A casi diez meses de la muerte de veinte manifestantes, la Defensoría del Pueblo de Bolivia concluyó que "la represión policial contra las protestas en las localidades de Sacaba y Senkata, tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, terminó en una masacre y fue responsabilidad del gobierno de facto".
Informe de la Defensoría del Pueblo
Bolivia: acusan al actual gobierno de "cometer una masacre tras el golpe"
Gentileza 7:37
En un informe titulado "Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia", el organismo, reseñó que la represión mató a veinte manifestantes y dejó otros cientos de heridos entre el 15 y el 19 de noviembre, apenas semanas después de que Morales anunciara su renuncia y denunciara un golpe de Estado, en medio de un clima de violencia política y acuartelamiento policial y militar.
En Sacaba y Senkata "se constituyeron masacres, al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad", describió el informe. También destacó que se registraron dos muertes en condiciones similares el 30 de octubre y el 12 de noviembre en los departamentos de Santa Cruz y Potosí, respectivamente.
"Al tener las características ya descritas, también constituyen asesinatos bajo la modalidad de lesa humanidad", denunció la Defensoría del Pueblo, una de las pocas voces institucionales que en ese momento informaron sobre los citados crímenes y pidieron esclarecerlos. Por último, el informe recogió también tres muertes en conflictos en La Paz, la capital, tras la renuncia de Morales y en el marco de las protestas a favor del uso de la bandera wiphala, símbolo indígena ultrajado por los seguidores de la oposición al derrocado presidente.
Derecho a la verdad
Esas muertes "se constituyen en asesinatos de lesa humanidad", agregó el informe, sin dejar de señalar a los responsables "por la falta de verdad y justicia hasta el día de hoy". Al respecto, precisó que "la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción".
De acuerdo con el organismo defensor, "las autoridades de facto y las fuerzas de seguridad intentaron eludir o minimizar la responsabilidad sobre estos hechos", mediante "el amedrentamiento de testigos y víctimas, la alteración de la escena del crimen, la desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos".
A diez meses de esta escalada de violencia política y represión, esos crímenes permanecen impunes y la atención está puesta hoy en las elecciones generales del mes próximo que definirán si el Gobierno de facto de Jeanine Áñez o alguno de sus aliados en el golpe del año pasado continúan en el poder o si el Movimiento al Socialismo, la fuerza de Morales, logra volver a ganar la Presidencia.
#TEMAS:
El Litoral es miembro de:
En Asociación con:
