El mismo día el Senado aprobó su proyecto y otro Diputados. El primero crea una obligación: la de donar su plasma para los curados de Covid 19 en condiciones médicas adecuadas; la segunda promueve una campaña de concientización publicitaria (algo que el Ejecutivo está en condiciones de hacer sin una norma).
Ambos se aprobaron por unanimidad el 2 de julio y el que realmente genera debate es el que contiene una disposición innovadora, basada en las necesidades sanitarias que impone la pandemia, que consiste en obligar a donar. Como en todo oxímoron los opuestos dan como resultado un tercer significado que, en palabras del autor del proyecto, busca asegurar que “la salud no sea el privilegio de algunos sino que es el patrimonio de todos”.
“Cuando el Preámbulo de la Constitución habla de promover el bienestar general, yo creo que el derecho a la salud es una de la principales maneras de hacerlo”, dijo en aquella sesión Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio).
Esta semana el senado recibió una mala noticia: desde la otra Cámara ya le avisaron que su proyecto pasa sólo si resigna que la donación sea obligatoria. “En ese caso no vale la pena aprobarlo, se pierde lo principal del proyecto”, respondió cuanado le ofrecieron “una nimiedad” que la ley sea de su autoría. “Tendría mi nombre pero no serviría para nada”, resumió.