El Fiscal Federal N° 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, desestimó el recurso de amparo y denuncia penal presentado por dos referentes locales de una fuerza política nacional, contra la prohibición de las reuniones familiares y afectivas en el contexto de la pandemia por Covid 19.
El funcionario judicial tomó conocimiento del planteo promovido por Sebastián Julierac Pinasco y Mauricio S. Amer, el pasado 11 de agosto, y dirigido contra el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en cabeza del presidente Alberto Fernández, para que se declare la inconstitucionalidad y se deje sin efecto las medidas dispuestas en el marco del decreto N° 641/2020 referido a las actividades prohibidas durante el Aislamiento Social y Preventivo (Aspo), entre los que se destacan las reuniones familiares (artículo 9° inciso 2°).
Así, se refirió al mensaje difundido por la Coalición Cívica (CC) como fuerza opositora, a través de distintos medios masivos de comunicación del país, instando a sus representantes del interior a hacer las presentaciones en cada jurisdicción de cada provincia, especialmente en aquellas donde existe baja o nula circulación viral. A modo de ejemplo, citó que el 7 de agosto se entabló una presentación del estilo en la provincia de Córdoba.
Tenés que leerExtienden la prohibición de las reuniones familiares hasta el 30 de agostoEn torno a ello consideró una “deliberada planificación” para “generar pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios” sobre el mismo tema, ocasionando “un desgaste en la estructura del sistema” judicial.
Además, destacó que la norma cuestionada “no se encuentra acompañada de una argumentación lógica que pondere el resto de bienes jurídicos puestos en juego, y que permitan priorizar su reclamo por sobre otros, como el derecho colectivo a la salud pública y el derecho subjetivo a la vida”. Por todo ello, Rodríguez solicitó este miércoles al juez Federal N° 2 -subrogante- Marcelo Bailaque, que “desestime formalmente la iniciativa”.
Por su parte, los dirigentes santafesinos dijeron la semana pasada que el decreto en cuestión “viola los derechos constitucionales y es una muestra más del abuso de poder que ha manifestado el Presiente”. “El Poder Ejecutivo está saltando los pasos que sostiene nuestra Constitución. Es decir, debe enviar al Congreso de la Nación un decreto que puede ser aprobado o no; pero esto no lo está haciendo y gobierna solo por DNU”, agregaron los miembros del espacio liderado por la diputada nacional, Lucila Lehmann.
La presentación marcaba además la irracionalidad que implica la habilitación de encuentros culturales y religiosos hasta 10 personas, pero no el encuentro familiar.