Se endurece el conflicto portuario

Por ahora son cinco las embarcaciones graneleras que aguardan hace días para completar su carga de productos agrícolas en distintos puertos de Argentina. La demora se origina en una medida de fuerza de parte de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA).

Desde el gremio, ayer enviaron una carta al Ministerio de Trabajo de la Nación, argumentando que “las paritarias ya están vencidas, transitando conflictos en el marco de las negociaciones colectivas con los representantes de las cámaras patronales, en las que pretendemos, como marca la ley, discutir salarios y condiciones de salud y seguridad laboral”.

Por eso, adelantaron a los funcionarios sobre “la responsabilidad del conflicto que se avecina. La resolución se encuentra en el fin de la prepotencia patronal, junto con la firme determinación del Estado de intervenir frente a las empresas que sólo privilegian sus intereses por sobre los del resto de la sociedad”. El documento llevala firma de Pablo Palacio (URGARA) y Daniel Yofra (FTCIODyARA).

La otra mirada

Sin embargo, para los representantes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), la situación es bien distinta.

Según manifestaron, las negociaciones de paritarias con la Federación de Aceiteros, Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo (SOEA, Santa Fe) y Recibidores de Granos (URGARA) se encuentran estancadas ante las “pretensiones desmesuradas y de cumplimiento imposible” y ponen en riesgo la única fuente de ingreso de divisas del país.

Y agregaron datos que contextualizan la situación de fondo. En el escenario de pandemia, donde los flujos de ventas se vieron distorsionados, los precios fueron volátiles, las regulaciones restrictivas de circulación de camiones, trenes así como barcos a nivel internacional han generado enormes perjuicios para los agroexportadores, en un contexto de "primarización" que produjo rendimientos negativos desde 2018.

Además, la bajante histórica del río Paraná sumó un factor adicional imprevisto que ocasionó, durante varios meses, costos incrementales de la carga de buques, retrasos, varaduras y castigos de precios a los productos argentinos.

“Mas allá de todos estos problemas objetivos, la industria otorgó a comienzos de la pandemia un incremento salarial del 25% por ser revisado una vez que la inflación medida por el INDEC superara ese porcentaje”, explicaron.

Los sindicatos aceptaron ese criterio, pero cuando se abrieron las revisiones de mitad de año pusieron sobre la mesa nuevas demandas, "con datos de inflación no reales y pedidos de bonos especiales. La industria ya había garantizado los salarios del año pasado en los que ningún trabajador/ra perdiera poder adquisitivo".

Desde CIARA aseguran que hoy el salario total de ingreso mensual es cercano a los 100 mil pesos para los recién ingresados. "La agroindustria exportadora siempre garantizará que no haya pérdida de poder adquisitivo en relación con la inflación para ningún trabajador del complejo exportador” dijo Gustavo Idígoras, presidente de CIARA y CEC, pero “no es aceptable que presionen por ingresos desconectados de la realidad nacional”.

Riesgos para todos

Las conciliaciones obligatorias se están venciendo por lo que los sindicatos ya están haciendo “medidas de fuerza discrecionales”, que podrían terminar en acciones nacionales así como poner en riesgo a los trabajadores.

“Toda medida de fuerza contra los puertos es hoy una acción contra el país,” dijo Idígoras. CIARA ha propuesto a los tres sindicatos garantizar ajuste por inflación hasta agosto 2021 mes a mes, es decir “por inflación vencida, se ajusta el salario de la misma manera”; esto garantiza que ningún trabajador pierda poder adquisitivo.

Sin embargo, los gremios han pedido incrementos porcentuales muy por encima de la inflación y a ser pagaderos por única vez. “La situación económica del país y del sector no resiste un planteo económico ajeno de racionalidad,” añadió. Adicionalmente, CIARA propuso otorgar a todos los trabajadores un bono anual (para todos sin diferenciar los que hayan realizado tareas durante la pandemia) y una parte variable adicional para aquellos que prestaron tareas efectivas.