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Jueves 23.07.2020 - Última actualización - 22:21
16:38

Las distribuidoras abren el paraguas

Crisis de pagos en el sector eléctrico

Mientras llueven críticas sobre la privada Edesur, la asociación de empresas que distribuyen energía (donde también está la santafesina Epe) reclama reglas de juego claras. La cadena de pagos está rota y hay 10 mil millones de razones para prestarle atención desde Santa Fe.

 Crédito: Archivo El Litoral
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Las distribuidoras abren el paraguas Crisis de pagos en el sector eléctrico Mientras llueven críticas sobre la privada Edesur, la asociación de empresas que distribuyen energía (donde también está la santafesina Epe) reclama reglas de juego claras. La cadena de pagos está rota y hay 10 mil millones de razones para prestarle atención desde Santa Fe. Mientras llueven críticas sobre la privada Edesur, la asociación de empresas que distribuyen energía (donde también está la santafesina Epe) reclama reglas de juego claras. La cadena de pagos está rota y hay 10 mil millones de razones para prestarle atención desde Santa Fe.

Garantizar “el cumplimiento de los contratos, certidumbre y seguridad institucional” son las demandas principales de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, que en las últimas horas emitió un comunicado de prensa.


El texto de Adeera merece una lectura atenta, por el contexto de crisis económica que vive el sector y por la lluvia de críticas a la empresa Edesur, una de las dos grandes compañías privadas que suministran el servicio en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires desde las privatizaciones peronistas de la década del 90.


De la asociación también son parte las empresas estatales, como la santafesina Epe, y se ocupan de destacar que existe una “difícil coyuntura económica” que ha creado “una importante caída en la recaudación de los últimos meses”. Subraya las “dificultades que las actuales circunstancias producen sobre la operación del servicio”.


Sin mencionar el caso puntual de Edesur, Adeera indica que “en este contexto y teniendo en consideración las particulares características de esta actividad, ahora más que nunca las distribuidoras requieren garantizar el cumplimiento de los contratos, certidumbre y seguridad institucional a todos los actores involucrados en la industria, de tal manera de poder garantizar la prestación del servicio en las actuales circunstancias y planificar razonablemente las inversiones en el corto y mediano plazo”.


El comunicado sostiene que ante la pandemia se han implementado protocolos de trabajo para garantizar el servicio, y que “la calidad del servicio eléctrico se mantiene en parámetros de eficiencia, aun en las actuales circunstancias, hecho absolutamente comprobable por los distintos organismos de control del sector”, opina.


Y destaca que “ese escenario se sostiene a pesar de la importante caída en la recaudación de los últimos meses y de las dificultades que las actuales circunstancias producen sobre la operación del servicio. Todo esto se ve potenciado por el hecho que las distribuidoras tuvieron que asistir a muchos de sus usuarios, a través de planes de financiación, postergación de los cortes por falta de pago e inclusive reducción de los contratos de potencia a los grandes usuarios, como así también la implementación en tiempo récord de sistemas de atención virtual”.



¿Sólo voces aisladas?


Esta semana el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires solicitó al Ente Nacional de Regulación de Electricidad (Enre) que tome “medidas drásticas” con Edesur, ante los constantes apagones en municipios de esa provincia. Planteó que se le “debería quitar la concesión”.


Lo que dijo Guido Lorenzino Matta, un ex diputado provincial que viene del sciolismo y tiene directa vinculación con intendentes bonaerenses, patea el tablero del sector eléctrico. Hasta aquí, ni durante el kirchnerismo ni el macrismo se ha puesto en la agenda la posibilidad de hacer caer una de las dos grandes privatizaciones en la distribución.


Y la reacción de las distribuidoras -públicas y privadas- nucleadas en Adeera no se hizo esperar.


El defensor bonaerense es producto de un acuerdo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal con intendentes del PJ nucleados en el llamado Grupo Esmeralda. Ese cargo se consensuó al mismo tiempo que la ley de presupuesto en 2017. Luego de sus declaraciones, los jefes políticos territoriales del área más poblada del país salieron a reclamar lo mismo: que caiga la concesión.


Son absurdas las comparaciones que abundan entre la puja por el futuro de Vicentin y el de Edesur: hay todo un marco regulatorio y un convenio bilateral internacional que ata al país con el Ciadi de diferencia.


¿Cruce de subsidios?


Los tironeos entre sectores políticos que forman parte del gobierno nacional y las distribuidoras eléctricas llegaron al punto de que se haga correr el rumor de que Aníbal Fernández (hoy al mando de Río Turbio) podría ocupar un cargo importante en la Secretaría de Energía de la Nación. El funcionario lo negó.


Otro rumor, en cambio, tomó más cuerpo esta semana: el gerente de Cammesa dijo que el país, cuando pase la pandemia, necesitará un esquema de “subsidios cruzados”. Es decir, un sistema solidario en el que “quien pueda pagar apoya al que no”, según las explicaciones que Esteban Kiper brindó en un encuentro virtual sobre el sector.


En la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista impacta la crisis de pagos del sector en la Argentina. Y aunque el índice de cobrabilidad ha mejorado de un horrible 30% en mayo, a un crítico 70% actual todo indica que se buscará algo más que el subsidio estatal.


Kiper dijo que en el momento más duro fue “el tesoro nacional el que asistió a Cammesa” cuando se quebró “la cadena de pagos” y aseguró que la perspectiva es “mirar con detenimiento cómo se asigna la recomposición de tarifas entre los distintos segmentos de la sociedad”, lo que equivale a aumentos.


El dato no es menor para los santafesinos. La Epe le debe a Cammesa 10 mil millones de pesos, producto de la falta de pago de la energía mayorista en los últimos seis meses de 2020.

 

Biocombustibles: quejas de los pequeños productores

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles lamentó que el sector “va a la parálisis total e inminente quiebra”. Pidió al gobierno nacional la publicación del precio de referencia y la prórroga del Régimen de Promoción que vence en 2021
El sector reclamó que sea prorrogada la Ley 26.093, que creó esa industria productora de energías verdes y fijó cupos de corte para el bioetanol (producido a partir de caña y maíz) del 12% en las naftas, y del biodiesel (elaborado con oleaginosas) del 10% en el diesel. En la provncia de Santa Fe se produce el 80% de ese combustible que ya demostró en la flota de colectivos de Rosario que puede ser utilizado al 100% con el B1 fluctuaciones de los costos y calculando un precio en función a ello.
En un comunicado la Cepreb indicó que durante el gobierno anterior “se desarticuló todo el esquema de cálculo de precio al punto tal que la última fórmula válida para nuestra industria fue la vigente a julio de 2015; a partir de allí, los cálculos publicados en la mayoría de los supuestos ni siquiera permitían cubrir los costos variables” y esa situación no ha sido corregida aún.
Además, explicó que el aceite sube de manera constante en las últimas semanas. “Con un costo dolarizado y un precio de venta pesificado y congelado a diciembre de 2019, nos resulta imposible continuar con la producción”, agrega el texto.

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El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
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