuncio fue en un panel del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que se celebró en el Centro Cultural Kirchner. Allí el funcionario dijo que se trabaja en tres ejes: “La industrialización del litio, la incorporación de los fabricantes de autopartes y la renovación de la flota del transporte público”, del biodiésel nada.
A juzgar por el tiempo que pasó desde que el gobierno nacional ha puesto en carrera a un nuevo competidor, en la disputa para quedarse con el mercado de los requerimientos energéticos del transporte público de pasajeros, es intencional el silencio de la Casa Gris.
Es cierto que la pandemia hoy ocupa por completo la agenda pública y que los planes de la Casa Rosada son de largo plazo. De todas formas, debe advertirse que al menos públicamente, la Casa Gris ha optado por callar.
En rigor, algo parecido ocurre con la llamada Liga Bioenergética de Provincias Argentinas que además de Santa Fe integran Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Buenos Aires.
Las dificultades del sector de las energías verdes frente a las petroleras (que incumplen con el corte previsto del 10% de biodiésel en el diesel, y del 12% de bioetanol en las naftas) son mayores desde mediados de 2019 cuando el gobierno nacional anterior dejó de hacer cumplir esas proporciones.
En mayo del año pasado, el entonces candidato a gobernador Omar Perotti decía que la Nación debía subir “a un 30%” la porción bio en el diésel y que la Provincia (entonces gobernada por Miguel Lifschitz) debía exigirlo a las autoridades nacionales.

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El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
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