Más allá de la emergencia, reclaman fortalecer el transporte de pasajeros

Por unanimidad en ambas cámaras legislativas, se sancionó una ley que declara la emergencia del sistema de transporte público automotor de pasajeros tanto urbano, como suburbano e interurbano en la provincia, situación que mantendrá mientras tenga vigencia la ley nacional 27.541 que declaró la emergencia pública por la pandemia. La norma enviada al Ejecutivo para su promulgación tiene apenas tres artículos. En el segundo, se faculta al Poder Ejecutivo a convocar a los representantes de las cámaras, asociaciones o entidades que representan al sector y , "a adoptar las medidas extraordinarias y urgentes que resulten conducentes a superar la situación de emergencia declarada, entre ellas disponer el reordenamiento del servicio, otorgar asistencia económica y establecer beneficios impositivos". El tercero es la invitación para que municipios y comunas adhieran a la norma.

Tras la sanción, el autor del proyecto, el senador Rubén Pirola (PJ - Las Colonias) afirmó que "la nueva ley, favorece y potencia, el rol activo que la administración provincial debe tener al respecto". El Senado había votado el proyecto a fines de julio y en Diputados aceleró el debate en la última semana donde hubo dictámenes de las comisiones de Transporte, Presupuesto y de Asuntos Constitucionales.

En el recinto, tras la aprobación fue la socialista Clara García la que pidió un rol más activo del Estado provincial y exigió una unidad de las fuerzas políticas para el planteo de mayores fondos ante el gobierno nacional ya que habló de federalismo invertido. La socialista -alguna vez secretaria de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rosario- fundamentó la votación con números en la mano.

Desde marzo cuando se declaró la pandemia, el interurbano está suspendido en todo el país: en cuando al suburbano meses después se habilitaron algunos servicios de hasta 60 km de Rosario o de Santa Fe pero con mayores frecuencias mientras que la caída en los sistemas urbanos la situó en el 75% del corte de boletos. "Estamos atravesando una situación totalmente atípica por la pandemia que ataca muchas de las actividades que requieren movilidad" como todo el sistema educativo o bien actividades deportivas o espectáculos.

Graficó al sector que "se mueve por tres variables: los pasajeros, la tarifa del pasaje de los que se mueven y los subsidios que el Estado aporta". Caída o nulidad de viajes por la primera; imposibilidad de aumentar la tarifa a los niveles que fijan los costos y "por eso es necesario que tengamos unanimidad en la necesidad de exigir un rol muy activo del Estado -tanto nacional como provincial- para sostener un servicio que es un eje vertebral y que va a necesitar que repensemos las características de la prestación". Así García explicó que la ley "busca que el gobierno provincial sumen a los municipios que tienen ordenanzas, que el Estado convoque a los actores del transporte -cámaras empresarias, gremio, asociaciones de usuarios- buscando un sistema que será diferente pero con nuevas maneras para garantizar transporte público en circunstancias diferentes. El distanciamiento nos hace pensar en un sistema diferente para el corto plazo".

Federalismo invertido

Y a la hora de hablar de recursos, García cuestionó el federalismo invertido que tiene la Argentina. "Hemos tenido retrocesos en la forma en la cual el gobierno nacional distribuye los subsidios entre el Área Metroplitana Buenos Aires (AMBA) y el interior. Tenemos varias inequidades. Hasta hace un par de año la relación era 70/30 a favor del AMBA y bajó a 88/12 en 2018 y este año ha retomado al 86/14%. Cada 88 pesos para Buenos Aires , al interior llegan 12". Así planteó "hacer un reclamo que tenemos que hacer todas las fuerzas políticas. Los fondos nacionales que después se distribuyen surgen del Impuesto al Combustible o el tesoro donde contribuimos todos. Sin embargo no vuelven de la misma manera". Enseguida hizo notar que "tampoco fue pareja la suspensión de los subsidios al gas oil que ocurrió en inicios de 2019. Por qué no estamos peleando más. Hoy solo el AMBA tiene subsidio al gas oil y no el interior. Hay que sostener el transporte urbano, interurbano, debemos unirnos", exigió.

Ya en el terreno propio, recordó que el actual gobierno nacional dio de baja el criterio anterior y estableció que cuando las provincias aceptan aportes de fondos para transporte deben cumplir dos premisas: no aumentar el boleto y poner un 50% de fondos de los que aporta la Nación.

También destacó que la gestión anterior del Frente Progresista destinó en 2019, 1.300 millones de pesos para el transporte de pasajeros. Reconoció que la ley originada en el diputado Luis Rubeo que destina parte de la recaudación de Sellos al sistema se ha caído este año porque la pandemia limitó las operaciones que pagan el impuesto. Destacó que en llamada Ley de Necesidad Pública había partidas para el boleto estudiantil que no se pudo aplicar este año e hizo notar aportes no reintegrables del gobierno nacional por 4 mil millones de pesos a Santa Fe. "Debemos pensar formatos nuevos, modelos diferentes. Hay miles de trabajadores y miles de pasajeros que dependen del sistema. Esta ley puede ser un paraguas para que desde el Estado se fortalezca el apoyo al sistema", señaló.

Paridad

Las comisiones de Asuntos Constituciones y de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados recibirán hoy -en forma virtual- a la llamada Mesa de Mujeres por la Paridad Santa Fe para analizar el proyecto que sobre la materia votara el Senado. El tema tiene preferencia para la próxima sesión de Diputados y los legisladores escucharán las objeciones que hace la Mesa al texto ya aprobado.

Protección ambiental y cambio climático

La Cámara de Diputados votó y giró al Senado un proyecto iniciado por el demoprogresista Gabriel Real por el cual la provincia adhiere a la ley nacional 27.520 de Presupuestos mínimos de adaptación al cambio climático global. "Santa Fe debe tomar cartas en el asunto y no estar exento de esta discusión" afirmó el legislador sureño.

Tras detallar la serie de proyectos que el PDP viene planteando desde 2016 en la materia climática, explicó que el proyecto votado establece el marco normativo provincial para mitigar los efectos adversos del cambio climático.

Para Real, los objetivos de la norma son establecer las estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas; asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero; crear el plan provincial de adaptación y mitigación al cambio climático que defina las estrategias provinciales, y reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el cambio climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios.

"Debemos trabajar para mejorar y apostar a un futuro en donde podamos atenuar los efectos del cambio climático y, poder asegurarles a las generaciones venideras, un ambiente que garantice el desarrollo en armonía con la naturaleza y los ecosistemas", afirmó Real.