El derrumbe de la demanda de energía eléctrica en la industria llevó a las autoridades nacionales a tomar una medida también excepcional. Se trata de contemplar los costos del servicio para los grandes usuarios, es decir, las industrias (y algunos pocos clientes comerciales) que por sus requerimientos eléctricos pueden contratar la compra de energía directamente en el mercado mayorista.
En la provincia de Santa Fe hay unas cien firmas en esa condición y la mayoría se encuentra en el sur, que concentra un 50% del total de la demanda de todo el mapa de la bota.
Las empresas electrointensivas deben pagar tanto por la energía que efectivamente consumen como por la que estiman que van a consumir, y formulan esos cálculos antes de comenzar el trimestre (en este caso marzo, abril y junio).
Ante la imprevista caída de los requerimientos de todo el sector industrial (tanto de cantidad de energía como de potencia) el gobierno nacional ha establecido que solo se les cobrará lo demandado, es decir, lo efectivamente consumido.
“Dentro de un panorama muy malo, es una buena noticia para las empresas más grandes, las que más consumen. No les van a cobrar por potencia contratada sino por la efectivamente requerida y para las industrias que no están trabajando, esto debería traducirse en una baja en la factura, en algunos casos dependerá de la EPE”, confió a El Litoral una fuente calificada, fuera de la empresa.
“Creo que a nivel nacional han privilegiado la cobrabilidad”, dijo cuando se preguntó si esta decisión no agrega algún riesgo en el sistema eléctrico argentino.
En tanto, en la Empresa Provincial de la Energía se informó que hasta ahora no ha llegado una comunicación oficial al respecto, que provenga de la Secretaría de Energía de la Nación.
La aclaración es importante porque la Epe les cobra a los llamados Grandes Clientes el peaje por usar sus líneas de transmisión y en esos valores finales, obviamente, influye el total pactado entre cada compañía y su proveedor del mercado eléctrico mayorista.
Un equilibrio en cambio constante
Por cada motor que consume energía eléctrica en una industria, en un extremo del sistema de energía eléctrica del país, debe haber una usina eléctrica que la produzca.
A grandes rasgos, la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) es la encargada de gestionar ese equilibrio, siempre cambiante, entre la demanda de la energía (del lado de los clientes residenciales, comerciales e industriales) y la generación de energía (las usinas que queman gas natural, fueloil u otros combustibles, las que aprovechan la fuerza hidroeléctrica, la nuclear, o las nuevas energías verdes como la eólica o solar).
Obviamente un criterio económico guía el trabajo de Cammesa al equilibrar las cargas. Ordena la generación según la demanda y cuanto más caro es producir un megavatio menores son las chances de que sea utilizado. Por eso a esos equipos menos económicos se los deja “en reserva”, con contratos de provisión de potencia “en frío” basados en las proyecciones de la demanda.
Así, por el clima y por los vaivenes económicos se formulan previsiones estacionales para que disminuir el margen de error. Y por eso cada gran consumidor de energía debe pagar tanto por lo que consuma como por lo que estime que consumirá.
Como en la energía eléctrica las inversiones, además de millonarias y en dólares, son de mediano y de largo plazo, cada industria electrointensiva debe formular previsiones incluso de hasta tres años, además de calcular cuánta potencia requerirá por cada trimestre (y de pagar por ella). Se trata de información técnica que ayuda a planificar la generación, el transporte y también la distribución de la energía.
Cada vez que esos cálculos fallan (o no se cumplen las inversiones previstas) hay más riesgos eléctricos y apagones.
Una nota de Cammesa a la Secretaría de Energía de la Nación a la que accedió El Litoral indica que “se observa una significativa e imprevista reducción de la demanda”, producto de la cuarentena y “del consecuente nivel de actividad” económica.
Y destaca luego que los grandes consumidores tienen “cambios significativos en el comportamiento de su demanda y en particular en el requerimiento máximo declarado”, es decir, en lo que calcularon que necesitarían para sus procesos productivos, hoy paralizados.
Cammesa advierte que esas variaciones “se mantendrán imprevisibles hasta tanto se normalicen las condiciones con relación al aislamiento” y para “eliminar la mencionada distorsión producida, mientras ésta perdure y ante la imposibilidad de contar con una previsión adecuada”, se toma la decisión de que a partir del mes de abril y mientras persistan las condiciones de aislamiento “no se considerará la declaración de requerimiento máximo” realizada por las empresas, “utilizándose solamente los valores efectivamente consumidos”.