Protocolo para volver a clases en 2021

En el medio de la polémica entre el ministerio de Educación y los gremios docentes sobre la necesidad de revincular a los alumnos con la escuela con los consiguientes reclamos de la dirigencia gremial sobre malas condiciones edilicias de muchos establecimientos, el diputado Oscar Martínez (Frente Renovador) ingresó un proyecto de ley para establecer el programa para un retorno a clases presenciales con seguridad sanitaria.

"Es un marco regulatorio que garantice la dotación de los insumos necesarios, la presencia del personal idóneo y el destino de los recursos adecuados para cumplir con el protocolo" le dijo el legislador a El Litoral. "Es necesario idear estrategias para que en febrero de 2021 el regreso a la presencialidad en condiciones de sanidad seguras sea un hecho. Proponemos tres ejes de acción fundamentales: aplicación de protocolos mínimos en cada uno de los establecimientos de la provincia; la creación de la figura de un auxiliar de la salud en las escuelas y, por supuesto, garantizar la provisión de los insumos básicos necesarios", agregó.

El diputado informó haber analizado y discutido el proyecto con dirigentes gremiales y estimó un costo de 2 mil millones de pesos extras al sistema entre el salario del auxiliar de la salud y dotar de elementos a cada escuela como ser termómetros, alcohol, tapabocas, lavandina, jabón, papel secante, etc.

La base del proyecto de ley es la resolución 364 del corriente año del Consejo Federal de Educación donde nación y provincias acordaron el protocolo marco para el retorno a clases presenciales y adecuaciones a cada nivel y modalidad.

"No se puede volver a las aulas sin cumplir con este mínimo de medidas que tienden a maximizar los cuidados de nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos, docentes y asistentes escolares" aclaró Martínez quien también incluyó en el proyecto un programa con financiamiento específico. "A raíz de la pandemia nuestros alumnos han pasado un año entero alejados de las aulas. El ciclo lectivo 2021 será decisivo para la reincorporación, la revinculación, la recuperación y todas las acciones necesarias orientadas a garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, la cual no es posible sin recomponer la continuidad del proceso pedagógico que se ha visto seriamente afectado en la mayoría de los casos".

El proyecto describe los requerimientos protocolares mínimos en cada establecimiento como reservar un aula o espacio cerrado para aislar casos sospechosos, distanciamiento mínimo de dos metros por persona en cada aula así como todas las medidas necesarias sanitarias con los alumnos ya sea para ingreso, permanencia y egreso.

Capítulo aparte es para la figura del auxiliar de la salud que tendrá cada establecimiento que deben ser médicos o enfermeros o bien estudiantes avanzados de ambas carreras, cargo que tendrá vigencia mientras se extienda la etapa de pandemia.

Martínez no dejó de señalar que "la no presencialidad ha profundizado las diferencias entre aquellos que, en un extremo, tuvieron acceso a una virtualidad plena, sincrónica y asincrónica, y aquellos que, en el otro extreme, directamente perdieron la escolaridad. Además, en todos los cases se ha resentido seriamente la continuidad y el proceso pedagógico de los alumnos, y su desarrollo personal y emocional".

Acuerdo con entidad cuyo director tiene denuncia de acoso laboral

La diputada socialista Erica Hynes ingresó un pedido de informes relacionado con la firma de un convenio entre el gobierno provincial, el ministerio de Educación de la Nación y la Universidad Nacional de Rosario para la realización de prácticas laborales de estudiantes de los últimos años de escuelas técnicas en el Laboratorio Experimental para Jóvenes (Xlab Rosario) del Laboratorio Max Planck de Rosario (MPLbioR).

En el último punto, la socialista pregunta "si el organismo provincial interviniente ha tomado conocimiento de la investigación abierta ante el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con motivo de reiteradas denuncias por acoso laboral contra el director de dicho instituto".

Hynes, ex ministra de Ciencia, hizo notar que una provincia como Santa Fe, que cuenta con más de 4600 personas trabajando en ciencia, tecnología e innovación, cuatro universidades nacionales y dos centros científicos tecnológicos del CONICET "haya firmado un acta de intención para la cooperación y asistencia educativa - tecnológica a las escuelas técnicas con una institución cuyo director y principal impulsor del acta, Claudio Fernández, tiene abierta una investigación por acoso laboral en el CONICET".

La socialista hizo notar que desde mediados de 2019, Fernández "se encuentra sometido a un proceso de investigación tanto por el instituto Max Planck con sede en Alemania, como del CONICET, donde empleados y becarios presentaron un total de quince denuncias y pidieron su separación del cargo". Acota que las denuncias fueron respaldados por los gremios.

Subraya que en junio de este año, Fernández fue uno de los ganadores del Premio de la fundación alemana Alexander von Humboldt otorgado a iniciativas innovadoras. No obstante al tomar conocimiento de las denuncias en su contra, la fundación decidió suspender el otorgamiento del premio hasta que se complete la investigación. " A pesar de conocer estos antecedentes el gobierno de Santa Fe, el Ministerio de Educación de la Nación y la Universidad Nacional de Rosario decidieron avanzar en la firma de un acta que permitirá llevar a adolescentes en el último año de educación secundaria a que realicen práctlcas laborales en una institución que está fuertemente cuestionada por el clima laboral y el acoso a sus empleados y empleadas", cuestionó.

Radicales con obispo

Los diputados radicales Maximiliano Pullaro y Fabián Bastía presentaron al arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, un proyecto sobre el observatorio del juego para prevenir adicciones. "El encuentro con monseñor Martín fue valioso. Se mostró muy receptivo, entiendo que la proliferación del juego y sus consecuencias como la ludopatía le preocupan. Me interesaba que conociera el proyecto que presenté hace un tiempo atrás junto al diputado Bastía", dijo el líder radical.

La iniciativa apunta a crear el observatorio de los juegos de azar y de apuestas cuyo objetivo será analizar el impacto social, económico y sanitario con el fin de generar políticas públicas para la promoción del juego responsable.

El Observatorio tendrá la función de supervisar el cumplimiento estricto de las normativas provinciales y nacionales, monitorear problemáticas vinculadas al juego, analizar el impacto económico del mismo en las localidades, especialmente en las que se asientan los casinos recomendar acciones preventivas y colaborar con los tres poderes del Estado en la lucha contra el juego clandestino.