Prórroga de mandatos en cajas y colegios profesionales

La Secretaría de Justicia de la provincia dictó la Resolución 0011 mediante la cual suspende todos los actos asamblearios o similares que deban producir los colegios, cajas de profesionales y corporaciones análogas. "La decisión es para tranquilidad y luz a las organizaciones" señaló a El Litoral el responsable del área, Gabriel Somaglia.

Diversas cajas previsionales y los colegios profesionales vieron de esta manera prorrogado el mandato de sus actuales autoridades ante la imposibilidad de realizar asambleas para considerar memoria y balance así como de realizar actos eleccionarios en virtud de las medidas de distanciamiento social vigentes.

Somaglia aclaró que la decisión está fundada en razones sanitarias vigentes desde marzo en la nación y en la provincia. Acotó que la prórroga está avalada en las disposiciones de leyes 11.089 y 13.920 y el decreto 214/29, expresando entre sus considerandos que "en el régimen institucional de todas las profesiones que se ejercen en el territorio santafesino, en especial de las que se rigen por el Derecho Público, y sus respectivas cajas previsionales, corresponde establecer el mantenimiento de una acción homogénea por parte de todos los integrantes de la comunidad por cuanto ellas, como entes públicos no estatales o sujetos particulares en ejercicio de funciones públicas, tienen un quehacer propio de naturaleza pública sobre el cual control estatal".

El secretario de Justicia explicó que los integrantes de órgano directivos no cesarán en sus funciones por conclusión del plazo del mandato, sino permanecen en su cargo hasta ser reemplazados por interpretación analógica de los arts. 257 de la ley general de sociedades y artículo 186 del Código Civil y Comercial.

Los diversos colegios profesionales cumplen una función de naturaleza jurídica y le corresponde al Estado fiscalizar los actos. Para el funcionario provincial, la resolución no genera obstáculo alguno a las actividades de los colegios y les permite garantizar su continuidad.

Fundaciones, clubes...

También la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) dictó esta semana la resolución 7 que dispone "suspender todos los cronogramas electorales y los términos legales y estatutarios que existan para la realización de asambleas en asociaciones civiles y consejos directivos de fundaciones hasta tanto cesen los impedimentos jurídicos derivados de las restricciones sanitarias".

En el artículo siguiente se advierte que si cesara la vigencia de las medidas de distanciamiento o se modificaran las condiciones sanitarias "los órganos de administración de las asociaciones civiles y fundaciones deberán adoptar las decisiones que correspondan para dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias".

Aclara la IGPJ que la suspensión de asambleas, actos eleccionarios o sesiones del consejo de administración no resulta generadora de acefalía, porque el carácter permanente de la función de administración hace que los integrantes del órgano de administración no cesen cuando fenece el plazo por el que han sido nombrados. Esto es, aunque se haya producido el vencimiento del término por el cual han sido designados, permanecen en su cargo hasta ser reemplazados".

Capacitación por Ley Micaela

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal, representada por la Defensora Provincial, Jaquelina Ana Balangione, suscribió dos convenios de colaboración con el Gobierno de la Provincia. Uno con la Secretaría de Estado, de Igualdad y de Género, Celia Arena, y otro con la Secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. Por los convenios, el Servicio, a través de su Instituto de Capacitación de la Defensa Pública dictará el curso sobre "Defensa Pública con perspectiva de género", el cual se ajusta a los contenidos y exigencias de la autoridad de aplicación, y da cumplimiento a las obligaciones emergentes de la Ley Micaela. Quienes completen y aprueben el curso tendrán homologado el requisito exigido por el decreto provincial 570/20 para inscribirse y aspirar a cargos de defensoras y defensores en los concursos que lleve adelante el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe.