"La propiedad privada bajo fuego"

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) manifestó su "completo rechazo" al proyecto de ley aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación por el cual se busca reformar la ley nacional 26.815 de manejo del fuego.

La actual normativa establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional y se aplica a las acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales. Por su parte, los artículos 22 y 22 bis establecen que el responsable del daño ambiental que produzca un incendio tendrá la obligación de recomponer y adoptar las medidas de reparación que, en cada caso, resulten necesarias para la recuperación de las áreas incendiadas vedando las modificaciones en el uso y destino que dichas superficies.

"El actual proyecto de reforma girado en revisión a la Cámara alta, asume la ineficacia de la justicia para encontrar a los responsables de los incendios provocados y la incapacidad del Estado de tener un plan y equipamiento eficiente de prevención, manejo y control del fuego", argumentó la Cámara y agregó: "Otro punto alarmante es que los diputados no han distinguido entre incendios naturales, accidentales o provocados".

"Es llamativo que los autores del proyecto en lugar de hacer cargo al Estado de sus responsabilidades en esta cuestión, trasladen una especie de castigo a quien ya ha sufrido una tragedia como lo es un incendio involuntario en su propiedad, incluso llevando la sanción al nivel de restringir el dominio por el termino de 30 a 60 años. Esta inconsistencia pone en evidencia que la iniciativa en trámite denota un nuevo intento de avance sobre la propiedad privada, esta vez, bajo la cobertura de una supuesta protección ambiental".

CAIR terminó por solicitar con urgencia que las autoridades y los senadores" retomen la senda de la racionalidad y sensatez", y propuso la conformación de una mesa multisectorial integrada por expertos a los fines de readecuar el proyecto legislativo inicial que ha pasado a manos de los senadores.