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Sábado 03.10.2020 - Última actualización - 4:55
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Habló el juez que impulsó el desalojo

Bailaque: "Se favoreció la intervención de todos los actores para llegar a una solución pacífica"

El Dr. Marcelo Bailaque explicó cómo se trabajó durante los siete meses que duró la usurpación. Continúa investigando si hubo un hecho delictivo al ofrecer esas tierras, y en ese caso quién fue, o se gestó por la propia necesidad de los vecinos.

Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal 4 de Rosario y Juez subrogante a cargo del Juzgado Federal 2 de Santa Fe.     Crédito: ArchivoMarcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal 4 de Rosario y Juez subrogante a cargo del Juzgado Federal 2 de Santa Fe.
Crédito: Archivo

Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal 4 de Rosario y Juez subrogante a cargo del Juzgado Federal 2 de Santa Fe. Crédito: Archivo



Habló el juez que impulsó el desalojo Bailaque: "Se favoreció la intervención de todos los actores para llegar a una solución pacífica" El Dr. Marcelo Bailaque explicó cómo se trabajó durante los siete meses que duró la usurpación. Continúa investigando si hubo un hecho delictivo al ofrecer esas tierras, y en ese caso quién fue, o se gestó por la propia necesidad de los vecinos.

El juez federal Marcelo Bailaque fue quien este jueves emitió la orden de desalojo del predio que había sido usurpado en febrero en el norte de la ciudad. En diálogo con El Litoral explicó por qué tomó esa decisión y cómo se logró llevar adelante la medida de un modo pacífico.

 

El magistrado- que es titular del Juzgado Federal 4 de Rosario y Juez subrogante a cargo del Juzgado Federal 2 de Santa Fe- precisó que cuando se hizo cargo del juzgado, empezó a articular con distintos actores para que se interviniera de una manera planificada que posibilite una salida sin violencia.

 

En busca de ese objetivo, mantuvo reuniones periódicas con distintos funcionarios: entre ellos -enumeró Bailaque- la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda de la provincia, Amado Zorzón; referentes de UPCN "porque la primera información que tuve fue que uno de los lotes se los habrían prometido desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Aabe" -aclaró-, y con integrantes del Municipio.

 

"A partir de allí empezamos a generar una estrategia para solucionar esto, y el miércoles pasado hicimos una reunión por Zoom, donde también se sumó gente de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Luego de eso dispuse lo que resolvimos de manera coordinada: que el procedimiento fuera llevado a cabo el jueves", relató el magistrado.

 

Esta decisión derivó en la correspondiente notificación al Ministerio de Seguridad de la Nación para que arbitre los medios necesarios para contar en el procedimiento con personal especializado de las fuerzas de Gendarmería. Y también asistió cada una de las partes representadas. "Era importante que estén todos los actores porque así se puede dar una solución a las familias que estaban ocupando el lugar y que están en una situación desfavorecida totalmente", agregó.

 

-¿No se había acordado de antemano una solución para las familias?, preguntó El Litoral.

 

-Si bien los organismos del Estado tenían planificado algunas opciones, no había un destino específico previo; era una situación que se iba a monitoreando, pero era variable en cuanto a la cantidad de personas que estaban ahí, a veces eran un poco más, otras menos. Pero lo importante era darle un abordaje integral y que nadie tuviera una afectación, que pudieran tener una solución de manera razonable.

 

-¿Cree que la presencia de todos los actores en el momento del desalojo ayudó a evitar situaciones de violencia?

 

-Para evitar situaciones de violencia se dio intervención a distintos actores y no solamente a la fuerza de seguridad, porque ellas no tienen la posibilidad de dar respuestas a las necesidades concretas que tienen las personas. Pueden hacer un desalojo no violento, pero no tienen la posibilidad de ofrecerles algo, otro lugar, por ejemplo; eso corresponde a otras áreas del Estado.

 

-¿Por qué este tipo de intervenciones demora tanto tiempo en resolverse, siete meses en este caso?

 

-La pandemia afectó un montón de cosas, fue una complicación en cuanto a reuniones y posibilidades. Y, además, si bien es cierto que yo soy juez subrogante y uno se tiene que acomodar a las dinámicas de algunas cuestiones, también depende de cada caso particular: hay algunos desalojos que son más sencillos y otros que son más complejos. No son idénticas todas las situaciones porque hay una cuestión social detrás de cada uno que merece un tratamiento diferente.

 

-¿Se pudo saber en este caso cómo se originó la toma de tierras, quién la lideró o por qué en dos días aparecieron allí 200 personas? ¿Hubo alguna otra intencionalidad?

 

-Hay dos cuestiones: una es la cuestión penal de quien puede llegar a haber causado ese tipo de maniobras y después están las consecuencias en sí que es esta gente o todas las personas que están instaladas en lugar de manera irregular. Hay, de parte de las autoridades del Estado, la preocupación y la responsabilidad de darle una respuesta ante lo que se presenta. Y, por supuesto, paralelamente hay que investigar y tratar de verificar si existió realmente un hecho delictivo de ofrecimiento de ese tipo de cosas, y no surgió de esta gente que fue impulsada por la necesidad de manera espontánea. De corroborarse eso habría que descubrir quiénes son las personas que estuvieron detrás de esto.

 

-¿Pero eso se sigue investigando?

 

-Sí, se sigue investigando después del desalojo; que se descubra o no ya es otro tema. Lo cierto es que en este caso hubo una actividad positiva del juzgado de favorecer la intervención de distintos actores para tratar de llegar a una solución componedora y darle una salida a estas personas que estaban en una situación muy complicada.

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