La plataforma YouTube, propiedad de Google, suspendió por "al menos siete días" el canal del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, y suprimió uno de los videos que había publicado por vulnerar su política contra la incitación al odio.

"Dada la preocupación sobre el actual riesgo de violencia, hemos suprimido el nuevo contenido publicado en el canal de Donald J. Trump por violación de nuestras políticas", escribió la plataforma en un comunicado.

El canal del mandatario quedó "temporalmente inhabilitado para descargar nuevos contenidos por al menos siete días", añadió.

Asimismo, la propia Google informó que resolvió bloquear todos los avisos de carácter político hasta que asuma el presidente electo, Joe Biden, el 20 de este mes.

"Ante los acontecimientos de la semana pasada, ampliaremos nuestra aplicación de políticas de contenido de carácter sensible para detener temporalmente todos los anuncios políticos, además de cualquier anuncio que haga referencia al juicio político, la inauguración o las protestas en el Capitolio de Estados Unidos", dijo un vocero de la empresa, según la agencia de noticias Europa Press.

En una carta a sus anunciantes, Google explicó que el objetivo de la medida es reducir el riesgo de incitación a la violencia y promoción del odio con vistas a la asunción de Biden y luego de la inédita toma del Capitolio por simpatizantes de Trump, ocurrida el miércoles pasado.

La semana pasada, Facebook suspendió las cuentas de Trump tras la violenta invasión del Congreso estadounidense por una turba de seguidores del mandatario, que perturbó la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Twitter fue aun más lejos al suprimir la cuenta del mandatario republicano, quitándole su plataforma favorita. Otras redes sociales como Snapchat y Twitch también suspendieron la cuenta de Trump.

La ola de cierre de cuentas y suspensiones de los perfiles del mandatario saliente desató un fuerte debate sobre la libertad digital, el derecho a la información, la libertad de expresión y sobre la pertinencia de que sean las mega empresas, representantes de la elite tecnológica quienes zanjen el problema, al margen de toda referencia a una ley elaborada desde el Estado y sus representantes electos.

Con información de Telam