En democracia es lícito sentir lo que se quiere y decir lo que se siente

Por Javier Francisco Aga (*)

En horas de la tarde del 29 de julio del presente año, y ante la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, miembros de la Cámara de Diputados y Senadores, la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, decanos y decanas de Universidades Nacionales y los once integrantes del consejo de asesores, el presidente Alberto Fernández anunció el proyecto de ley de reforma judicial.

Legisladores y dirigentes políticos seguramente debatirán el proyecto. Pero desde el ámbito académico como es el nuestro, estamos autorizados a opinar como siempre lo hemos hecho sobre temas que hacen a nuestro campo de conocimiento. Una Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales siempre está atenta a las reformas, pero su principal interés es velar por la integridad del estado constitucional de derecho y la independencia del máximo tribunal institucional. Y en nombre de la prudencia advertimos que esa integridad puede estar en peligro.

Analicemos brevemente tres tópicos referidos a la oportunidad, contenido e intencionalidad.

¿Es oportuno para el país una reforma judicial?

Se ha dicho con acierto que nunca los momentos son oportunos para las reformas, pero convengamos que este es uno muy malo para la Argentina, que se encuentra inmersa en una tempestad económica y social como nunca se vio en toda su historia, lo que amerita un problema a resolver en lo inmediato.

Hasta el momento el COVID-19 ha provocado más de 175.000 contagios y 3.200 muertos, lo que hace pensar en un inminente e indeseado colapso sanitario.

La caída de la actividad económica es del 8,4% del P.B.I.

La actividad industrial cayó un 33,5%.

La industria de la construcción se derrumbó en un 75,6%.

Los índices de inflación son del 42,76%, aunque los economistas calculan que llegará en breve al 46% en el transcurso del presente año.

Prevén que la pobreza escalará al 50%.

Según los datos del Observatorio Social de la UCA, entre los meses de marzo y mayo, unas 900.000 personas perdieron sus trabajos.

Cerca de 40.000 comercios cerraron sus puertas durante la cuarentena, según datos estadísticos de la Cámara Argentina de Comercio y la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires.

En fin, dificultad para pagar salarios, aumento del desempleo y del delito, despidos sin indemnización, sumados a inflación, recesión y default constituyen los componentes de un peligroso coctel que agudiza cada día esta crisis inédita en Argentina.

¿Cuál es su contenido?

El problema reside en el desacople entre lo que se proclama y lo que se propone. En su discurso, el presidente proclamó la necesidad de una justicia imparcial, creíble, independiente, transparente, con celeridad y eficiencia. En eso estamos todos de acuerdo y desde hace mucho tiempo. Pero seguidamente propone, crear más juzgados federales penales, unificar cámaras de apelaciones, transferir competencias jurisdiccionales y constituir un comité de expertos (11 integrantes) en su mayoría juristas amigos y amigas del gobierno de turno.

Hagamos el siguiente ejercicio de extrema obviedad: si uno tiene un problema y lo divide en dos, pasa a tener dos problemas. Si los doce juzgados federales de Comodoro Py son un problema, y ahora se propone duplicarlos en cantidad, en lugar de subsanar la cuestión de fondo (independencia, credibilidad, transparencia, etc.) se está profundizando su histórica dificultad.

El presidente Fernández dice y se contradice permanentemente, y eso afecta, entre otras cosas, la credibilidad social e institucional. Ayer criticó el pacto con Irán, hoy está de acuerdo. Ayer criticó duramente al gobierno de Cristina Fernández, hoy es su vicepresidenta. Ayer dijo que cinco integrantes es un número ideal para Corte Suprema de Justicia, hoy propone aumentar su número. El siempre creyó en la democracia participativa pero hoy solo convoca a once personas para hacer una reforma judicial.

¿Entonces por qué deberíamos creer en todos los valores que proclama sobre la justicia?

¿Cuál es la intencionalidad?

Nada más oportuno que traer a colación la frase de un viejo político e historiador romano como fue Cornelio Tácito quién dijo: “Rara felicidad la de los tiempos en que es lícito sentir lo que se quiere y decir lo que se siente”.

Recordemos que ese fue el lema del primer periódico del país utilizado por Mariano Moreno en la revolución de mayo de 1810; fue también el lema de los reformistas universitarios de 1918 y, desde su creación, sigue siendo el lema del Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales de la UNL.

Como ciudadano de esta república quiero pensar lo que quiero y decir lo que pienso.

Los argentinos tenemos una larga y triste historia con la Impunidad. La misma sirvió para tapar la violencia política de los años ‘70; para ocultar las violaciones a los derechos humanos de las fatales dictaduras; para disimular a los responsables del desmantelamiento del Estado Argentino en los años ‘90.

Evitemos utilizarla para licuar las causas abiertas y encubrir a los responsables de la corrupción que se apropió de millones de dólares que aún no aparecen y que pertenecen al pueblo argentino.

Sabemos que la impunidad no solo afecta a un gobierno en particular sino al conjunto de la ciudadanía de un país que, como en nuestro caso, decidió hace treinta y siete años, vivir bajo el imperio de la Constitución Nacional y sus dos principios fundamentales: la igualdad y la libertad.

Por esa razón, si se pretende reformar uno de los pilares fundamentales de toda república como es el Poder Judicial, será necesario un gran acuerdo democrático, público, abierto, oportuno, plural y esencialmente, lícito para poder decir lo que pensamos y decimos.

Se ha dicho con acierto que nunca los momentos son oportunos para las reformas, pero convengamos que este es uno muy malo para la Argentina, que se encuentra inmersa en una tempestad económica y social como nunca se vio en toda su historia, lo que amerita un problema a resolver en lo inmediato.

El problema reside en el desacople entre lo que se proclama y lo que se propone. En su discurso, el presidente proclamó la necesidad de una justicia imparcial, creíble, independiente, transparente, con celeridad y eficiencia. En eso estamos todos de acuerdo y desde hace mucho tiempo.

(*) Decano FCJS-UNL