Repudio de cadenas productivas

Entidades que agrupan a cuatro cadenas productivas agrarias expresaron su "repudio a los episodios de usurpación ilegal de tierras" en distintas partes del país y afirmaron que "preocupa la pasividad del Estado ante estas graves violaciones de la ley".

Se trata de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo), la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) y la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), quienes firmaron un documento conjunto que fue difundido este viernes.

"La Argentina requiere sinergia entre los actores del sector privado y de un Estado que actúe como motor y garante ante las iniciativas privadas", reclamaron las entidades. En el texto, las asociaciones agroindustriales advirtieron que "la falta de respeto por los más elementales derechos constitucionales como es el de la propiedad privada va claramente en contra de los procesos de desarrollo e inversión, limitando las capacidades productivas, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social".

Tras las tomas de tierras en el Conurbano y en la Patagonia, así como también ante el conflicto de la familia Etchevehere en Entre Ríos, Acsoja, Argentrigo, Asagir y Maizar remarcaron que se trata de "un delito y la Justicia debe intervenir firmemente para hacer cumplir la ley".

En ese sentido, recordaron que "el artículo 17 de la Constitución Nacional expresa claramente que `la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada´".

El documento fue firmado por los presidentes de Acsoja, Luis Zubizarreta; Argentrigo, Miguel Cané; Asagir, Juan Martín Salas; y Maizar, Alberto Morelli.

Advertencia de la Bolsa de Comercio

"La Bolsa de Comercio de Santa Fe, ante de los acontecimientos derivados por la toma de tierras y del proyecto ingresado en la Cámara de Diputados de la Nación - que propone la modificación de la ley nacional N° 26.815 de Manejo de Fuego, prohibiendo por el término de 30 años, que se modifique el destino a aquellas áreas afectadas por incendios, hayan sido o no intencionales-, advierte que estas acciones e iniciativas significan una turbación al derecho de propiedad".

Sostiene la entidad que la propiedad es un "derecho fundamental consagrado en la Constitución de la Nación Argentina. La observación de los principios rectores de la Ley Suprema permiten la construcción y el desarrollo de una sociedad justa y equitativa".

"La BCSF, además, reitera su postura contraria a toda interferencia del Poder Ejecutivo Nacional en cuestiones judiciales, en razón de la afectación que implica al pleno funcionamiento de la división de poderes, propia de un sistema republicano de gobierno".

Concluye señalando que "es fundamental garantizar la seguridad jurídica en el país para asegurar el desarrollo productivo, generar inversiones y empleo genuino, y procurar el ingreso de divisas; único camino que, con esfuerzo, permitirá superar esta crisis social y económica que agobia a los argentinos".