Combatiendo a la República

Detrás de la dramática pelea contra la pandemia, que el gobierno nacional gestiona con éxito exclusivo y con criterio excluyente, se deja ver con claridad una línea de avanzada de poder: el capital es el primer enemigo en el frente político que pretende reescribir sin disimulos autocráticos, las reglas que regulan las instituciones del país, y en las que se juegan vidas y bienes de personas y empresas.

“Es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones. Porque la vamos a escribir igual”, amenazó Graciana Peñafort al máximo tribunal de Justicia de la Nación. La directora de Asuntos Jurídicos del Senado reclamó que los magistrados dictaminen a favor de lo que Cristina les pidió: sesionar fuera de la sala del Senado para tratar el impuesto a la riqueza. La vicepresidente incluso acusó a Carlos Rosenkrantz de impedir ese gravamen.

El reclamo kirchnerista supone no sólo una advertencia sobre el uso de la violencia para imponer la voluntad de poder. Viola el reglamento de la Cámara alta y el principio de división de poderes que establece la Constitución. Y se formula a confesión de parte: el proyecto plantea una ilegal doble imposición porque el impuesto al patrimonio ya existe. Se podría en todo caso incrementar la alícuota a nombre de la situación extraordinaria, pero esa no es la pretensión del relato.

En la agenda parlamentaria asoman proyectos para que las empresas no puedan ajustar por inflación sus balances, lo que supone pagar más Ganancias (sobre la nominalidad, es muchas veces un impuesto a las pérdidas). Y también cambios en las reglas financieras para que los bancos presten a tasa negativa y en parte sin garantía estatal, los ahorros de sus clientes. Eso mientras los ahorristas están impedidos de retirar todos sus pesos (al menos no más de $ 15 mil por día) mediante un “corralito de hecho”.

Por los pasillos de la Casa Rosada recobran fuerzas los rumores para nombrar directores estatales en empresas privadas, e ideas supuestamente “estatizantes” como volver a comprar acciones de YPF (que sigue siendo una SA). Sería repetir un acto por el cual el país ya tiene juicios internacionales y multimillonarios en su contra, en tribunales de Nueva York, por incumplir las reglas con las que se maneja el capital.

El tema económico no es sin embargo el único. Un nuevo capítulo de la malversación de los derechos humanos sometidos al interés político de turno, llevó al secretario del área en el gobierno de Alberto Fernández, a pedir la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime. Un emblema de “la corrupción que mata”, un hombre que ya tiene el doble conforme que ratifica su sentencia. Horacio Pietragalla también amenazó a los jueces; a diferencia de la Corte, la Cámara de Casación ya desestimó “jurídicamente” su apriete.

Las desmesuras distorsionan al Estado de Bienestar e incluso a la justicia social. La autocracia -el nuevo contrarto social a sola firma- anida tras un presidente que supuestamente se enoja o no está de acuerdo con una parte decisiva de su propio gobierno. Las amenazas que ya apelan incluso a la sangre, apuntan contra la República, y seguirán allí aún cuando el virus desaparezca.