Intervención y posible estatización de Vicentín: el agro vuelve al centro de la escena política

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El presidente Alberto Fernández anunció ayer la intervención de la agroexportadora Vicentin como paso previo a enviar al Congreso un proyecto de ley de declaración de utilidad pública inmediatamente se inició un sinfín de repercusiones y con ello el sector agropecuario volvió a colocarse en el centro de la escena política. Aunque está lejos de la dimensión que tuvo en su momento, quizás desde 2008 y la pelea por la retenciones móviles que esto no ocurría.

El mandatario manifestó que el objetivo es rescatar a la empresa, cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación, para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos. “Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen”, aseguró el mandatario, que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado.

El Presidente destacó que el objetivo es “rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales”. También señaló: “que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante”, expresó, y consideró que la medida es “estratégica” y que “favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”.

“Estamos todos muy angustiados, con mucha impotencia y mucha bronca” le dijo a EL Litoral el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, a pocos minutos de conocerse el anuncio presidencial. En Avellaneda está la planta principal de Vicentin, firma que nació hace 92 años en ese lugar. El intendente norteño expresaba una sensación de angustia que se repetía en muchos lugares del dpto General Obligado.

También se expresó muy críticamente la diputada nacional Lucila Lehmann (CC - Santa Fe). “Una empresa que se presentó en concurso hace apenas cuatro meses el gobierno decide expropiarla. Tenía un largo trámite concursal por delante y estaba continuando con su operatoria comercial. ¿Qué es lo que motiva esta decisión? ¿Los 4 mil puestos de trabajo directos e indirectos?. Con un concurso en trámite tan incipiente, es al menos prematuro intervenir una empresa sin dejar al menos que avance el trámite concursal que, como tal, su objetivo es el saneamiento de las compañías. Solo en marzo del corriente año se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo. No veo que el gobierno haya decidido salir a expropiar empresas por eso” le dijo a EL Litoral.

“Es claro que no se trata de los puestos de trabajo” acotó. “El gobierno habla de soberanía alimentaria. ¿Qué es eso? Lisa y llanamente que el Estado sea quien decida sobre la producción de alimentos. Y no puedo más que oponerme a esa ideología” advirtió.

Para Lehmann “los problemas de alimentación que hay en la Argentina no tienen absolutamente nada que ver con la producción de alimentos. El sector agropecuario produce alimentos y lo sabe hacer muy bien a pesar de las dificultades que le han planteado varias veces a lo largo de la historia. Parece más que el gobierno quiere tener su propia empresa agroexportadora y así fijarle el precio al productor por el fruto de su trabajo, distorsionando aún más el mercado como ya lo hace con las retenciones. Lamentablemente cuando se desconoce la historia se la termina repitiendo. Ya sabemos la historia de las expropiaciones kirchneristas: YPF que pagamos varias veces lo que vale y aun tenemos un litigio que nos costará muchísimos millones más. Ciccone, que no hace falta siquiera mencionar nada, y ahora esto. No hay motivos para apoyar estas decisiones”, remató.