¿Por qué un control legislativo a fiscales?

En 2017 por unanimidad y sobre tablas, sin debate previo ni paso alguno por comisiones, la Legislatura aprobó en el último día de las sesiones ordinarias, en ambas Cámaras una ley. Desde entonces existe el control directo sobre fiscales y defensores. En 2018, mediante la Ley 13.807 se quedó sólo con las faltas graves en los órganos de Acusación y Defensa. Una explicación, a escena.

Primer acto (antes de la ley 13.807): Es 2014 y rige el nuevo sistema procesal penal. Un ladrón roba a mano armada en un negocio de fotografía de Facundo Zuviría, y es detenido a cuatro cuadras “in fraganti” por la policía con cámaras y una pistola recortada. La fiscal de turno Milagros Parodi le concede la libertad 9 horas después. De inmediato, el ladrón vuelve a la escena del robo y exige al dueño del comercio una suerte de indemnización porque había estado preso por su culpa. El anonadado comerciante le da $ 500 (el dólar oficial estaba a $ 7 y el blue a 14) y logra así que se vaya. Su pesadilla terminará unos meses después cuando, otra vez, el ladrón indemnizado es apresado, en otro robo, en la ciudad de Rafaela.

El caso es comentado en la Legislatura y dos senadores piden públicamente que se le forme un tribunal de disciplina contra la fiscal. Como todavía no estaba en funciones ni había una auditoría en el Ministerio Público de la Acusación, actúa de oficio otro fiscal que, finalmente, entiende que nada hay que reprocharle a su par.

Segundo acto (con la ley 13.807 vigente): Es octubre de 2019 y un joven narcotraficante, otrora condenado por disparar contra la casa del gobernador Bonfatti, es asesinado en Rosario mientras esperaba que termine un juicio en su contra, por tentativa de homicidio en triple grado. El crimen de Emanuel Sandoval expone públicamente que, aunque podían darle 22 años de cárcel, había sido beneficiado con una prisión domiciliaria, y que la cumplía en una lujosa casa alquilada en el barrio La Florida.

La Auditoría del MPA toma el caso, y lo eleva a la Legislatura y a la Justicia, porque no encuentra razones para que tanto el fiscal actuante, el jefe de Homicidios del MPA de Rosario, Adrián Spelta, como el juez Hernán Postma hayan otorgado el beneficio de mandar a “Ema Pimpi” a su casa.

El procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, pide el juicio político para el juez, que finalmente no se hará porque el Tribunal de Enjuiciamiento (por 6 a 4) exime al Dr. Postma. “Esta vez pudo más el apego a la Constitución que la demagogia”, festeja su defensor.

Tercer acto (con la ley 13.807 vigente): Para mayo de 2020 la presentación de la auditora del MPA avanza en la Legislatura. Y tras un proceso breve en el que la Comisión de Acuerdos ha escuchado defenderse al fiscal Adrián Spelta y el miembro acusador cumplido su rol, emite un dictamen.

Los ocho diputados que la componen y los cuatro senadores coinciden en que debe sancionarse con una suspensión por 90 días sin goce de sueldo a Spelta. Unos minutos antes de la entrevista con los legisladores, el jefe de Homicidios del MPA en Rosario dirá a una periodista de El Litoral que está arrepentido de haber concedido esa prisión domiciliaria por la repercusión pública del caso.

Cuarto acto (y final en ciernes): la justicia declara la inconstitucionalidad de la Ley 13.807. Se suspende el tratamiento que la Legislatura iba a dar al dictamen de Acuerdos en una Sesión Especial Conjunta que reúne a 50 diputados y 19 senadores, que en total responden a una decena de bloques de la oposición y el oficialismo.

Además de una amonestación al fiscal Spelta iba a existir un fuerte gesto político al conjunto de los fiscales sobre las excarcelaciones a los acusados de delitos graves.

(Los derechos de autor del ejemplo son de los senadores Lisandro Enrico y Joaquín Gramajo, en sus discursos del jueves 1ro. La teatralización, de quien escribe). El desenlace queda en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

Datos para el programa:

1) Sobre centenares de expedientes que tiene la auditoría interna del MPA han llegado a la Legislatura apenas media docena.

2) Uno de ellos es el del fiscal suspendido en tiempo récord Gustavo Ponce Asahad, que está preso por cobrar coimas del juego ilegal asociado al narcotráfico.

3) En el último año, además del escándalo anterior (por el que renunció Patricio Serjal, también en prisión, al cargo de fiscal regional de Rosario), hubo una seguidilla preocupante que incluye a un fiscal que usó al Estado para pinchar el celular de su pareja, y a otro que es investigado en la justicia federal y en la Legislatura por sus contactos estrechos con un narco del que se cree que es su cliente.