Nunca como hoy, en sus más de seis años de funcionamiento, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se encuentra en el ojo de la tormenta. La detención del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, y del fiscal de esa ciudad, Gustavo Ponce Asahad, por sus presuntas prácticas extorsivas a un capitalista del juego clandestino (de quien recibían dineros para permitirle llevar adelante su actividad), desató múltiples hechos sobre el organismo encargado de la investigación penal estatal de los delitos. Una investigación que avanza contra otros dos fiscales en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura; denuncias pendientes de apertura y la tarea interna de la Auditora de la Gestión, María Cecilia Vranicich, completan el panorama de análisis de conductas.
En el ojo de la tormenta
Varios hechos se conjugan para llevar intranquilidad a la tarea de los fiscales de la provincia. Las detenciones de Serjal y de Ponce Asahad desataron demonios.
Manuel FabatíaTal vez sea como señala en su informe de gestión Vranicich: "Los procesos de implementación de sistemas y organismos nuevos son complejos, llevan tiempos naturales de conformación y posterior consolidación, de delimitación de sus incumbencias legales y de internalización institucional de su funcionamiento"
A los fiscales les molestó y sorprendió la reforma a la ley de enjuiciamientos que sancionó la Legislatura en el marco de una fuerte acuerdo político a fines de 2017. Hubo alguna corrección a la norma a fines de 2018 que instauró el sistema tripartito que rige hoy donde hay distintos ámbitos de juzgamiento ya se trate de Faltas Leves, Faltas Graves en el desempeño técnico jurídico o Faltas Gravísimas por mal desempeño funcional o institucional.
En la anterior etapa institucional de Santa Fe, la Comisión de Acuerdos no pudo o no supo asumir el rol que le adjudicó la ley y terminó dejando en un rincón los expedientes que le llegaron en gran cantidad desde el MPA cuando perdió el control interno de las conductas. Distinta parece ser la tarea que se dio lo actual comisión bicameral aunque en una anterior investigación sobre Serjal quedó entrampada y no pudo avanzar sobre una posible sanción al fiscal regional. Después estalló el escándalo del juego clandestino fruto de una investigación interna de los propios fiscales rosarinos con el aval del fiscal general, Jorge Baclini.
Algunos cuestionamientos del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, a fiscales son mirados con recelos por los que deben llevar adelante la tarea investigativa. Sain formó parte del MPA dirigiendo el Organismo de Investigaciones hasta su llegada al gabinete de Omar Perotti.
La Asociación de Fiscales de Rosario -que nuclea también a muchos de la circunscripción con cabecera en Venado Tuerto- fue a la reunión de Acuerdos esta semana para plantear una férrea defensa del accionar de Adrián Spelta quien ya había ejercido su descargo ante la misma comisión la semana anterior. Pero el reclamo subyacente a los legisladores es no mezclar conductas inapropiadas con decisiones judiciales que siempre tienen que ser revisadas por los jueces. Es la zona gris que preocupa y puede alterar el funcionamiento del sistema.
Los fiscales tienen dos asociaciones - Santa Fe y Rosario- donde conversan y analizan estas situaciones. Discuten cómo pararse e incluso les gustaría un rol más activo de sus autoridades. Cuestionan carencias materiales y humanas que tienen para realizar la tarea. También discuten los términos de una nota a presentarle al secretario de Justicia.
Admiten que la justicia está en el centro de la polémica a nivel nacional y que en muchas ocasiones la ciudadanía no distingue fueros y competencias. "No somos Comodoro Py" dicen con sorna y admiten roces con algunos fiscales federales que tuvieron actitudes hasta despectivas hacia ellos.
Al ser un órgano con autonomía, la Corte Suprema de Justicia mira de costado la problemática.
El tembladeral no deja exentos a las autoridades del propio MPA mientras la política empieza a mirar la renovación de autoridades que será en el 2022 donde la actual administración buscará definir el perfil del órgano para los próximos años.
Demasiados ingredientes sueltos para un cuerpo que debe estar abocado a la persecución penal en el medio de una inseguridad creciente con delitos que baten récord año tras año.
