Los fiscales del sur

La reforma del Código Procesal Penal, su modernización a la oralidad y la separación por fin de las tareas de investigar y juzgar, en fiscales y jueces, creó una esperanza.

Se creyó que una nueva estructura, la de los fiscales independientes de los juzgados, podrían hacer lo que los policías no habían podido o querido, o ambas. Que al menos habría una progresiva mejoría.

En 2009 se votaba la ley con que nació el Ministerio Público de la Acusación y la Policía parecía perder poder por vía de la reforma.

Vista como parte del problema, se pensó que esa fuerza uniformada iba a tener a un cuerpo de jóvenes abogados valientes, bien formados y bien remunerados “sobre sus espaldas”, como se dice en las malas traducciones del género negro y las viejas series norteamericanas de TV.

En pocos años, casi una década, cuesta mantener aquella ilusión. La creciente decepción llega desde el caso de los fiscales del sur al debate provincial. Esta semana quedó claro que a la cabeza de la fiscalía regional más importante de la bota estaba alguien que prefirió renunciar para no ser suspendido por la Legislatura. Y que ?como quien sí lo fue en la sesión conjunta del viernes 7- sigue bajo proceso judicial.

Más allá de los reproches sobre nombres (y antecedentes) con que los dirigentes políticos completaron el organigrama del MPA, es demasiado temprano para tanto olor rancio. Afortunadamente se lo ventila, pero -en el caso en cuestión- no fueron los mecanismos de control diseñados los que permitieron corregir lo que pasaba, si es que se comprueban las acusaciones en Tribunales: que quienes deberían investigar y perseguir a narcos y delincuentes los ayudaban.

Corporaciones

Mucho de lo que pasó en la Legislatura esta semana partió de la Comisión de Acuerdos: se apuró la suspensión provisoria de Gustavo Ponce Asahad y se calmaron las aguas sobre su inmediato superior: Patricio Serjal, que con su renuncia evitó un proceso similar.

Todo se aprobó por unanimidad pero hubo momentos de tensión. Es que unos recuerdan que otros enviaron, promovieron, votaron o dejaron que se aprobaran aquellos pliegos. Y en ese tren, con el diario del lunes, se puede desatar una escalada de escupidas para arriba.

El 19 de marzo de 2015, una “Sesión veraniega”, según El Litoral, se aprobó el pliego de Ponce Asahad. Hubo apenas 42 presentes sobre 69 escaños y las entrevistas a los postulantes fueron tomadas con 5 legisladores de los 12 que formaban aquella Comisión Acuerdos. A los cronistas les pareció que un dictamen agregó firmas en el cuarto intermedio con que había comenzado la Asamblea.

No hace falta imaginar nada, la versión taquigráfica dice que el pliego fue enviado por Antonio Bonfatti y solo votaron en contra los legisladores radicales.

A favor hubo únicamente 15 votos, todos justicialistas (por entonces mayoría en Diputados) y las abstenciones fueron de socialistas y otros del PJ que no se sumaron al rechazo.

Hubo un fuerte discurso de la ex vicegoberandora, Griselda Tessio, entonces diputada, contra la decisión de la Casa Gris de promover a “aspirantes que llegan con un dictamen absolutamente negativo de los jurados de concurso”. Antes, mostró a sus pares que el postulado había mentido “bajo juramento” en el marco de una causa judicial.

En cuanto a Serjal las responsabilidades del Frente Progresista son sino completas, mayores. Desde el pliego hasta su aprobación en la Asamblea, donde tenía números cómodos. Pero nadie votó en su contra. Sólo hubo 8 abstenciones idénticas a las de otros pliegos: 2 de la izquierda, 2 socialistas díscolos y 4 del PJ.

El viernes de la sesión conjunta entró una nota de otra corporación, la de los fiscales, que considera inconstitucional estos procesos. Habrá una respuesta y pujas para que más fiscales del sur (Blanco y Spelta) sean “encauzados”.