El Ente Regulador de los Servicios Sanitarios funciona hoy con más contratos de monotributistas -que en los papeles figuran como proveedores de servicios- que con empleados de planta permanente.
El Enress mantiene desde 1994 una nómina de empleados que ha tenido muchas más bajas que altas. En lugar de cubrir cargos se firmaron contratos con monotributistas, que ganan bastante menos. El doble estándar se disimula más con vocación que con recursos.
El Ente Regulador de los Servicios Sanitarios funciona hoy con más contratos de monotributistas -que en los papeles figuran como proveedores de servicios- que con empleados de planta permanente.
Y esa anomalía laboral, que por ahora se puede disimular más con vocación por la misión del Ente y por compromiso personal que con recursos, ha creado una suerte de doble estándar que si no se corrige puede afectar sus resultados.
El Enress nació en 1994, cuando se sancionó la Ley 11.220 que privatizó el servicio de agua potable y cloacas en 14 distritos de la provincia, al otorgarse en concesión la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias. Parte del personal del ente regulador proviene de esa repartición y su plantilla contó al comenzar a funcionar, en 1995, con unas 120 personas. Hoy, en toda la provincia hay 90 trabajadores, pero la mayoría no está debidamente nombrada. Los empleados de planta, en minoría, apenas superan los 40.
Como suele ocurrir en el sector público, las soluciones transitorias por imperio del paso del tiempo y la falta de decisiones oportunas se han convertido en un asunto permanente, incorrectamente normalizado.
Existen más empleados “en negro”, que llevan ya 6 años o más de espera, con ingresos bastante más bajos que sus compañeros de trabajo con todos sus derechos.
La situación se repite en cada una de sus Gerencias. Es más la gente que espera poder entrar a planta permanente que la que cuenta con todos los derechos de un trabajador en blanco y bajo un convenio que lo protege.
Obviamente, las comparaciones salariales son constantes en cada oficina. Dos empleados se desempeñan en tareas idénticas y uno de los dos cobra apenas unos 30 mil pesos, paga su monotributo, y debe esperar que alguna vez le toque estar en la misma situación de quien ocupa el otro escritorio. Tienen idénticas labores y responsabilidades pero a fin de mes, las diferencias son evidentes.
Las situaciones tensas, los reproches entre quienes no son responsables de esa situación, desgastan enormemente las relaciones de trabajo, según comentan quienes están ya contando los años que les restan para su jubilación.
El Enress no solo tiene la misión de supervisar la concesión de la actual empresa estatal Aguas Santafesinas SA (que hasta 2006 fue Aguas Provinciales SA, en manos privadas). Su labor de supervisión de la calidad del agua potable y de las condiciones generales de los servicios de distribución de agua y cloacas comprende los 422 concesionarios que se extienden por toda la provincia: hay cooperativas dedicadas exclusivamente a brindar estos servicios, otras que se encargan de éstos y también de otras prestaciones; existen municipalidades y comunas que incluyen agua y/o cloacas entre sus tareas y hay otras situaciones de pequeños desarrollos de distribución de agua potable -en escalas mínimas- que no pueden ser encuadradas en esas categorías, formadas por asociaciones de vecinos.
La regulación de los servicios sanitarios es un producto de la década del ’90. Al país el concepto de separar a quien controla del prestador llegó con décadas de atraso, y fueron las privatizaciones las que obligaron a constituir los entes reguladores.
En Santa Fe, el Enress tiene su propio presupuesto y una conducción integrada por un directorio que es nombrado con pliegos que envía el Ejecutivo a la Legislatura. El proceso es similar al de los jueces, pero los mandatos están acotados a cuatro años, que no siempre coinciden con las gestiones de la Casa Gris.
El Enress emite resoluciones de su Directorio que son el producto de la labor de sus Gerencias. Los fundamentos técnicos de esas áreas especializadas en general- se incluyen en esos dictámenes más allá de las posiciones finales que adopte la conducción del organismo, y esas resoluciones son públicas.
La calidad de los dictámenes técnicos se basa, en parte, en las certezas que brinda un cargo estable en el Estado.
El secretario general del Sindicato Santa Fe de Trabajadores de Obras Sanitarias, Sergio Loyeau, lamentó que en Aguas Santafesinas SA exista un centenar de contratos que aún no han pasado a planta permanente y advirtió que en caso del Enress, “la situación es peor aún”.
“La queja nuestra es mayor con el ente regulador porque allí los cargos están creados, las partidas existen y solo hace falta tener la voluntad política de resolver esas situaciones. Lo planteamos durante el gobierno anterior y lo hemos vuelto a señalar ahora con la gestión que se inició en diciembre del año pasado”, dijo a El Litoral.
Recordó que las autoridades salientes a nivel provincial habían asumido el compromiso de dejar un cuadro más prolijo en la nómina de personal, para que los monotributistas sean debidamente conveniados “se iba a hacer en los últimos meses de la gestión anterior pero eso no ocurrió”, lamentó Loyeau.
Cabe recordar que por entonces, los cuestionamientos respecto del pase a planta de numerosos empleados públicos fue parte de las primeras tensiones de la transición, cuando quienes iba a asumir rechazaban que tras las elecciones- hubiera más designaciones de planta, aunque se tratara de trabajadores que llevan varios años en esa situación precaria.
La actual conducción gremial, que asumió sus funciones hace dos años, subraya que hay unos 120 contratados en Aguas Provinciales y que en el Enress los cargos existen, quedaron vacantes por jubilaciones y defunciones pero simplemente “no se han ocupado”. El dirigente gremial destacó que no es poco lo que pierde el Estado cada vez que un empleado formado durante años encuentra otro mejor ingreso y no renueva sus contratos.
En Santa Fe, el Enress tiene su propio presupuesto y una conducción integrada por un directorio que es nombrado con pliegos que envía el Ejecutivo a la Legislatura. El proceso es similar al de los jueces, pero los mandatos están acotados a cuatro años, que no siempre coinciden con las gestiones de la Casa Gris.