La Sociedad Interamericana de Prensa rechazó la creación de un observatorio de medios gubernamental en Argentina con el "oscuro propósito" de "proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias", al tiempo que mostró sorpresa de que un tema tan relevante para la sociedad y la democracia "no haya tenido el necesario debate público".
Sorpresa y preocupación ante la falta de debate público
La SIP rechaza creación de observatorio oficial de medios en Argentina
El "Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio)" fue creado por la Defensoría del Público, organismo gubernamental. En un panel conformado por funcionarios e individuos cercanos al gobierno nacional que serán los responsables de su funcionamiento, se explicó que el Nodio pretende crear espacios para "reflexionar" sobre "prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad" y para debatir "sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet".
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, dijo que "lamentamos que una vez más un gobierno argentino, como lo han intentado otros gobiernos en el país en varias épocas, busca juzgar la conducta y los criterios editoriales de los medios, decidiendo que es bueno o malo para la sociedad".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, expresó que "los observatorios creados para monitorear y discutir temas de libertad de expresión han terminado por ser el primer paso con el oscuro propósito de un gobierno para regular a los medios y entrometerse en los contenidos". Añadió que "sin dudas, pronto empezaremos a ver como el gobierno tratará de justificar nuevas regulaciones que coartarán la libertad de prensa y expresión".
Ambos agregaron que durante administraciones gubernamentales anteriores en Argentina, la imposición oficial códigos de ética obligatorios para los medios fue rechazado tras intensos debates públicos. Mostraron su sorpresa que esta vez el Nodio nació en forma intempestiva como si juzgar los contenidos de los medios y de las redes sociales fuera una potestad del Estado, en franca contradicción con los espacios de libertad de expresión que el mundo ha logrado con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Barnes, director de The Gleaner Company, Kingston, Jamaica y Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, dijeron que la SIP defiende y promueve la calidad de los contenidos y la ética profesional, pero entiende que "... la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios", como establece la Declaración de Chapultepec. Agregaron que es la Justicia la que debe intervenir cuando los usuarios se sienten afectados por los contenidos de los medios de comunicación o cuando dos derechos de igual valor entran en conflicto, como la libertad de expresión y el derecho a la honra.
Barnes y Rock dijeron que la SIP no se opone y alienta la crítica contra los medios, pero rechaza instrumentos estatales que, por experiencia en muchos países, han servido para hostigar a los medios e implementar formas de censura.
El artículo 6 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que "... la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados".
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
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