Industriales y gremios "privados" avalan la adhesión a la ley de ART

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) solicitó a los diputados que consideren una rápida aprobación del proyecto de adhesión a la ley de ART con media sanción remitido por el Senado “y así poner todo el foco y la atención en lo que realmente debe ser en materia de seguridad y salud que es la prevención, más aún en una provincia, donde contamos con una valiosa herramienta como son los comités mixtos”. La postura fue expuesta por el presidente de la entidad, Víctor Sarmiento, y el secretario, Walter Andreozzi, quienes participaron -en forma virtual- de la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de la Cámara Baja que tiene bajo análisis el mensaje del Poder Ejecutivo de adhesión a la ley nacional 27.348, complementaria a la ley sobre Accidentes de Riesgos del Trabajo (ART) que fuera sancionada en marzo de 2017.

En paralelo, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Sukerman, visitó ayer tres gremios locales santafesinos cuyos dirigentes dieron su aval al proyecto que está en discusión en Diputados. Se trata de la conducción provincial de UOM, así como las locales de UOCRA y CUEC (Comercio). En este viernes, el integrante del gabinete provincial sigue reuniones con entidades en Rosario.

“Lo veo como un gran fracaso de la política santafesina que en tres años y medio, no haber logrado los consensos para sancionar esta norma” le dijo Andreozzi a El Litoral. En la Legislatura anterior no hubo acuerdo para votar la adhesión más allá de proyectos de legisladores así como del entonces gobernador, Miguel Lifschitz. Ahora es Omar Perotti el que pide la adhesión a la norma.

La comisión de Laborales que preside el radical Fabián Palo Oliver además de Fisfe recibió esta semana a la conducción de Festram, crítica del proyecto, uno de los pocos gremios estatales incluidos en el sistema de ART donde además reclamaron ser excluidos de ese sistema.

Los argumentos

Los industriales reiteraron ante Diputados que la ley “pone el foco en uno de los temas que provoca mayor distorsión en todo el régimen reparatorio de los infortunios laborales, cual es la alta, y muchas veces, fraudulenta litigiosidad, sumado a la creación de los cuerpos médicos periciales y la adecuada utilización de los baremos. Dicha norma no tuvo nunca objetivos mayores, y por eso no debía ser merecedora de expectativas mayores” acotó Andreozzi.

La provincia de Santa Fe junto a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las pares de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza concentran 93% de la litigiosidad del país y el 77% de la siniestralidad. El dato de Andreozzi es que “mientras el promedio de alícuotas a nivel nacional es del 2,78%, en Santa Fe se eleva al 4,06% lo que genera un sobrecosto de más de 358 millones de pesos mensuales, que el sector empresario, esencialmente pyme está soportando por la falta de instrumentación de esta reforma”.

Andreozzi destacó que la norma establece mecanismos de concertación entre la Superintendencia y el gobierno provincial; ratifica y valida el rol de las comisiones médicas, como instancia administrativa, previa y especializada; fijando un plazo de 60 días hábiles para sus resoluciones y asegura todos los derechos de los trabajadores; establece un servicio de homologación que, para el supuesto de acuerdo entre las partes su resolución hace cosa juzgada administrativa, quedando concluida la controversia y la entrada en vigencia queda supeditada a la suscripción de los convenios de colaboración entre la SRT y el gobierno provincial y a la efectiva implementación de las comisiones médicas.

“La crisis económica agravada por los efectos de la pandemia del Covid-19, nos exigen una eficiente articulación entre Estado, trabajadores y empresas. Debemos despejar definitivamente situaciones que van en el sentido contrario como son las distorsiones en la aplicación de la Ley de Riesgos de Trabajo”, concluyó Andreozzi.

Sukerman recoge adhesiones

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Sukerman, mantuvo una serie de encuentros en esta capital con dirigentes de UOCRA, CUEC y UOM que expresaron la adhesión al proyecto ART. “Es importante porque los gremios que representan a los trabajadores del sector privado han expresado mayoritariamente su apoyo. La propuesta es generar una instancia administrativa en donde se puedan resolver los temas de accidentes y enfermedades laborales y que no tengan que recurrir a la Justicia como única instancia porque son procesos que demoran años en resolverse”, explicó. “Las restantes provincias cuando adhirieron a la ley de ART le regalaron a Nación el procedimiento; nosotros no. Eso es una garantía para los trabajadores. Debemos recordar que la instancia judicial siempre puede estar presente si uno no está de acuerdo con la instancia administrativa, pero nos parece muy importante contar con un procedimiento previo que sea ágil y transparente”, acotó.

Sukerman fue recibido ayer por Adrián Ferreyra, secretario general del CUEC; César Cassina, secretario de la UOCRA y José Luis Ortiz, secretario general de UOM Santa Fe junto a representantes de seccionales de la provincia.

El ministro insistió en que según el proyecto votado por el Senado “los trabajadores en caso de sufrir un accidente o una enfermedad laboral, cuenten con un procedimiento sencillo, ágil, y transparente para no tener que recurrir si o si a la justicia. Que haya una instancia administrativa previa que pueda determinar la incapacidad en caso de que se genere y avanzar en la indemnización”. Sukerman dijo ser “muy respetuosos de las voces críticas, pero muchas veces tienen que ver más con el propio sistema de las ART que con nuestra adhesión”.

Rechazo

“Cualquier cosa que satisfaga a las ART y no avance en el derecho de los trabajadores, es una ley injusta”, expresó Pedro Bayúgar, titular de Sadop sobre el proyecto de adhesión a esta norma. Sadop y Amsafe expusieron ante Diputados su postura crítica a dicho instrumento.

“Ratificamos nuestra posición histórica de rechazo porque no significa ningún avance ni ninguna mejora para los trabajadores. Todo lo contrario, pone trabas al procedimiento de reconocimiento de los accidentes y enfermedades profesionales y solo trata de asegurar la rentabilidad de las ART, que son empresas de comercio que lucran con la menor cantidad de pagos de siniestros”, explicó.